Viernes 18 de febrero de 2005

Se termina el juicio de las "jubilaciones millonarias"

Caso Botín: visto para sentencia

Por Michela Romani

El juicio de las jubilaciones millonarias, que ha tenido sentados en el banquillo de los imputados a Emilio Botín, José María Amusátegui y Angel Corcóstegui, quedó hoy visto para sentencia, después que los abogados defensores terminaran el turno de los informes conclusivos. La sentencia del juicio, que comenzó el pasado 26 de enero y se ha desarrollado en nueve sesiones, podría tardar “de una semana a tres meses”, según fuentes legales. Hoy el presidente del tribunal, Antonio Díaz Delgado, comentó a la prensa que la próxima semana los tres integrantes de la corte se pondrían a trabajar, pero no quiso hacer previsiones sobre la entrega de la sentencia.

A lo largo de estos últimos 20 días, se han podido escuchar las argumentaciones de la acusación, la defensa y la Fiscalía del Estado, que pidió la absolución, sobre la legitimidad del pago de una jubilación de 107,1 millones de euros a Corcóstegui y de un bonus de pensión de 54 millones de euros a Amusátegui cuando salieron del Banco Santander Central Hispano (BSCH). Uno de los abogados de la acusación resumía hoy así el juicio: “Creo que los hechos están claros para todos. Lo que nos diferencia es la valoración que les damos”.

Informe conclusivo de la acusación. Los abogados de la acusación particular justificaron su petición de condena en que los pagos que recibieron Amusátegui y Corcóstegui fueron ilícitos porque no estuvieron justificados por ninguna contraprestación. El letrado que representa a Rafael Pérez Escolar, José Manuel Gómez Benítez, mantuvo que la ratificación por parte del consejo de administración del banco y la junta de accionistas de los contratos que determinaron el pago de las jubilaciones no tienen valor, porque "no se pueden ratificar actos nulos".

Además, Gómez Benítez criticó que Botín dijera que no contestaría a las preguntas de la acusación por que ésta actuaba por venganza, unas palabras pronunciadas por el presidente del Santander a principios del juicio. Emilio Botín dijo que Escolar quiere la ruina del Grupo Santander desde que adquirió Banesto, del que el actual acusador de Botín fue gestor junto con Mario Conde, hasta la intervención llevada a cabo por el Banco de España (BdE). El letrado de la acusación afirmó que "los imputados no están sentados en el banquillo por una acusación particular, sino porque así lo decidió la jueza (Teresa Palacios)".

Gómez Benítez insistió en que no es relevante cuántos accionistas del Santander hayan pedido que se abrieran diligencias para aclarar la legalidad de los pagos. Según su tesis, "siempre que falten 150 millones de euros de la caja de una sociedad sin que se haya producido una contraprestación hay un perjuicio para la entidad".
Los dos abogados coincidieron en definir los contratos del ex co-presidente y el ex consejero delegado del BSCH son "blindajes de consejeros ejecutivos", lo que según afirmaron está prohibido por el artículo 131 de la Ley de Sociedades, que prevé que estos cargos pueden ser cesados unilateralmente por el consejo en cualquier momento.

El abogado de Francisco Franco Otegui, José López Sánchez, insistió en que el bonus extraordinario de 43 millones de euros que recibió Amusátegui se suma a las demás percepciones económicas de las que goza el ex presidente. Según datos que el abogado proporcionó a este diario, y que le fueron entregados por el banco bajo su petición, Amusátegui está cobrando desde el año 2001 una jubilación anual de 5,2 millones de euros. Desde septiembre a diciembre de 2001, cuando efectivamente se jubiló, cobró 1,7 millones de euros.

Si el abogado de Escolar intentó insinuar la sospecha de que los contratos de Corcóstegui y Amusátegui tenían la función última de entregar todo el poder en el banco a Emilio Botín, el letrado de Otegui fue aún más explicito en este sentido. López Sánchez afirmó que el único supuesto en el que Amusátegui podía no cobrar el bonus extraordinario, la jubilación del 100% de su sueldo y del 70% de las atenciones estatutarias que recibía como consejero, era que el ex co-presidente decidiera no abandonar el banco en junio de 2002, tal y como estipulaba su contrato. "El contrato estaba hecho para dar la Presidencia única a Botín", dijo el letrado de Otegui y añadió que "nuca sabremos si fue un ofrecimiento que le hizo Botín o fue una condición impuesta por Amusátegui (por apoyar la fusión)".

