Viernes 6 de mayo de 2005

Alfredo Palacio veta la reforma de la Corte Suprema de Justicia aprobada por el Congreso

La reforma del Poder Judicial aún divide a Ecuador

Por Americaeconomica.com

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) vuelve a ser motivo de controversia en Ecuador. Cuando el Congreso había llegado ya a un acuerdo para reestructurar el Poder Judicial, Alfredo Palacio ha ejercido su derecho de veto. Quizá lo ha hecho tras saber que los ciudadanos se oponían a una parte de la reforma aprobada por la Cámara. La institución que llevó a Gutiérrez al exilio vuelve a crear problemas.

Según Palacio, el veto a la reforma que ha aprobado el Congreso se debe a que quiere reducir el número de jueces de 31 a 16 para agilizar los trámites. Algunos congresistas consideran que esto es un error porque, si hay un menor número de jueces, el retraso de los procesos judiciales será aun mayor. Palacio, además, se opone a la formación de una corte suprema temporal hasta que esté estructurada la definitiva, algo que los ciudadanos tampoco quieren.

La postura de los ecuatorianos es que, de nuevo los partidos políticos tendrían influencia en la Justicia.

La Constitución establece que no se pueden formar tribunales de excepción, algo que sería la corte transitoria, y por tanto violaría la Carta Magna.

Pero con su veto, Palacio también se ganará al sector judicial. La primera disposición del proyecto aprobado por el Congreso establecía que la nueva Corte reemplazaría a los jueces de las demás cortes y tribunales. Las agrupaciones de jueces han anunciado que irán a la huelga si definitivamente este proyecto se convierte en ley.

El proyecto para reformar la CSJ fue aprobado gracias al respaldo del Partido Social Cristiano (PSC), de Izquierda Democrática (ID) y del grupo indígena Pachakutik. Según estos grupos parlamentarios, la sustitución de los jueces fue incluido a última hora y están de acuerdo con que se vete parcialmente la reforma.

El Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), liderado por Abdalá Bucaram, ex mandatario de Ecuador cuyo regreso al país gracias a Lucio Gutiérrez aceleró la destitución de éste, se ha mostrado a favor del veto. Bucaram se exilió a Panamá cuando Gutiérrez cayó.

Todos los grupos han cambiado de idea y están de acuerdo en no formar una corte temporal porque consideran estos puntos poco trascendentales, excepto el PSC, que ha declarado no se debe vetar a no ser que Palacio tenga una propuesta mejor.

Al margen de esto, los ecuatorianos reclaman una reforma que garantice la independencia de los jueces y por ello quieren que sean elegidos por miembros de la sociedad civil de reputación intachable y que esté demostrado que no son cercanos a una tendencia política.

Para parte de la prensa local y para los ciudadanos, parece que el Congreso se ha olvidado de lo que pasó el 20 de abril y algunas voces siguen pidiendo que se vayan todos.

Los únicos puntos en los que todos los legisladores y el presidente están de acuerdo son en los de establecer la jubilación de los magistrados en los 75 años ya que antes el cargo era vitalicio. También mantienen una postura cercana en cuanto a que los jueces no podrán estar vinculados a un partido político durante al menos cinco años.

La reestructuración de la CSJ el pasado mes de diciembre fue el desencadenante de las manifestaciones populares y de la oposición en contra de Lucio Gutiérrez y que desembocaron en la destitución del ex presidente.

Vigilancia. Todos partidos ecuatorianos han mostrado su satisfacción con la línea política del nuevo Gobierno, sin embargo, advierten que le vigilan de cerca, especialmente tras el nombramiento del nuevo vicepresidente, Alejandro Serrano, considerado conservador.

Serrano, de 72 años, ha sido alcalde de la ciudad de Cuenca y en la década de los setenta fue presidente de su club de fútbol. El nuevo vicepresidente se identifica con una política de centro-derecha y se declara "un hombre de ideas".

El vicepresidente fue elegido por el Congreso gracias al apoyo del Ejecutivo y de los dos principales adversarios políticos de Lucio Gutiérrez, el Partido Social Cristiano (PSC) y la Izquierda Democrática (ID), históricamente aliados en el Parlamento.

Algunos legisladores han visto el nombramiento de Serrano, candidato presentado por Palacio, como un paso del Gobierno hacia la "derecha". Luis Villacís, diputado del Movimiento Popular Democrático, ha advertido sobre la alianza del Ejecutivo con los dos partidos conservadores (PSC e ID). Para Villacís, las protestas exigieron un cambio, sin embargo, el nuevo Gobierno se ha vuelto a alinear con los grupos poderosos.

A pesar de esta desconfianza, los partidos están de acuerdo con la nueva política económica del Gobierno. El hecho de que los ingresos procedentes del petróleo se destinen al desarrollo social les parece una buena iniciativa.

Sin embargo, seguirán vigilando de cerca.

Escándalo. Una comisión del Congreso ha decidido suspender temporalmente a cuatro diputados que fueron invitados a la novena ronda de negociaciones del tratado de libre comercio con EEUU en Perú entre los días 18 y 22 de abril por un presunto escándalo.

Según el ex agregado civil de la Embajada de Ecuador en Perú, Santiago Cadena, los legisladores provocaron numerosos destrozos en el hotel donde se hospedaban y agredieron a dos trabajadores.

Una de las suspendidas, María Augusta Rivas, asegura que lo que ocurrió se debió a que uno de sus colegas le faltó al respeto y "reaccionó como cualquier mujer".

La Embajada de Ecuador en Perú ha enviado un informe en el que se detallan las pruebas, los hechos y los testimonios de lo que ocurrió.

El embajador de Ecuador en Perú, Luis Narváez, ha declarado que los hechos se produjeron pero no en la magnitud en que Cadena ha manifestado.

Cadena fue retirado de su puesto.