Viernes 13 de mayo de 2005

Colombia estudia eliminar las inversiones forzosas mientras Venezuela las refuerza

Las amargas quejas de los banqueros latinoamericanos

Por Gema Velasco

En la década de los noventa el volumen medio de crédito otorgado en Latinoamérica equivalía a menos del 30% del PIB de la región, una cantidad muy pequeña que casi nunca tenía como destino los sectores más desfavorecidos o las pequeñas empresas. Ante esta situación, muchos Gobiernos optaron por imponer inversiones forzosas a los bancos, unas obligaciones que hoy se mantienen. Pero, además, también son comunes otras prácticas de "represión financiera" como los encajes o la aplicación de impuestos sobre determinadas transacciones. Los banqueros protestan.

Los expertos del sector bancario consultados por este diario coinciden en destacar que la actitud "dirigista" de muchos de los gobiernos latinoamericanos es "absurda" y que se trata de una "política económica anacrónica e ineficiente". Pero a pesar de las críticas y del enfado de las entidades financieras estas medidas encaminadas a alentar la actividad crediticia no sólo se mantienen sino que se refuerzan. Ese es el caso de Venezuela.

El presidente Hugo Chávez se ha apoyado en los bancos para financiar sus programas sociales y el crecimiento económico. Aunque la participación de las entidades financieras no es voluntaria. Los bancos deben destinar obligatoriamente el 14,5% de su cartera de créditos al sector agrario, un porcentaje que se incrementará a partir del mes que viene al 16%. El 3% tiene que dirigirse a microcréditos, pero se espera que la nueva Ley de Bancos, que debe aprobarse antes de agosto, incluya un aumento de esa cuota hasta colocarla entre el 5% y el 10%.

Presiones. En el sector hipotecario, la nueva regulación aprobada este año obliga a los bancos a conceder el 3% de la cartera total a la compra de vivienda principal (préstamos a largo plazo) y el 7% a la construcción de casas (a corto plazo). Pero además, el Banco Central de Venezuela acaba de establecer los nuevos tipos de interés máximos que podrán aplicar las entidades financieras en los créditos libres. Por ejemplo, en el caso de las operaciones a través de tarjetas de crédito esa tasa se reduce del 37% actual al 28%, en linea con el que se aplica en los países industrializados. Y al mismo tiempo se establece también la remuneración mínima que deben ofrecer a los 10 millones de cuentas bancarias que existen en Venezuela que tendrá que ser al menos de un 6,5% frente al 5% anterior.

Pero eso no es todo. Fuentes bancarias aseguran a este diario que la pequeña y mediana industria está presionando al Gobierno para que obligue a los bancos a concederles créditos. En concreto, piden que se establezca una cuota del 5%. De momento, Chávez no ha actuado pero en el sector se teme que lo haga en cualquier momento.

Además, el turismo también está en la mente del mandatario latinoamericano. El Gobierno venezolano ya ha declarado en alguna ocasión que pretende convertirlo en el motor económico de Venezuela por delante incluso del sector petrolero. Según asegura un analista financiero venezolano a Americaeconomica, en breve se aprobará la nueva Ley del Turismo en el país, y en ella se incluirá también un porcentaje obligatorio que será destinado a esta industria. No se sabe cuál será esa cuota pero podría rondar el 3%, según otras fuentes.

En total, sólo con lo aprobado hasta ahora, el Estado dirige en Venezuela el 29% de la cartera de créditos pero pronto podría llegar al 40%. Los banqueros se quejan: "En Venezuela siempre han existido préstamos obligatorios a la agricultura, pero nunca estuvieron en porcentajes tan elevados y, sin duda, son los más altos de toda la región".

Los lobbies. Los que así se lamentan no tienen en cuenta que la base electoral de Chávez está precisamente entre la población rural. Esa es su fuerza y hay que mimarla. Lo mismo le ocurre a Lula. En Brasil, según fuentes bancarias, el "lobby del sector rural es muy poderoso y esta circunstancia ha provocado que el Gobierno ni se haya planteado eliminar las inversiones forzosas al sector agrario" a pesar de las amargas lamentaciones de los banqueros. Hay que recordar que la influencia de los votos en las zonas agrarias fue vital para el triunfo de Lula en las elecciones de 2003.

