| |
|
Viernes
11 de febrero de 2005
La
confianza del mercado en el Santander, intacta
El
juicio de las jubilaciones se acerca al final
Por
Michela Romani
Si todo va según
lo previsto, el juicio de las jubilaciones millonarias podría
concluir ya la próxima semana, a la espera de la sentencia.
El Grupo Santander no parece estar sufriendo en bolsa por este proceso.
Desde que empezó, el pasado 26 de enero, las acciones del
banco se han revalorizado un 8,72%, frente a una subida del Ibex
del 6,14%. El BBVA, su principal competidor, avanzó en este
periodo un 6%. Justo hoy, el gobernador del Banco de España
(BdE), Jaime Caruana, opinaba que el juicio no afectará ni
a la solvencia ni a la credibilidad del mayor banco de español.
A lo largo de
esta semana, los principales responsables del Grupo Santander y
muchos destacados ex directivos han comparecido como testigos delante
el tribunal de la Audiencia Nacional de Madrid que juzga a Emilio
Botín, Angel Corcóstegui y José María
Amusátegui por el caso de las jubilaciones millonarias. Tanto
los testigos llamados a declarar por la acusación particular,
como los que convocaron la defensa y el Ministerio Fiscal, confirmaron
las versiones que los tres imputados dieron de las razones que estuvieron
a la base de los millonarios contratos de los dos ex altos cargos
del Banco Santander Central Hispano (BSCH). Todos los consejeros
o ex consejeros del banco confirmaron además que dichos documentos
fueron ratificados por el consejo con unanimidad.
La acusación
que representa a Rafael Pérez Escolar y Francisco Franco
Otegui llamó a testificar también a la hija de Emilio
Botín, Ana Patricia, actual presidenta de Banesto y consejera
del Grupo Santander, y a Jaime Botín, hermano del imputado.
La ley permite que un testigo se niegue a declarar sobre asuntos
que pueden afectar a un familiar directo, tal y como explicó
el presidente del tribunal Antonio Díaz Delgado, a los dos
miembros de la familia Botín.
Ana Patricia
se acogió a este derecho. Su intervención en la Audiencia
duró sólo algunos minutos, a últimas horas
de la tarde del pasado lunes. En cambio, Jaime Botín espetó
al juez un sonoro: "Sí quiero declarar" y contestó
con firmeza a todas las preguntas de los abogados de la acusación.
Cuando le preguntaron si tuvo conocimiento de contratos parecidos
a los que otorgaron 108,1 millones de euros a Corcóstegui
y un bonus de 43,7 millones de euros a Amusátegui,
Jaime Botín admitió que no. Pero inmediatamente después
aclaró: "Es que en España no hay ningún
otro banco como el Santander".
La declaración
del inspector del Banco de España (BdE), José María
Lamamie, provocó algunas confusiones que se aclararon al
día siguiente, cuando le tocó el turno al interventor
del Santander, José Manuel Tejón. Lamamie, afirmó
el lunes que el regulador no supo de los contratos hasta noviembre
de 2002. Al día siguiente, Tejón aclaró que
fue en marzo de 2002 cuando el BdE recibió oralmente explicaciones
sobre estos documentos, así como consta en el informe del
responsable del Departamento Jurídico del regulador, Francisco
Javier Priego.
El abogado de
Pérez Escolar, José Manuel Gómez Benítez,
que había pedido que declarara Priego, retiró su petición
admitiendo que las declaraciones del testigo coincidían con
el informe.
Tejón
también aclaró que el bonus de 43,7 millones
de euros que Amusátegui recibió cuando salió
del BSCH, en agosto de 1999, no se contabilizó en las cuentas
de ese año porque la normativa vigente preveía que
estos pagos se contabilizaran como gastos en el momento de su desembolso.
En los primeros
dos días de esta semana, desfilaron delante del tribunal
también el actual consejero delegado del Santander, Alfredo
Sáenz, el secretario del consejo de administración,
Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, el presidente de la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones del banco, Fernando Asúa,
el director general del Santander para América Latina, Francisco
Luzón, el vicepresidente tercero, Matías Rodríguez
Inciarte, y el consejero externo Rodrigo Echenique. Además,
se escucharon los testigos de los ex consejeros Santiago Foncillas,
Pedro José Ballvé, José Manuel Arburúa,
Felipe Benjumea Llorente y Antonio de Hoyos. Este último,
reveló ser quien escribió a mano las cifras de los
contratos y reiteró que se hizo por razones de seguridad.
Todos los testigos confirmaron que los contratos fueron aprobados
en los consejos de administración e insistieron en que las
retribuciones salariales de los consejeros ejecutivos no tienen
nada a que ver con las atenciones estatutarias que reciben los consejeros
no ejecutivos por el mero hecho de sentarse en este órgano
de dirección. Sobre la base de su experiencia profesional,
en el banco o fuera, los testigos coincidieron en que las retribuciones
de los ejecutivos no tienen el límite del 5% del beneficio
que sí atañe a las atenciones a los consejeros.
El juicio se
retomará el próximo martes con el testigo del consejero
del Santander, Antonio Escámez, quien no pudo comparecer
hoy por razones de salud, y el presidente de la Asociación
Española de Banca (AEB), José Luis Leal. El presidente
del tribunal, Antonio Díaz Delgado, manifestó que
espera que el próximo día 15 se podrá concluir
también el examen de las pruebas periciales.
ESP
BYS
|
|
|