Viernes 13 de mayo de 2005

Carlos Mesa no encuentra apoyos para iniciar un diálogo social y político sobre la Ley de Hidrocarburos

Bolivia, de nuevo en crisis

Por C. C.

El Congreso de Bolivia ha rechazado reconsiderar la Ley de Hidrocarburos y su modificación después de que el presidente Carlos Mesa la vetara. La situación del país es cada vez más insostenible, más aún cuando la mayoría de los grupos sociales y políticos convocados al diálogo el próximo lunes se han negado a asistir porque consideran que la decisión de Mesa "llega demasiado tarde". Todo apunta a un cambio político.

El secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), Luis Chaquetilla, ha declarado a Americaeconomica.com que el hecho de que el presidente vete la ley no resuelve la situación, porque la decisión se ha basado en su "actitud sumisa a las petroleras transnacionales y a EEUU". Por tanto, a partir de la próxima semana iniciarán una campaña de protesta que incluirá marchas y huelgas con el objetivo de que Mesa dimita.

El presidente de Bolivia asegura que tomó la decisión de vetar la ley "por la unidad del país" porque la nueva legislación estaba dividiendo a Bolivia en dos. En el encuentro, el presidente espera llegar a un consenso sobre la ley, modificarla.

Pero el Congreso ha rechazado la revisión de la ley. Según el presidente de la Cámara, Hormando Vaca Diez, la negativa se ha producido porque Mesa "ha hecho una observación general y constitucionalmente el Congreso no puede reabrir el debate de la ley".

El Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia asegura a Americaeconomica.com que la situación es inédita y todavía habrá que esperar a ver cómo se desarrollan las reuniones entre los distintos sectores sociales. Además, advierte que la ley tiene varios puntos inexactos que están produciendo numerosas interpretaciones según los intereses de cada grupo.

Sólo dos grupos han confirmado su asistencia a la reunión del lunes, la Confederación de Pueblos Indígenas y la Confederación de Empresarios Privados.

El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), del ex presidente Sánchez Lozada con mayoría en el Congreso, se ha negado a asistir a la cumbre 'Encuentro por la Unidad de Bolivia', así como el segundo grupo más importante, el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales que advierte que la cumbre no ha convocado a todos los grupos sociales. Morales condiciona su asistencia a que el presidente amplíe de cuatro a 17 el número de organizaciones indígenas y campesinas que acudan a la cita.

Para Morales la convocatoria de esta reunión es "una burla al pueblo".

El Tribunal Constitucional también se ha negado a asistir porque afirma que no tiene nada que ver con asuntos políticos.

El Comité Cívico Pro-Santa Cruz, provincia que más influencia tiene en el país, tampoco acudirá porque afirma que la reunión no debe incluir temas ya aprobados. Se refiere al anuncio de Mesa de incluir en la agenda del lunes el punto referente a la elección de gobernadores, algo que ya fue establecido a principios de año cuando esta provincia se levantó contra el Gobierno central para pedir la elección de las autoridades provinciales a través de comicios. Antes los gobernadores eran elegidos directamente por el presidente.

El resto de partidos y grupos todavía no han decidido si asistirán.

La ley. Lo que está claro es que la Ley de Hidrocarburos sigue creando problemas al país. Después de un año de debates, el Congreso boliviano aprobó la nueva normativa que supone que las petroleras tendrán que pagar un 32% de impuestos y un 18% de regalías. Con la anterior ley, las empresas pagaban un 18% de regalías y un 10% de impuestos.

La postura de la oposición, impulsada por Morales, es que los hidrocarburos son un recurso nacional no renovable y por tanto su explotación debe nacionalizarse. Además, exige que las empresas paguen un 50% en regalías para que no exista ninguna posibilidad de que las empresas puedan desgravar. Los precios, para los opositores, no pueden ser fijados por empresas extranjeras.

Morales se siente "indignado" porque la nueva norma "reconoce implícitamente contratos de 1996 que en realidad son ilegales y anticonstitucionales porque no fueron aprobados a través de un referéndum".

Las empresas extranjeras han expresado su inquietud por el incremento del régimen impositivo y la obligación de adecuar sus contratos a nuevas modalidades de convenio como de operación, producción compartida o asociación.

Las transnacionales con presencia en Bolivia, entre ellas, la brasileña Petrobras, la francesa Total, las británicas British Gas y British Petroleum y la española Repsol, permanecen a la expectativa.

Santa Cruz. Otra vía de presión sobre Mesa es el de las autonomías. Provincias como Santa Cruz, Tarija, Beni o Pando quieren una mayor independencia del Gobierno Central. La más influyente de ellas es Santa Cruz.

El Comité Cívico Pro-Santa Cruz dio esta semana un ultimátum al Congreso del país. El grupo, formado por empresarios y representantes de todos los sectores de la provincia, quiere que el referéndum sobre su autonomía coincida con la elección de gobernador que está prevista para el 12 de agosto.

Como la ley establece que el Congreso debe determinar la fecha de la consulta con una antelación mínima de 120 días, el Comité puso el pasado 12 de mayo como fecha límite para que la Cámara decidira .

El Congreso, presionado por el grupo cruceño, mantuvo reuniones entre el martes y el jueves pasado, pero finalmente no llegó a determinar ni el contenido ni la fecha del referéndum. Por ello, el Comité celebrará hoy viernes una reunión de urgencia para determinar las acciones a seguir.

Según los propios cruceños, todo apunta a que autoconvocarán la autonomía de la provincia.

Las movilizaciones en Santa Cruz a principios de año en demanda de autonomía fueron uno de los desencadenantes de la renuncia de Mesa en el mes de marzo, pero el Congreso no la aceptó y llegó a un acuerdo con la provincia: convocar un referéndum y elecciones para elegir gobernador.

Este es otro de los temas pendientes de Mesa.

Nada nuevo. Bolivia vive de nuevo una semana de sobresaltos, algo a lo que esta nación latinoamericana está bastante acostumbrada. Mesa llegó hace poco más de un año al poder después de que el anterior presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, tuviera que renunciar al cargo tras la sangrienta revuelta de octubre de 2003. Los motivos y los protagonistas de la movilización popular que provocaron la caída de Lozada fueron los mismo que han puesto en jaque al Gobierno de Mesa: La Ley de Hidrocarburos y, en concreto, la actitud frente a las empresas extranjeras.

Pero en esta ocasión, al conflicto por el gas se unen las demandas de autonomía presentadas por algunos políticos locales.

Esta crítica situación viene de lejos. En el mes de marzo, las presiones hicieron que el presidente Mesa optara por presentar su carta de dimisión al Parlamento ante la imposibilidad de seguir gobernando. El Congreso rechazó su renuncia.

Según algunos expertos, la intención del presidente era "colocar a cada uno de los actores ante sus responsabilidades". Pero en el momento de su dimisión lo que todavía no se sabía era si buscaba forzar que el Congreso le convalidara en el cargo o bien pretendía que se siguieran los pasos constitucionales para elegir un nuevo presidente.

Ahora Mesa tiene de plazo hasta el próximo martes para tomar una decisión: puede modificar la ley y devolverla al Congreso, o ignorar la nueva normativa. En este último caso, la ley otorga al Congreso la facultad de ponerla en vigor.

El cambio político en Bolivia es cada vez más inevitable. Sólo 30 congresistas de 157 que forman la Cámara mantienen su apoyo al presidente, que carece de representación formal en el Congreso.

Varias voces piden ya la convocatoria anticipada de elecciones.