Viernes 4 de febrero de 2005

Botín, Corcóstegui y Amusátegui, en el banquillo de los imputados

¿Son delito las jubilaciones millonarias?

Por Michela Romani

La acusación particular, la única que hay en este proceso, está representada por Rafael Pérez Escolar y Francisco Franco Otegui. Dos personajes conocidos en el Grupo Santander. Son accionistas del banco y de su filial doméstica, Banesto, y en las juntas de accionistas de ambas entidades suelen protagonizar altercados con los directivos del banco, a quienes acusan de cuidar sólo sus intereses.

Pérez Escolar fue condenado por el "caso Banesto" y no está en la cárcel por razones de salud. El segundo es un abogado que, según el entorno del Santander, está relacionado con el grupo de interés vinculado a Pérez Escolar. Algo que Otegui niega. En una breve conversación con este diario, en una de las pausas del juicio, este acusador de Botín explicó que su lucha "no es contra el Santander, sino contra toda la corrupción que hay en este país".

Los tres imputados se han negado a contestar a las preguntas que durante sus respectivos interrogatorios les formularon los abogados de la acusación particular. Botín explicó claramente que no respondería porque considera que quienes le acusan tienen el objetivo de dañar al Santander "desde 1994, cuando compramos Banesto". El banquero dijo que la animosidad del grupo de Pérez Escolar tiene su origen en que el Santander y los nuevos gestores de Banesto, cuya presidenta es la hija de Botín, Ana Patricia, intentaron recuperar parte de la deuda que Pérez Escolar mantenía con el banco. El acusador de Botín fue gestor de Banesto en la época de Mario Conde.

En este escenario, los abogados de Escolar y Otegui obtuvieron por primera vez respuestas directas a sus interrogaciones en el día de hoy, viernes, cuando comenzaron a declarar los testigos. El primero fue el secretario del consejo de administración del BSCH, Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, quien actualmente ocupa el mismo cargo en el Grupo Santander. Su interrogatorio por parte de la acusación duró más de lo previsto. Hoy, el tribunal había convocado a siete testigos, pero sólo hubo tiempo para que la acusación interrogara al primero, quien el lunes deberá volver a la Audiencia para contestar al fiscal y a la defensa.

Todo hace pensar que el juicio será más largo de lo que se esperaba. Antes de que empezara la sesión de hoy, el abogado de Franco Otegui manifestó a este diario que "todos creen que esto acabará rápido... pero después, eventualmente, estará el Tribunal Supremo”.

¿Sed de poder? La tesis de la acusación es que Botín pagó a los otros dos imputados para que se fueran del neonato BSCH y le dejaran sólo al mando. Los letrados de Escolar y Otegui, José Manuel López Benítez y José López Sánchez, respectivamente, intentan demostrar que el actual presidente del Santander planteó desde el principio de la fusión que él se quedaría como único presidente del nuevo banco y que elegiría a su equipo sin ningún condicionamiento. En último término, quieren demostrar que Botín utilizó el dinero del BSCH para sus objetivos personales.

Las fechas en que se firmaron o modificaron los contractos de los dos directivos del BSCH, la presunta falta de entrega de información al Banco de España y la elevada cantidad de los pagos recibidos son, según la acusación, las pruebas de su teoría.

Todos sabían. Uno de los puntos en los que hace hincapié la defensa es que todas las decisiones que llevaron al BSCH a desembolsar los millones de las jubilaciones de Amusátegui y Corcóstegui se tomaron con la aprobación unánime del consejo de administración. Seguidamente, fueron ratificadas con amplias mayorías en varias juntas de accionistas, la última vez en junio de 2004.

La defensa, además, pretende demostrar que las cantidades percibidas por los antiguos ejecutivos del BSCH son acordes con las del mercado. Por esta razón, ha pedido la admisión de informes periciales sobre los pagos en grandes empresas internacionales.

Los abogados defensores, en particular el de Corcóstegui, Javier Sánchez Junco, y el fiscal, Fernando Burgos, han insistido, además, en dejar clara la diferencia entre consejeros y consejeros ejecutivos. Han preguntado a los imputados sobre los procedimientos habituales de retribución de los miembros de los consejos según las funciones que desarrollen. Desde el entorno de la defensa de Corcóstegui manifestaron a Americaeconomica.com que ellos entienden que la decisión de la jueza Palacios de abrir el proceso tiene relación con la falta de reconocimiento de un trato diferente de los consejeros ejecutivos.

La reconstrucción de los hechos.
Hasta la fecha de hoy, con las declaraciones de los tres imputados y del primer testigo, se ha llegado a la siguiente reconstrucción de los hechos relacionados con este juicio. Las conversaciones para la fusión entre el Santander y el Banco Central Hispano (BCH) empezaron a mediados de diciembre de 1998. Botín encargó a Matías Rodríguez Inciarte, entonces vicepresidente del Santander, que contactara con Corcóstegui para proponerle la fusión, según indicó Botín. Una versión que ratificó el ex consejero delegado del BCH quien explicó que él le propuso la idea a Amusátegui.

