Viernes 1 de abril de 2005

Los grupos de "cazainmigrantes" comienzan hoy sus actividades en Arizona, al sur de EEUU

Comienza la batalla en la frontera

Por Carolina Caro

El llamado Minuteman Project, grupo de voluntarios armados dedicados a "cazar" inmigrantes que crucen la frontera sur de EEUU ilegalmente, comienza a operar hoy viernes en Arizona. En respuesta, el Gobierno mexicano ha aumentado la vigilancia en el Estado fronterizo de Sonora con 500 agentes que velarán por el cumplimiento de los derechos humanos de sus ciudadanos. Mientras, caravanas de organizaciones hispanas defensoras de los inmigrantes parten hacia Arizona desde varios puntos de EEUU para controlar las actividades de estos grupos. La frontera puede convertirse en un campo de batalla y en una zona "sin ley".

Las organizaciones hispanas pro inmigrantes han anunciado que iniciarán una campaña para protestar contra la acción de estos grupos a través de los medios de comunicación, de reuniones y demandas internacionales. Además, han convocado una marcha en la capital estadounidense para el próximo 27 de abril en la que participarán inmigrantes de diversas nacionalidades latinoamericanas.

La Embajada de EEUU en México ha emitido un comunicado en el que aclara qué es el proyecto Minuteman y la postura del Gobierno respecto a sus actividades. La Embajada asegura que se está difundiendo "información poco precisa" en relación a este grupo que se define a sí mismo como "un esfuerzo voluntario y ciudadano para aumentar la conciencia de los estadounidenses respecto al problema de la inmigración". Según sus creadores, "no es un llamamiento a tomar las armas" sino "a reunirse pacíficamente en la frontera entre México y EEUU en Arizona".

El hecho de que los voluntarios vayan armados, según esta organización, es "únicamente por defensa propia" ya que, en caso de que detuvieran a algún ilegal, lo entregarían inmediatamente a las autoridades.

En el comunicado, la Embajada deja claro que Washington no apoya las acciones de Minuteman porque "la responsabilidad de proteger las fronteras estadounidenses debe ser labor exclusiva de las autoridades competentes". Aunque los ciudadanos tienen el derecho constitucional de manifestarse, continúa el comunicado, se detendrá a todo aquel que viole la ley. Sin embargo, "la Patrulla Fronteriza aprecia los esfuerzos de los residentes locales de reportar actividades sospechosas", pero se muestra preocupada por los altercados que puedan derivarse de sus actividades.

Desde el Ministerio mexicano de Asuntos Exteriores se afirma que estos grupos actúan de forma ilegal con la "complicidad" de las autoridades estadounidenses.

Este Ministerio ha publicado otro comunicado en el que condena las acciones de vigilancia de estos grupos en la frontera. La cancillería asegura que ha dado instrucciones a los consulados de México en la frontera con Arizona para que estén pendientes "del desarrollo de los acontecimientos y presten auxilio" a sus ciudadanos. A su vez, ha establecido un convenio de colaboración con el Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional de EEUU para estudiar las acciones legales contra los particulares que "cometan abusos que afecten a los migrantes mexicanos".

¿Reforma migratoria?. Los problemas entre EEUU y México en el tema migratorio están lejos de solucionarse. A pesar de que Washington ha prometido al país azteca, en reiteradas ocasiones, una reforma migratoria que garantice los derechos humanos de los inmigrantes mexicanos en EEUU, el sentimiento xenófobo y las leyes que restringen las actividades de éstos en el país han proliferado en los dos últimos años.

Las más controvertidas de estas leyes son la llamada Real ID Act, que permite la construcción de un muro a lo largo de la frontera, y la Ley 200 de Arizona, que prohíbe la asistencia sanitaria y educativa a los hijos de indocumentados. México ya ha anunciado que acudirá al Tribunal Internacional de La Haya para denunciar estas leyes y la permisividad de EEUU con estas organizaciones "anti-inmigrantes".

Esta semana, México ha aprovechado la visita del secretario de Justicia de EEUU, Alberto Gonzáles, al país para expresarle sus temores.

Al reunirse con Gonzáles, el presidente mexicano, Vicente Fox, le reiteró su preocupación por las actividades de estos grupos que se toman la justicia por su cuenta y que pueden provocar graves perjuicios para los emigrantes mexicanos en EEUU.

Fox le ha pedido al representante de Justicia estadounidense que impida estas actividades ilegales que violan los derechos de los emigrantes.

El embajador de EEUU en México, Antonio Garza, ha declarado que la decisión de Gonzáles de visitar el país azteca poco tiempo después de su nombramiento -el 3 de febrero de 2005- demuestra la importancia que el Gobierno de Bush otorga a su relación con México. Estas palabras parecen denotar que el mandatario azteca debería estar satisfecho.

En su visita a México el mes pasado, la secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, aseguró que no podían controlar las actividades privadas de sus ciudadanos, pero que si éstas eran ilegales, las combatirían.

Cumbre de seguridad en Texas. Parece que la cumbre sobre seguridad que se celebró en Texas la semana pasada entre EEUU, Canadá y México no sirvió para avanzar en el tema de la migración. Bush no se mostró por la labor, quizá consciente de que le iba a ser difícil salir airoso a pesar de que acudió a Texas tras haber preparado minuciosamente los argumentos para bloquear las aspiraciones en esta materia del presidente azteca, Vicente Fox, con quien Bush ha tenido varios roces recientes debido a la política migratoria del Gobierno de EEUU.

El encuentro fue precedido, y no parece casualidad, de la publicación de un informe elaborado a partir de datos oficiales por la consultora Pew Hispanic Center, de orientación republicana, y en el que se afirma que los inmigrantes indocumentados en EEUU han crecido desde 2000 un 23% hasta los 10,3 millones. Y de esa cifra, más del 50% son mexicanos.

Con estos datos, Bush no tiene problemas para demostrar que los flujos de migración no están controlados y que, por tanto, son necesarias medidas más drásticas para hacerlo. Según este informe, el ratio de inmigrantes ilegales en EEUU continúa creciendo en estos momentos al mismo ritmo que en la década de los noventa, unos 485.000 por año.

Además, el mandatario estadounidense ha tenido una ayuda inesperada. Justo cuando Bush y Fox estaban almorzando con su homólogo canadiense, Paul Martin, se publicó la noticia de que nueve inmigrantes ilegales de nacionalidad mexicana habían sido detenidos en Arizona (EEUU). Todo parece dar la razón a Bush.

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