Según la teoría expuesta por este abogado, la salida de Corcóstegui del BSCH tiene una explicación muy parecida. Una vez que Amusátegui dejó el banco, en agosto de 2001, el otro ejecutivo procedente del BCH se situó como número dos de Botín "y sabía que iba a ser el siguiente a quien cortarían la cabeza". Corcóstegui, según la reconstrucción del abogado, habría decidido externalizar su jubilación y cobrarla toda de una vez porque temía que el consejo del Santander pudiera decidir retirársela.

Nada que ver con lo que testificó tanto el propio Corcóstegui como los otros testigos que declararon en el proceso. Todos ellos coincidieron en que el ex consejero delegado del BSCH cobró su jubilación con un pago único porque esto favorecía fiscalmente al banco y pese a que esto le haya comportado tener que pagar al Fisco el 50% del dinero recibido.

Informe conclusivo de la Fiscalía. El fiscal del Estado Fernando Burgos insistió en recordar que en este juicio, que según la Fiscalía no debía tener lugar, no se están juzgando a las personas sentadas en el banquillo, sino si el pago de las jubilaciones de Amusátegui y Corcóstegui se ajustaron a derecho y fueron ilegales. Por esto, según el fiscal, es absolutamente irrelevante lo que Amusátegui, por ejemplo, pueda haber cobrado al margen del bonus de 43 millones objeto de la causa.

En su exposición, el representante de la Fiscalía quiso dejar bien clara la diferencia entre las funciones que desarrolla el consejo de administración de una entidad y lo que hacen los consejeros ejecutivos. "El consejo no hace otra cosa que tomar acuerdos", enfatizó Burgos, pero son los ejecutivos quienes tienen que ejecutar dichos acuerdos, o sea realizar todas aquellas acciones concretas que se necesitan para que las decisiones del consejo sean operativas. El representante del Estado afirmó que es completamente irrazonable pensar que en una sociedad cotizada como el Santander sea la junta de accionistas quien tome decisiones administrativas o de gestión. "El banco no duraría ni un mes si se pretendiera que fuera la junta a tomar las decisiones".

Por esta razón, el fiscal ve clarísimo que los consejeros ejecutivos tengan que tener una retribución diferente de la de los simples consejeros. Burgos destacó que el artículo 130 de la Ley de Sociedades Anónimas especifica claramente que será el consejo de administración quien fije las retribuciones de los ejecutivos y opinó que el hecho de que "la cuantía que puedan cobrar los administradores o altos ejecutivos no esté limitada, se ajusta a los principios de la libertad económica y de la iniciativa privada".

Burgos hizo referencia al que se considera el padre del liberalismo, Adam Smith, para contextualizar los contratos de Amusátegui y Corcóstegui y concluyó que "vivimos en una economía de mercado, la padecemos o la gozamos, pero las retribuciones de altos manager se desarrollan en este contexto".

El representante de la Fiscalía del Estado dejó claro, además, que lo que se está imputando a los tres banqueros es una violación del artículo 295 del Código Penal que habla de "disposición fraudulenta de los bienes de la sociedad". Burgos dijo que este delito es un abuso de poder que necesita además de una ulterior concreción que "es el perjuicio que eventualmente se ocasiona a la sociedad. El abuso sólo es el medio, el delito es el perjuicio". El fiscal mantuvo que en los hechos que se están juzgando no es posible encontrar este perjuicio, ni en el ámbito de la colectividad, ni entre el conjunto de los accionistas del banco y concluyó que la Fiscalía pide la absolución de los tres acusados.

Informe conclusivo de la Defensa. Los tres abogados de la defensa comenzaron sus declaraciones "haciendo propio" el informe del Ministerio Fiscal que, según ellos, ya contenía en sí mismo todas las razones para emitir una sentencia de plena absolución. El letrado de Emilio Botín, Gonzalo Rodríguez Mourullo, atribuyó a la acusación la responsabilidad de haber querido "desviar el objeto del proceso", una intención que el abogado de Escolar había atribuido a la defensa.

Mourullo indicó que en la querella inicial se imputaba a Botín de haber maniobrado para alejar a Amusátegui y Corcóstegui del Santander a raíz de la lucha de poder que se desencadenó a partir de 2000. Sin embargo, según el informe del abogado, esta teoría fue desmontada parte a parte por todas las pruebas y los testigos que se escucharon a lo largo del juicio y por eso la acusación ha ido cambiando su postura, hasta declarar ahora la nulidad de los contratos de los dos altos directivos por no tener una contraprestación laboral a cambio.