Desde ese momento, se creó el grupo de trabajo conformado por los cuatro principales responsables de ambos bancos: Botín e Inciarte por un lado y Amusátegui y Corcóstegui por el otro. Se decidió que el consejo de administración del nuevo banco tuviese 27 miembros, "en vez de los 30 y pico que habría dado la suma de los consejos de las dos entidades", según explicó Botín contestando a una pregunta del fiscal.

Los consejeros del Santander y del BCH que tuvieron que renunciar a sus puestos no recibieron indemnizaciones, ya que no eran ejecutivos. Los tres ejecutivos del Central Hispano que mantuvieron su cargo en la nueva entidad renegociaron sus condiciones, Amusátegui, Corcóstegui y Santiago Foncillas. A Corcóstegui, que iba a ser el consejero delegado del BSCH, se le ofreció un sueldo de 1,8 millones de euros anuales, más una jubilación del 100% de su sueldo y del 70% de las prestaciones económicas que recibía como consejero.

El nuevo contrato de Corcóstegui se aprobó durante el primer consejo del BSCH, celebrado el 17 de abril de 1999. El interesado y los dos copresidentes lo firmaron dos días después. Los tres imputados en sus sucesivas declaraciones coincidieron en afirmar que los consejeros aprobaron este contrato por unanimidad y que para su redacción se contó con la asesoría jurídica del secretario del máximo órgano directivo, Ignacio Benjumea, quien hoy ratificó este extremo en su comparecencia.

El contrato de Amusátegui firmado el 15 de enero de 1999 nada decía de su sueldo, pero recogía el bonus que se le entregaría en el momento de su cese. El consejo del mes de abril de este mismo año decidió mantenerle el sueldo que tenía en el BCH.

Muchas de las preguntas de la acusación, puntualmente retomadas por el fiscal o por algunos de los abogados de la defensa, giraron alrededor de por qué la cifra del bonus de jubilación que cobraría Amusátegui está escrita a mano. Los imputados adujeron como razón la "privacidad", en el sentido que la cifra se suele escribir en el último momento para que no trascienda antes de lo debido.

Fuentes financieras solventes comentaron a este diario que esta es una costumbre normal. "Cuando Santander compró Banesto, el monto de la compra se puso a mano y en el último momento", explicaron.

Botín aseguró que a principios de agosto de 2001, Amusátegui le dijo que la fusión estaba avanzando más rápidamente de lo previsto y que cuanto "antes se avanzaría hacia la presidencia única, mejor sería para los accionistas. Yo la consideré una decisión perfectamente lógica y racional", dijo el actual presidente del Santander. La cifra de la adenda del contrato de Amusátegui firmada en agosto también estuvo escrita a mano, aunque tanto el beneficiario como Botín aseguraron que la cantidad era exactamente la misma prevista en el documento firmado en enero. "El bonus de 43 millones se aprobó en abril, el consejo de agosto simplemente lo ejecutó", dijo el presidente del Santander.

En el consejo de administración de agosto de 2001, donde se oficializó la salida del co-presidente del banco, no se nombró a nadie para cubrir la vacante. Fue una decisión que tomó el consejero delegado, ya que las disposiciones transitorias de los estatutos le otorgaban el derecho de nombrar a un sustituto en caso de que Amusátegui se fuera. Benjumea dijo hoy que fue él quien preguntó a Botín y a Corcóstegui si se iba a cubrir la vacante y añadió que tuvo la sensación que "ellos ni siquiera lo habían pensado", ya que estaba claro que el nuevo banco necesitaba "adelgazar el consejo", según los principios del buen gobierno.

En febrero de 2002 se produjo la salida de Corcóstegui del BSCH. Botín aseguró que la dimisión del consejero delegado fue una sorpresa enorme para él. "Me dijo que estaba muy cansado y no se encontraba con las fuerzas necesarias para seguir siendo nuestro consejero delegado. Intenté que cambiara de idea pero no lo logré", relató el banquero al fiscal.

El ex consejero delegado del BSCH confirmó estas palabras. Dijo que las razones de su renuncia fueron estrictamente personales y que Botín le pidió "una, dos y más veces" que cambiara de idea. Incluso, según afirmó Corcóstegui, le propuso que se tomara unos días de vacaciones antes de tomar una decisión tan drástica. Pero el consejero delegado no cambió su decisión.

Ante el tribunal, Corcóstegui explicó que su salida provocó que la Comisión de Retribuciones del banco redujera en un 42% la jubilación que él cobraría, de 175 millones a 108,1 millones. El ex consejero del BSCH dijo que aceptó rescatar su jubilación, o sea cobrarla toda de una vez, pese a que esto comportara que tuviese que pagar el 50% al Fisco, porque así le convenía al banco. Luego recordó que el consejo de administración también le impuso una incompatibilidad de 10 años en cualquier cargo relacionado con la banca.

ESP BYS