Lunes 11 de julio de 2005

Uribe invita en Madrid a los empresarios españoles a invertir en Colombia

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, de visita oficial en Madrid (España) hasta el próximo miércoles, ha ofrecido una conferencia esta misma tarde, invitado por el Foro Nueva Economía y Wall Street Journal Europe, en la que ha invitado a los empresarios españoles a invertir en el país.

Esta solicitud se produce después de que Uribe haya firmado con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dos acuerdos, por los cuales se desmonta la doble tributación de las inversiones españoles en Colombia y de las colombianas en España, además de simplificar los trámites burocráticos y establecer un pacto de estabilidad normativa con los inversores.

Uribe ha aprovechado la asistencia de un selecto auditorio donde se encontraba representado los más importantes del sector empresarial español, como el ex presidente del BBVA, Emilio Ybarra, y el presidente de la constructora ACS, Florentino Fernández, para explicar las nuevas oportunidades de inversión que ofrece Colombia.

Los argumentos de Uribe para convencer a los inversores españoles no se han quedado en la ratificación de estos convenios. El presidente de Colombia ha hecho un balance de los logros de su gestión en materia económica y ha lanzado un mensaje en a la comunidad internacional: Colombia ha conseguido reducir su déficit en el equivalente al 60% del PIB colombiano.

Estos nuevos indicadores económicos se han conseguido a través de una reducción del gasto público y de la reciente reforma del sistema de pensiones, que elimina los privilegios de los ex altos funcionarios colombianos e instaura un sistema de equidad social.

Uribe también ha dedicado parte de su discurso ha destacadar los éxitos de su política en contra del terrorismo en Colombia. Tras la reciente aprobación de la Ley de Justicia y Paz, el presidente ha contabilizado en más de 12.000 los paramilitares que se han desmovilizado. Además, ha asegurado que esta es la primera legislación colombiana que tiene en cuenta la justicia social, ya que establece que todos los recursos recaudados de los paramilitares se destinen a un fondo para indemnizar a las víctimas de los saqueos y secuestros.