Martes 15 de marzo de 2005

Los guatemaltecos protestan por la privatización que promueve la nueva Ley de Concesiones

El Congreso de Guatemala estudia aprobar esta semana la Ley de Concesiones, que propone conceder a empresas del sector privado la ejecución de obras y el control sobre bienes y servicios, que tradicionalmente han sido competencia del Estado. Esta iniciativa legislativa ha enfrentado al Gobierno de Óscar Berger con sectores de la sociedad civil, que ven en la inciativa la privatización de los servicios públicos.

La propuesta plantea entregar a empresas privadas la construcción de carreteras, viaductos, vías férreas, autopistas, puertos y los anunciados "megaproyectos", entre ellos el anillo periférico metropolitano y la ruta de la franja transversal del norte. El sector privado tendría también participación en el sector turístico, haciéndose cargo del mantenimiento de los principales atractivos para los visitantes y el desarrollo de programas para incentivar la llegada de extranjeros al país centroamericano.

Las empresas recuperarán sus inversiones trasladando la factura cada mes o con cierta periodicidad al Gobierno de los costes de las obras que estén ejecutando, de manera que la obra quedaría en manos del Estado una vez vencido el contrato correspondiente.

El Gobierno justifica la iniciativa de ley en que carece de los suficientes recursos para financiar la obra pública que el país necesita y evitará que el Estado se endeude en préstamos que generarán más pobreza. Además, los responsables gubernamentales afirman que de esta forma se garantiza que los servicios sean eficientes.

Por contra, los sectores de la sociedad civil y organizaciones populares cuestionan la propuesta y la rechazan porque consideran la inciativa como impulsora de la privatización de los servicios públicos más importantes.

GTM DTC