Jueves 14 de julio de 2005

EEUU, neutral ante las próximas elecciones bolivianas

El Gobierno de EEUU se mantendrá imparcial en las próximas elecciones generales de Bolivia. Así de firme lo ha asegurado el representante del Departamento de Estado para los países andinos, Charles Shapiro, que ha declarado que el Ejecutivo de Bush respetará la voluntad de los electores bolivianos. Esta vez, las autoridades estadounidenses no repetirán la recomendación que emitieron en los anteriores comicios. En medio de la campaña electoral de 2002, en la que se proclamó vencedor Sánchez de Lozada, el embajador de EEUU en el país, Manuel Rocha, pidió a los bolivianos que no votaran al Partido Mas Al Socialismo (MAS).

El diplomático Rocha relacionó directamente al partido que lidera Evo Morales con las redes de delincuencia y narcotráfico. Además, amenazó al pueblo boliviano con suspender la cooperación en el caso de que el candidato del MAS se convirtiera en presidente de la República.

En esta ocasión, Shapiro ha explicado al diario boliviano La Razón que lo más importante para las próximas elecciones es que se refleje la verdadera voluntad de la población. En opinión del representate del Departamento de Estado, los comicios del 4 de diciembre serán un paso decisivo para solucionar los retos políticos y sociales que han convulsionado al país y han provocado una aguda crisis.

De forma paralela a las opiniones internacionales sobre el futuro político de Bolivia, las instituciones del país continúan su trabajo para formalizar el proceso electoral. Hoy, la Corte Nacional Electoral ha remitido el calendario de las próximas elecciones al Congreso de la nación.

En el documento, se fija el plazo de inscripción de los candidatos presidenciales y de los aspirantes a los gobiernos autonómicos. Ya que ambas elecciones se han fijado en la misma fecha, los candidatos podrán registrarse desde el 15 de agosto hasta el 5 de septiembre, 100 días antes de la votación.

Además, la Corte Electoral también establece que los candidatos que desempeñan cargos públicos deberán renunciar a su cargo antes del 5 de octubre.