Las entidades financieras de este país están obligadas a transformar en créditos al sector rural el 25% de los depósitos a la vista y, además, también fija el tipo de interés que debe aplicarse, el 8,75%. Fuentes bancarias brasileñas recuerdan que los tipos de interés de referencia (tasa selic) están actualmente situados en el 19,5%. Sin embargo, quizá no debieran estar tan descontentos ya que está diferencia se compensa con creces con la rentabilidad sacada a otro tipo de operaciones. Cobran de media, por ejemplo, un 75% de interés por un crédito al consumo.

Fuentes del Banco Central (BC) explican a este diario que, además, los bancos deben destinar el 65% de los depósitos a plazo a hipotecas y el 2% de las cuentas a la vista a préstamos a pequeños empresarios (microcréditos). Hay más. Las entidades están obligadas a colocar en cuentas de la autoridad monetaria una cantidad de dinero en relación a sus pasivos (encajes). Ese porcentaje es en Brasil ronda al 100% frente, por ejemplo, al 2% que se aplica en la Unión Europea (UE).

En definitiva, según los datos de cierre de marzo de 2005, en el sector financiero brasileño había 74.187 millones de reales (23.612 millones de euros) en cuentas corrientes, 45.585 millones (14.508 millones de euros) en depósitos a plazo y 290.473 millones (92.452 millones de euros) en créditos de libre disponibilidad. Los préstamos 'direccionados' sumaban 180.832 millones de reales (57.555 millones de euros) y los depósitos, 127.520 millones (40.587 millones de euros), lo que significa, según explica un economista brasileño a este diario, que "entre unas cosas y otras hay más dinero dirigido de forma obligatoria que crédito libre en el país, un hecho que es completamente absurdo".

Estas mismas fuentes aseguran que se trata de una medida económica anacrónica e ineficiente y que "si se eliminara habría crédito más barato para todos y no sólo para algunos escogidos".

Los encajes que aplica el BC existen por motivos fiscales, lo mismo que el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). Sin embargo, en este último caso sí que los banqueros han conseguido que el Gobierno de Lula sea más receptivo y ante sus continuas quejas se ha comprometido a reducirlo hasta su total eliminación. Y eso a pesar de que una de las primeras cosas que hizo el presidente cuando llegó al poder fue subir este gravamen un 0,38%.

No obstante, a pesar de las quejas de los banqueros, lo cierto es que al sector no le va nada mal con Lula. De hecho, la semana pasada el presidente de la Federación Brasileña de Bancos (Febraban), Marcos Cipriano, afirmó que "el Gobierno está haciendo lo que queremos" y aseguró que el presidente no tendrá problemas para ser reelegido en las elecciones de 2006.

Al contrario . En Colombia, el Gobierno de Álvaro Uribe ha aceptado comenzar a desmontar el sistema de inversiones forzosas en el sector bancario, pero, de momento, no quiere tocar el ITF (cuatro por mil) porque es uno de los impuestos que más contribuyen a engrosar la recaudación fiscal.

Según explican algunos economistas colombianos, "el Gobierno introdujo en la década de los noventa algunas inversiones forzosas a cargo de los bancos para cubrir parcialmente los costos fiscales de la crisis financiera (que estalló en 1982) y estableció un impuesto a las transacciones (ITF) destinado también a cubrir esos costes". Ese gravamen tuvo al principio un carácter temporal pero no sólo se ha mantenido sino que se ha ido incrementando desde el dos por mil inicial al cuatro por mil actual.

Esta misma semana, el ministro de Hacienda colombiano, Alberto Carrasquilla, ha reconocido que hay que revisar los costes regulatorios del sistema financiero colombiano y que es necesario eliminar las inversiones crediticias obligatorias que tienen las entidades financieras, centradas fundamentalmente en el sector agrario e hipotecario. Fuentes del Ministerio de Hacienda explican a este diario que se ha planteado la necesidad de hacer desaparecer estas obligaciones "porque encarecen los costes operativos de las entidades e inciden en las tasas de captación y de colocación de los créditos y, en general, en los costos de los servicios financieros que se cobran al público".

