Viernes 29 de abril de 2005

Una misión de la OEA analiza la situación política en el país

Ecuador, sometido a examen

Por C. C.

El mundo examina al nuevo Gobierno ecuatoriano. Aunque con retraso, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN) han enviado comisiones al país. Quizá las declaraciones de Alfredo Palacio en las que aseguraba que mantendría los pactos internacionales facilitaron su llegada. Y quizá también los que apoyaron la destitución de Gutiérrez se pregunten ahora por qué un nuevo Gobierno, si va a seguir la misma línea que el anterior.

A pesar de que Palacio cuando asumió el cargo se manifestó en contra de algunos de estos pactos porque es lo que pide el pueblo, parece que ha cambiado de opinión porque lo que estaba en juego no era sólo la "ilícita" reestructuración de la Corte Suprema.

Los ecuatorianos pedían además, desde hace años, un cambio en la política exterior, que la alejara de la voluntad estadounidense algo que facilitó al ex presidente su llegada al poder. Entonces utilizó el mismo discurso que ahora usa Palacio.

Antes de ocupar la Presidencia, el nuevo mandatario, cardiólogo de 66 años, se manifestó en varias ocasiones contra la alineación de Ecuador con los intereses geopolíticos estadounidenses y en sus primeras declaraciones como presidente, se comprometió a dar un giro en la política internacional.

Discurso. Sin embargo, ese discurso fue distinto unos días después. Todo permanecerá como estaba, para tranquilidad de la comunidad internacional. Palacio permitirá a los marines utilizar la base de Manta y proseguirá con la firma de un tratado de libre comercio con Washington.

Mientras en el país se producía este giro político, la OEA se justificaba. Sus pretextos para llegar tarde fueron los problemas logísticos y las diferencias entre las naciones con respecto a la concesión de asilo de Brasil a Gutiérrez. Además, estados como Argentina han reprochado a Lula su papel protagonista en el conflicto como medio de propaganda para ingresar en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Pero la misión de la OEA ya está allí, en Ecuador. A pesar de que su agenda se mantiene en estricta confidencialidad se pudo saber que el grupo se reunió el jueves con el presidente ecuatoriano Alfredo Palacio, pero fuentes de la Presidencia no han querido desvelar a Americaeconomica.com información sobre los encuentros previstos. Hasta el sábado la misión no presentará un informe con sus conclusiones.

De su reunión sólo se ha filtrado, gracias a la prensa local, que el mandatario ecuatoriano ha prometido respetar la democracia y la Constitución y ha pedido ayuda al organismo para el fortalecimiento de las instituciones.

Y la Iglesia no podía faltar. La OEA se reunió con la Conferencia Episcopal ecuatoriana, principal mediadora durante el conflicto con Gutiérrez.

Quito. El alcalde de Quito, Paco Moncayo, es también un actor clave, puesto que desde la capital, promovió las primeras manifestaciones ciudadanas contra el ex presidente. Hasta su despacho acudió la misión del organismo.

Fuentes de la Alcaldía de Quito han declarado a Americaeconomica.com que la reunión fue reservada y que sólo se sabe que la OEA ha pedido a Moncayo y a 15 concejales de la ciudad que elaboren un informe en el que resuman todos los detalles de la crisis desde que comenzó.

Estas mismas fuentes aseguran que la capital ya está tranquila. Únicamente señalan que el pasado miércoles hubo en la ciudad una manifestación de 50 personas que pedía la dimisión de todos los miembros del Congreso. Por el momento la Alcaldía de Quito está satisfecha con las nuevas políticas anunciadas por el Gob ierno, especialmente en lo que se refiere a utilizar el dinero del petróleo para el desarrollo de la educación y la salud. También apoya la convocatoria de una consulta popular, anunciada por Palacio.

Hasta los sindicatos quieren dialogar con la OEA. Fuentes contactadas por este diario en la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) aseguraban que habían solicitado una reunión con los miembros de la OEA para expresar sus inquietudes.

