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Viernes
18 de marzo de 2005
El
presidente boliviano decide quedarse al frente del país tras
el rechazo del Congreso de anticipar las elecciones generales
Carlos
Mesa vuelve a intentarlo otra vez
Por
Gema Velasco
Todo vuelve a empezar de nuevo en Bolivia. Carlos Mesa sigue siendo
presidente del país a pesar de todos los avatares ocurridos
durante los últimos 15 días. El Congreso ha rechazado
su propuesta de convocar elecciones anticipadas y, en contra de
lo anunciado y prometido, en lugar de presentar su dimisión
irrevocable ha decidido permanecer en el cargo hasta el final de
su mandato. Ante esta situación, los movimientos de protesta,
que se habían paralizado tras la aprobación en el
Parlamento de una Ley de Hidrocarburos del gusto de los sectores
sociales que reclaman la nacionalización del gas y el petróleo,
han vuelto a salir a las calles y a organizar movilizaciones en
contra de lo que consideran "una nueva arremetida del Gobierno
para tratar de imponer su ley petrolera", según
afirman fuentes sindicales a este diario.
La
pelea comienza de nuevo. Las convulsiones políticas de estas
dos últimas semanas no han servido para cambiar nada. Carlos
Mesa sigue siendo presidente, a pesar de haber presentado primero
su dimisión y luego un proyecto para adelantar las elecciones
al 28 de agosto, ambas propuestas rechazadas por la Cámara
baja.
También
los movimientos indígenas, campesinos, y sindicales, contrarios
a la política de hidrocarburos del Gobierno continuarán
con sus movilizaciones y protestas tras haber renunciado a ellas
tan sólo durante unas horas, el tiempo que tardó el
Congreso en rechazar el adelantamiento de las elecciones por no
ajustarse a la legalidad y el presidente Mesa en anunciar que seguía
en el cargo para "no dar la espalda al país".
Ley
de Hidrocarburos. La nación vuelve a encontrarse
en la misma situación de hace 15 días. Sólo
hay una diferencia. Ahora existe una Ley de Hidrocarburos aprobada
por el Congreso y que satisface, aunque no del todo, al Movimiento
Al Socialismo (MAS) de Evo Morales, uno de los principales protagonistas,
junto a la Central Obrera Boliviana (COB), de las protestas y cortes
de carreteras que acabaron con la paciencia de Mesa cuando hace
unos 10 días presentó su dimisión.
El
nuevo texto, en su artículo 53 establece que las firmas extranjeras
presentes en el país, como la española Repsol YPF,
tendrán que pagar en concepto de regalías el 18% de
lo producido y un impuesto especial del 32%.
En apariencia se
trata de la propuesta que había planteado el presidente Carlos
Mesa. Pero no es así. Ese impuesto deberá aplicarse
de forma inmediata y en ningún caso se podrá deducir
con el pago de otros tributos. Y eso no era lo que quería Mesa.
El mandatario
boliviano pretendía que ese impuesto se comenzara a aplicar
de forma gradual y que fuera posible deducirlo del impuesto sobre
los beneficios. Además, quería que existiera una discriminación
entre los grandes y los pequeños productores.
Las diferencias
con lo planteado por el Gobierno son bastante grandes como lo demuestra
su reacción. La Administración de Mesa ha criticado
duramente esta Ley de Hidrocarburos y mantiene que si sale así
no durará ni quince días porque teme que si no se
corrige las empresas extranjeras acudan al arbitraje internacional.
De hecho, ya
hay una compañía que ha amenazado con hacerlo, la
británica British Gas (BG) que ha asegurado que denunciará
a Bolivia para conseguir que se respeten los acuerdos firmados.
Hay muchas otras que podrían seguir su ejemplo. En total,
en el país hay 25 empresas foráneas que operan en
el sector de hidrocarburos y que tienen firmados 70 contratos.
El problema.
Y
efectivamente el Gobierno de Mesa se prepara para pelear de nuevo
para imponer su Ley de Hidrocarburos. Su oportunidad está
en el Senado, por eso se han vuelto a poner tan tensos los sectores
sociales contrarios a la política del Ejecutivo.
En la Cámara
alta, según afirman fuentes sindicales a Americaeconomica.com,
"los sectores que defienden los intereses de las petroleras
más los tránsfugas de Mesa tienen la mayoría
absoluta", y agregan que "si el presidente ha aceptado
seguir en el poder es porque sabe que cuenta con ese respaldo en
el Senado". Otras fuentes afirman que Mesa lo tenía
todo fríamente calculado y "que actúa bajo la
presión de la Embajada de EEUU, de las empresas petroleras
y los movimientos de derecha del país".
En la Embajada
estadounidense en La Paz no han querido hacer ningún comentario
sobre los últimos acontecimientos porque esperaban el pronunciamiento
del Departamento de Estado, unas declaraciones que al cierre de
esta edición no se habían realizado.
Ante esta situación
la COB, y los movimientos sociales que luchan por la nacionalización
de los recursos naturales como objetivo último, se preparan
para hacer frente "a esta nueva arremetida del Gobierno".
En estos momentos se están organizando para empezar a tomar
decisiones a partir del lunes con el fin de intentar evitar que
el Senado eche para atrás la nueva Ley de Hidrocarburos.
La pelea.
Pero
aunque así fuera, la pelea no se termina ahí. En el
caso de que la Cámara alta aprobara alguna modificación,
de nuevo el texto tendría que pasar al Congreso, donde Mesa
no cuenta con la mayoría absoluta. Y si no hay acuerdo se
tendría que convocar un congreso conjunto con los senadores.
De forma que parece que el asunto está bastante complicado
y la solución todavía muy lejana.
La situación
que atraviesa Bolivia es seguida muy de cerca por los países
vecinos, especialmente por Argentina que confiaba en el gas boliviano
para superar la crisis energética. De hecho, el país
austral ya ha comenzado a tener problemas.
El proyecto
para construir el gasoducto del Nordeste que la argentina Techint
y la española Repsol YPF habían previsto acabar en
mayo de 2006 se ha paralizado. El Gobierno de Kirchner pretendía
traer a través de este gasoducto 20 millones de metros cúbicos
de gas al día procedente de Bolivia.
Parece que habrá
que estar pendiente de lo que ocurre en el país que aún
dirige Carlos Mesa durante bastante tiempo. Los países del
Mercosur, al que pertenece Bolivia como estado asociado, y las naciones
de las empresas con intereses allí, como España o
EEUU, están alerta por lo que pudiera pasar. De momento,
todo está tan confuso como al principio.
BLV PLT NPM
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