Miércoles 4 de mayo de 2005

Una comisión parlamentaria propone la destitución del presidente peruano

La comisión parlamentaria que investiga la supuesta falsificación de firmas del partido oficialista Perú Posible (PP) cuando se inscribió en los comicios de 2001 ha emitido un informe en el que considera al presidente Alejandro Toledo responsable del presunto fraude. Los diputados que la forman recomiendan sancionar a Toledo y destituirle de su cargo. El Congreso será el que decida su futuro.

De los cinco miembros que forman la comisión, tres votaron a favor de iniciar un juicio político contra Toledo tras considerarle culpable de fraude. Los otros dos diputados, miembros de los oficialistas PP y Frente Independiente Moralizador (FIM), se opusieron.

A pesar de que la Constitución peruana establece que el mandatario, en este caso, debe ser sometido a juicio político, el presidente de la comisión, Édgar Villanueva, recomienda su destitución inmediata, mientras que los otros dos diputados que votaron a favor de la culpabilidad de Toledo proponen su inhabilitación durante 10 años.

El Congreso deberá decidir si el informe, en el que también se acusa a la hermana del presidente, Margarita, es válido o si, por el contrario, como advierten los miembros del partido oficialista, no tiene credibilidad. Margarita Toledo se encuentra bajo arresto domiciliario desde el mes de febrero.

La Cámara deberá decidir antes del próximo 28 de julio, ya que la Constitución establece que un presidente no podrá ser retirado del cargo cuando le quede un año de legislatura.

La Carta Magna peruana también refleja que un mandatario podrá ser sometido a juicio sólo en caso de traición a la patria. Sin embargo, sí se le puede someter a juicio político y suspenderle de su cargo por "incapacidad moral".

Según algunos analistas, a la oposición no le interesa retirar a Toledo del cargo, ya que las elecciones están demasiado cerca, el 9 de abril de 2006, y el presidente tiene una popularidad reducida, de alrededor del 8%.

Fraude. En Perú, para que un partido político llegue a considerarse como tal de forma oficial, necesita recoger un mínimo de 600.000 firmas, con los datos personales de los firmantes, y presentarlas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El partido del presidente, que cuando se inscribió se denominaba País Posible, presentó alrededor de 660.000 firmas en 1998. Dos años después tuvo que presentarlas de nuevo ante la ONPE para que ésta las verificara e inscribiera al partido en las elecciones de 2001.

En el mes de abril de 2004 el congresista de Unidad Nacional (UN), Rafael Rey, presentaba una denuncia ante el Congreso después de que se realizara una comprobación de las firmas de todos los partidos que se presentaron a las elecciones en 2001. Según Édgar Villanueva, presidente de la comisión, se comprobó una muestra de 400 firmas del total que presentó el PP y el resultado fue que un 77% no se correspondía con las originales que aparecen en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

El 21 de octubre, a petición de los diputados de la Cámara, se creó una comisión especial en el Parlamento, formada por un representante de cada partido, para esclarecer los hechos.

Esta comisión ha recogido el testimonio de varios testigos, durante los últimos meses, que afirmaron que Toledo conocía la "fábrica" de firmas desde el principio. El propio mandatario tuvo que comparecer ante Villanueva y sus declaraciones supusieron un nuevo escándalo, ya que aseguró que no conocía a algunos de los implicados en los hechos, y a continuación una televisión local mostró unas imágenes en las que Toledo aparecía acompañado de éstos. Su credibilidad quedó en entredicho.