Este grupo espera que el organismo respete la voluntad soberana y que permita que se deroguen las leyes laborales que "impuso" el ministro de Trabajo del Gobierno de Lucio Gutiérrez que "sin consulta previa" estableció, por ejemplo, la ley de trabajo por horas y un salario mínimo "irrisorio", afirma la Ceosl.

Por el momento la Ceosl ha declarado que apoyará al nuevo Gobierno porque tiene un gran reto. Sin embargo, considera que para el reestablecimiento total de la democracia, se deben convocar elecciones.

Los indígenas, que tienen un papel muy destacado en Ecuador, también explicarán a la OEA la situación.

Misión. A pesar de sus reticencias a aceptar el Gobierno de Palacio ante la posibilidad de que cunda el ejemplo en la región, la CSN ha mandado una comisión a Ecuador. La misión llegó el viernes para respaldar al nuevo Ejecutivo.

La Comunidad Sudamericana está integrada por los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), junto con Chile, Guyana y Surinam.

El apoyo final que ha logrado el nuevo Gobierno es posible que se deba, según los observadores, al anuncio del pasado lunes de Alfredo Palacio de respetar todos los tratados internacionales firmados por el anterior Ejecutivo, incluyendo los referentes al Plan Colombia, los acuerdos con Brasil y el tratado de libre comercio con Washington.

Aun así, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), el grupo más representativo de este sector social, no se conforma con esto. Esta agrupación ha pedido al presidente Palacio que retire al país de las negociaciones para firmar un tratado de libre comercio con EEUU.

El sector indígena es poderoso. El respaldo de la Conaie es muy necesario para los gobiernos ecuatorianos. Cuando Gutiérrez comenzó a prescindir del apoyo indígena empezaron las muestras de rechazo contra su Gobierno.

Política 'populista'. El nuevo mandatario ha descartado la posibilidad de convocar elecciones anticipadas y asegura que terminará la legislatura de Lucio Gutiérrez que finaliza en enero de 2007.

El secreto para que el país salga de la crisis es, para Palacio, la unidad del pueblo. Según una encuesta publicada estos días, el 73,1% de los ecuatorianos apoya al nuevo Ejecutivo pero mantiene su desconfianza.

Palacio sí ha cumplido ya una de las peticiones más demandadas por los ecuatorianos: la reforma del Poder Judicial.

La Cámara eligió a nuevos miembros del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, el país continúa sin Corte Suprema de Justicia (CSJ). Algo que podría estar solucionado en un mes.

Congreso. El Congreso de Ecuador aprobó el miércoles una reforma del Poder Judicial por el cual se establece un nuevo mecanismo para nombrar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esta nueva regulación establece la constitución de un comité integrado por miembros de la sociedad civil que serán los encargados de nombrar a los magistrados.

Este grupo tendrá que estar listo en un plazo de 20 días y su formación estará supervisada por representantes de la ONU, la UE y la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

El comité estará integrado por miembros de los colegios de abogados, de la federación de trabajadores judiciales, de la comisión de control cívico, de organismos de derechos humanos y decanos de la universidad de derecho.

La reestructuración de la CSJ el pasado mes de noviembre por el Gobierno de Lucio Gutiérrez fue el detonante de la crisis política y social que desencadenó en la destitución del ex presidente. La oposición y los manifestantes contrarios al anterior Ejecutivo aseguraban que Gutiérrez había nombrado a magistrados afines para facilitar el regreso de su aliado Abdalá Bucaram, ex presidente de Ecuador.

Cuando la CSJ suspendió los procesos en contra de Bucaram en el mes de marzo, los opositores se lanzaron a la calle para pedir la dimisión del Ejecutivo y del ex presidente Gutiérrez.

En los próximos días se espera la sentencia de los organismos internacionales, aunque, según los analistas, darán el visto bueno. También habrá que ver si el Gobierno cumple las políticas económicas que ha anunciado, enfocadas al gasto social y que le están garantizando el respaldo popular y de los grupos políticos.