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Viernes
18 de marzo de 2005
El
Gobierno australiano estudia una operación complicada
Telstra
se enfrenta a una gigantesca privatización
Por
El Boletín de las Telecomunicaciones
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El Gobierno
australiano prepara la que podría ser una de las mayores
privatizaciones de la historia de los mercados: ni más
ni menos que la venta de la participación que aún
mantiene en la operadora Telstra, que asciende al 51,8% del
capital.
Los expertos
calculan que el montante de la venta podría rondar
entre 27.000 y 30.000 millones de dólares. Y aquí
llega la primera de las múltiples dificultades del
proceso: será complicado que el mercado asuma una operación
de tal magnitud y más teniendo en cuenta que el atractivo
del sector lleva tiempo en entredicho.
El Ejecutivo
australiano, que ya llevó a cabo las dos fases anteriores
de la privatización, está escrutando todas las
posibilidades, entre las que se incluye una subasta a través
de Internet, al estilo de la empleada en su día por
Google para su salida a bolsa.
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Sin
embargo, el sistema no parece convencer a los bancos de inversión,
que ya fueron reacios al sistema empleado por el célebre
buscador.
Otra
de las opciones más comentadas es la posibilidad de combinar
la venta con una recompra de acciones por parte de Telstra o una
emisión de bonos convertibles para reducir el tamaño
de la venta.
Sin
embargo, el consejero delegado de la compañía, Ziggy
Switkowski, ya ha mostrado su rechazo a esta fórmula.
El
ejecutivo no está dispuesto a que la deuda de Telstra, que
se cifra actualmente en 11.900 millones de dólares se incremente,
entre otras cuestiones porque la agencia S&P podría rebajar
su rating, situado ahora en A-.
El
estudio encargado por el Gobierno a los bancos de inversión
para fijar un modelo de privatización ha tenido una respuesta
excelente.
No
es de extrañar si se tiene en cuenta que los que aporten
las mejores ideas figurarán probablemente entre los colocadores
de la operación. Este estudio también está
encaminado a exigir que Telstra continúe prestando servicio
de forma eficiente en las zonas rurales una vez que deje de estar
en manos públicas.
El
Gobierno ya ha manifestado su intención de vigilar permanentemente
la situación una vez que la privatización haya concluido.
No
hay ninguna razón para que estos servicios se dejen de prestar
cuando Telstra esté en manos de inversores privados,
aseguró un miembro del Ejecutivo.
La
oposición se ha mostrado contraria a la operación,
así como diversas asociaciones del ámbito rural, que
teme un descenso de la calidad del servicio.
TTC
INT PLT
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