Miércoles 23 de marzo de 2005

La revuelta popular sigue latente en el país más pobre de Latinoamérica

Bolivia, más allá del gas

Por Iñigo Herráiz*

El problema del gas ha sido el conflicto más visible de que ha avivado la crisis boliviana, pero no es el único. Aunque la aprobación de la controvertida Ley de hidrocarburos puede contribuir a apaciguar los ánimos de la población durante un tiempo, la amenaza de la inestabilidad seguirá latente mientras no se superen las hondas divisiones que suscitan asuntos pendientes como la redefinición del modelo de Estado o el económico.

Todo ello, sin olvidar que en el país más pobre de Sudamérica cualquier medida que afecte a las maltrechas economías familiares, como sucedió recientemente con la subida de los combustibles o el aumento de las tarifas de agua, puede ser motivo suficiente para que estalle una nueva revuelta popular.

Si algo ha puesto de manifiesto la última oleada de movilizaciones en el país es que, más allá del gas, existen otras cuestiones, si cabe de mayor calado, que lastran la convivencia entre los bolivianos. El hecho de que las protestas en las regiones occidentales andinas, coincidieran en el tiempo, los métodos y algunas demandas puntuales con las de la región oriental de Santa Cruz, pudo inducir a pensar que había entre ambas intereses compartidos. Lejos de ser así, detrás de unas y otras estaban dos Bolivias con dos visiones opuestas del país que, aunque urge, va a ser difícil reconciliar.

Las dos Bolivias. De un lado, la Bolivia pobre e indígena, castigada por la historia y recelosa de las supuestas bondades de las políticas neoliberales que, dos décadas después de su implantación, no han supuesto una mejora de las precarias condiciones de vida. Una Bolivia aymara y quechua que reivindica su identidad milenaria, el reconocimiento de sus tradiciones y costumbres, entre ellas el derecho a cultivar la coca, y que reclama una parcela de poder acorde con su peso demográfico. Del otro, la Bolivia empresarial, rica y dinámica, que descansa sobre el lecho del gas, cuya población, predominantemente criolla, defiende a ultranza el modelo económico actual y exige una mayor autonomía política para tomar decisiones en el plano económico.

El distanciamiento entre las tierras altas occidentales y las bajas orientales no es ninguna novedad, pero se ha hecho más profundo a medida que los movimientos indígenas han ido adquiriendo mayor protagonismo. Desde que hicieran oír su voz por primera vez en abril de 2000 en la ciudad de Cochabamba, donde, como sucede ahora en la localidad de El Alto, la población se rebeló contra la subida de tarifas del agua y logró expulsar a la empresa multinacional que la suministraba: Bechtel Group Inc.

Una empresa fundada en 1898, cabecera visible de uno de los clanes familiares más adinerados de América que dirige en estos momentos Riley P. Bechtel, con 40.000 empleados repartidos por todo el mundo y que siempre ha sacado partido de las campañas militares del Ejército estadounidense, como muestran su actual participación en la reconstrucción de Irak y los contratos conseguidos en Kuwait tras el primer enfrantamiento armado entre EEUU y Sadam Husein promovido por el padre del actual presidente estadounidense, George Bush.

Desde aquella victoria, los indígenas no han dejado de ganar presencia tanto en las calles como en las instituciones. El Movimiento Al Socialismo (MAS), del líder cocalero Evo Morales, pasó a ser la segunda fuerza política del país tras las legislativas de 2002, y ha sido el partido más votado en las últimas municipales. En el parlamento el MAS y el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) suman 41 escaños y han logrado imponer el uso de las lengua indígenas (aymara, quechua y guaraní) en los debates de la Cámara.

Además son los partidos con mayor capacidad de movilización popular como quedó demostrado cuando la presión en las calles forzó la dimisión del anterior presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, que pretendía exportar el gas a través de Chile.

Por el contrario, las élites empresariales del oriente boliviano han visto reducido su poder con la desaparición del monopolio de los partidos tradicionales y de sus políticas neoliberales. De ahí, su malestar. Aunque el desarrollo de lo que se conoce como la Media Luna, que tiene su centro en la ciudad de Santa Cruz, fue potenciado por La Paz, ahora esta región ve en la capital, dominada cada vez más por el discurso indígena, un obstáculo para su progreso económico. El sentimiento autonomista frente al Estado andinocéntrico se ha ido radicalizado tanto que, como quedó patente durante las movilizaciones masivas del pasado mes enero, se ha transformado en independentismo.

En busca de un modelo de futuro. El futuro de Bolivia pasa por encontrar un equilibrio entre estas dos corrientes, que no son precisamente homogéneas. Las fisuras existen en ambos bloques, donde conviven las demandas corporativas de los productores agropecuarios orientales o de los cultivadores de coca occidentales con los planteamientos maximalistas de quienes defienden, basados en criterios étnicos y económicos, la creación de una nación Colla en la zona andina y de otra Camba en las tierras bajas. El actual modelo de estado favorece las diferencias entre unos otros, pero su reforma podría hacer mucho por limarlas. La adopción de un modelo menos centralista en el que las regiones tengan más autonomía a la hora de tomar decisiones parece la fórmula más adecuada para un país tan diverso como Bolivia. Con un mayor margen de maniobra, las regiones podrían encontrar el espacio que necesitan para ver reconocidas sus singularidades y resolver sus problemas particulares.

Con tantos actores dispuestos a desestabilizar el país, no faltan, sin embargo, los que apuestan por el inmovilismo, por dejar que los acontecimientos sigan su curso con el consiguiente riesgo de que la situación vuelva a envenenarse. Una opción que no parece la más apropiada. Ante un nuevo estallido social el Estado tendría que volver a debatirse entre el uso o no de la fuerza. El presidente Carlos Mesa no lo ha hecho hasta ahora, teniendo muy presente que ese fue el motivo que forzó la renuncia de su predecesor en el cargo. Ahora bien si, por no hacerlo, se impusiera el caos, sería la excusa perfecta para justificar un golpe de Estado, que podría devolver al país al punto en el que se encontraba dos décadas atrás.

* Periodista de Agencia de Información Solidaria (AIS)

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