Viernes 11 de marzo de 2005

España tiene previsto firmar acuerdos con Perú, Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Bulgaria para fomentar inversiones limpias de empresas españolas

Historia y balance del Protocolo de Kioto

Por Alberto Miguel Arruti

El Protocolo de Kioto, que afecta a gran parte de la industria, como es, por ejemplo, la siderúrgica, constituye uno de los proyectos más ambiciosos para luchar contra la contaminación del planeta, al tiempo que para establecer cierta racionalización del progreso y una determinada igualdad entre las naciones de la Tierra. Después de un largo proceso de negociación, auspiciado por la ONU, fue firmado en 1997 por más de 180 países. Pretende reducir las emisiones a la atmósfera de gases, que producen el efecto invernadero. De estos gases, el más importante es el dióxido de carbono (CO2).

No limitar estas emisiones pone en peligro la estabilidad del clima e, incluso, el equilibrio ambiental en el que vivimos. A la larga, y según algunos científicos, corre peligro la propia supervivencia de nuestra especie. Después de la firma era necesaria la ratificación del Protocolo por los propios países firmantes. Se establece una doble condición para su entrada en vigor. Ha de ser ratificado por un conjunto de países no inferior a 55, cuando éstos sean responsables del 55% del total de las emisiones a reducir.

La Unión Europea (UE) lo ratificó en 2002. Hasta el año pasado, era ratificado por un total de 121 países. Pero cumplir con la segunda condición, es decir, que los países firmantes sean responsables del 55% del total de las emisiones, sólo podía conseguirse, si Rusia o EEUU entraban en el Protocolo. Este último país ya había manifestado, en 2001, su rechazo a ratificar el mencionado Protocolo. Después de duras negociaciones, en las que tuvo un papel importante la UE, el Protocolo fue ratificado, el pasado octubre, por las dos cámaras del Parlamento ruso.

Dentro de las negociaciones internas en la UE para un adecuado reparto de compromisos de reducción de estos gases, España se comprometió a no aumentar sus emisiones por encima del 15% sobre los niveles de 1990, pues el país se encontraba por debajo de la media europea en cuanto a desarrollo económico. Para conseguir entrar en el Protocolo, ha elaborado el Plan de Infraestructuras de Electricidad y Gas para 2002-2011 y la estrategia española de ahorro y eficiencia energética para el período 2004-2012.

Para que España cumpla el Protocolo, al menor coste posible, el Gobierno establece unos fondos de carbono e inversiones limpias en Latinoamérica y Europa del Este. El Plan Nacional de Asignación (PNA), que reparte 174,56 millones de toneladas de CO2 al año entre 957 industrias, prevé obtener 100 millones de toneladas entre los años 2008 y 2012. La financiación de estos 100 millones corresponderá al sector público y al sector privado. Por ejemplo, España tiene previsto firmar acuerdos con Perú, Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Bulgaria para fomentar inversiones limpias de empresas españolas.

El cumplimiento del Protocolo establece y regula un determinado comercio de emisiones, que entrará en funcionamiento a escala mundial en el año 2008. Desde enero de 2005, entra en vigor un comercio de emisiones para el ámbito de la UE. Es evidente que el establecimiento de un mercado de emisiones constituye un mecanismo para reducir la emisión de gases de efecto invernadero por parte de las empresas, haciéndolo menos gravoso para la economía y pretendiendo llevar a cabo aquel principio, tantas veces enunciado, de que "quien contamina, paga".

Que el establecimiento y la regulación del Protocolo es algo muy complejo, resulta evidente, pero también es evidente, que constituye un paso decisivo, como nunca se había dado antes, de lucha contra la contaminación ambiental.

INT TRC