Según el informe del letrado de Botín, la acusación llamó a testificar a ex miembros del consejo del BCH que no lo fueron del BSCH con la esperanza de poder aprovechar el eventual descontento de estas personas por haber sido cesados. Sin embargo, todos los testigos ratificaron las declaraciones de los imputados. Mourullo justificó que el contrato de Amusátegui incluyera la reversibilidad de la jubilación a su familia en caso de muerte del titular con el hecho de que "si se quiere fichar al mejor, hay que asumir riesgos" y comparó esta situación a la de un equipo de fútbol que fiche a Zinedine Zidan invirtiendo muchísimo dinero que no se recuperaría en caso de que el futbolista muriera.

Sobre la adenda de agosto de 2001 al contrato de Corcóstegui, que le permitió adelantar su edad de jubilación y externalizarla, Mourullo dijo que su causa fue justamente la contraria de la que insinuó la acusación, que afirmó que el BSCH aceptó las condiciones pedidas por el consejero delegado para que éste se fuera. "El banco las aceptó para que Corcóstegui se quedara", dijo el abogado.

Mourullo dijo que los acusadores de los tres imputados calificaron de perjuicios los que en realidad eran gastos que el consejo del banco consideró necesario asumir para garantizar el éxito de la fusión. Finalmente, Mourullo calificó la acusación de "arbitraria" porque imputó a Emilio Botín actos que fueron decididos y ratificados por todo el consejo: "La selección arbitraria de la autoría deslegitima completamente la acusación".

El abogado de Amusátegui, Ramón Hermosilla, justificó su petición de absolución citando numerosas sentencias de jurisprudencia sobre casos relacionados con este juicio. Pero antes, el letrado quiso contestar a las criticas de la acusación al informe del perito de Towers Perrin, sobre las retribuciones que cobran altos ejecutivos de grandes empresas internacionales. Hermosilla dijo que no es verdad que para encontrar cifras tan altas haya que irse a EEUU e invitó a los abogados de la contraparte a leerse el informe de Gobierno Corporativo del BBVA, el banco competidor del Santander en España. Allí, de acuerdo con el abogado, se puede constatar que en caso de cese el presidente del BBVA, Francisco González, y el consejero delegado, Ignacio Goirigolzarri, cobrarían 51 y 49 millones de euros, respectivamente.

El abogado defensor de Amusátegui manifestó además que a lo largo del juicio se trataron temas relacionados con el derecho mercantil y no con el derecho penal y se refirió a opiniones de expertos juristas que critican que se recurra al ámbito penal para tratar temas que encuentran cabida en otros ámbitos del derecho.

Hermosilla, como los otros dos defensores, entró en el tema de las relaciones de los dos acusadores con el banco Santander. Recordó que Escolar y Otegui son "accionistas circustanciales" y que ellos mismos admitieron que compraron acciones del banco sólo para poder intervenir en las juntas y dijo que ambos "rozan la sospechabilidad por la nimiedad del interés frente al coste del juicio".

Hermosilla dijo que la acusación se postuló inicialmente como particular, pero tras darse cuenta que el perjuicio que ellos podían pedir era irrelevante, porque tal es su participación en el banco, pasaron a considerarse como acusación popular.

Finalmente, el abogado de Amusátegui criticó que la acusación, que según él no aportó pruebas y se limitó a insinuar, utilizó elementos de valoración moral para juzgar a los imputados. Esto, según el letrado, no tiene cabida en un juicio penal, "a menos que no se quiera decir que los reproches morales de dos personas discutidas y demandadas por la ley tengan que valer como derecho para el mercado nacional e internacional".

El defensor de Corcóstegui, Javier Sánchez Junco, centró su intervención en el contrato de su cliente firmado en abril de 1999. Según el letrado, la acusación ha querido pasar por encima este contrato porque no podía hacer ninguna crítica razonable sobre ello y se centró en la adenda de agosto de 2001, porque ésta no pasó por la Comisión de Retribuciones y Nombramientos. Pero Sánchez Junco recordó que esta adenda no necesitaba pasar por ese trámite porque no modificaba en nada las condiciones retributivas previstas en el contrato de 1999, de donde proceden legítimamente todos los derechos de pensión de Corcóstegui. El abogado recordó el testimonio de Manuel Olivencia sobre el contrato de Corcóstegui y pidió al tribunal que se fijara en el análisis hecho"por la máxima autoridad española en materia de Buen Gobierno".

El letrado rechazó toda acusación de falta de trasparencia relativa a este contrato y recordó que fue aprobado en hasta seis consejos de administración (17 de abril de 1999; 16 de agosto de 2001; 13 febrero de 2002; 29 de abril de 2002; 13 de enero de 2003 y 11 de marzo de 2004) y dos juntas de accionistas (junio 2003 y junio 2004).

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