Pero el asunto va despacio. Según estas mismas fuentes, "ha comenzado a estudiarse y todavía ni siquiera se ha pedido la opinión a los bancos".

Fuentes de la Asociación Bancaria de Colombia (Asoban), aseguran que si finalmente el Gobierno lleva acabo su plan para desmontar estas obligaciones "supondrá un gran alivio para los bancos puesto que forzarles a colocar recursos por debajo del precio de mercado implica un coste muy alto en términos de margen de intermediación". Se calcula que los bancos pierden al año por este tipo de inversiones 500.000 millones de pesos (167 millones de euros), lo que representa el 2,3% del PIB del país.

Las entidades financieras colombianas están obligadas a suscribir los denominados Títulos de Reducción de Deuda (TRD), activos destinados a efectuar los abonos sobre los saldos vigentes de las deudas individuales para la financiación de la vivienda a largo plazo. En estos títulos tienen que invertir el 0,68% al año de los depósitos durante 6 años a partir del 2000. Por lo tanto, a partir de 2006 esta obligación desaparecerá. Y además, tienen que adquirir obligatoriamente Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) para fomentar el sector agrario. Los banqueros colombianos consideran que estas obligaciones "van en contra de las tendencias internacionales de liberación de los sistemas financieros".

Fuentes del Banco Central (BCRA) explican a este diario que "prácticamente la totalidad del crédito está liberado en Argentina y los bancos tienen libertad para otorgar créditos a quien crean conveniente", aunque reconocen que sí pueden existir algunas normas que indirectamente puedan tener incidencia como las que existen para restringir la concentración de créditos a los clientes, "pero estas normas tienen que ver más con el riesgo y la supervisión que con un intento de orientar el crédito".

Por supuesto, en este país también existen encajes. Actualmente la cantidad de dinero que las entidades financieras deben inmovilizar en cuentas del BCRA es el equivalente al 20% de los recursos ajenos frente al 23% del año anterior. Y el polémico Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, más conocido como 'Impuesto al Cheque' que grava con 1% las transacciones financieras y que tanto disgusta a los banqueros argentinos. Kirchner se ha comprometido a eliminarlo progresivamente, pero, de momento, no se ha decidido a hacerlo. En los primeros cuatro meses del año, el fisco consiguió gracias a este gravamen más del 2% de la recaudación total, 750,8 millones de pesos (204 millones de euros), un 31,3% más que durante el pasado año.

Tampoco hay que olvidar, según algunos observadores, que los diferentes gobiernos argentinos han recurrido a los bancos en muchas ocasiones para obtener financiación a través de colocaciones de deuda forzosa.

Además, aunque el Ejecutivo argentino no ha optado por dirigir la cartera de crédito de los bancos, sí que ha puesto en marcha varias iniciativas para incentivar la concesión de préstamos a determinados sectores, especialmente a las pymes. Entre otras cosas, ha activado una línea de subsidios para financiar con una tasa más baja a estas empresas. El Gobierno organiza una licitación y los bancos presentan sus ofertas de tipos de interés y condiciones para posteriormente otorgar cupos de esa línea. Además, el BCRA ha flexibilizado las normas para facilitar el crédito a las pymes ampliando el tipo de garantías que pueden presentar como aval.

Parece que las entidades financieras en Latinoamérica son grandes aliadas de los gobiernos, aunque sea de forma forzosa y a pesar de las continuas lamentaciones de los banqueros, unas quejas que han encontrado eco en los organismo internacionales. Tanto el Banco Mundial como el FMI han iniciado una cruzada para obligar a que se eliminen estos controles. Pero esta misión, según algunos observadores, no tendrá éxito hasta que las variables macroeconómicas y la evolución de los sistemas bancarios y de valores lo permitan. También habrá que estar pendientes de las presiones que puedan ejercer las agrupaciones rurales, un sector que hoy por hoy tiene un gran peso en el subcontinente.