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Viernes
8 de julio de 2005
Amnistía
Internacional revela en su último informe la falta de voluntad
jurídica contra los homicidios en el país latinoamericano
Escándalo
en Guatemala: mujeres y niñas asesinadas con impunidad
Por
Ángel Gonzalo*
María
Isabel, de 15 años, fue secuestrada en la ciudad de Guatemala
la noche del 15 de diciembre de 2001. Su cuerpo apareció
pocos días antes de Navidad. Según su familia, había
signos de violación, le habían atado manos y pies
con alambre de púas, la habían apuñalado y
estrangulado y después la habían introducido en una
bolsa. Tenía la cara desfigurada por los golpes y el cuerpo
lleno de pequeños agujeros. Llevaba una cuerda alrededor
del cuello y tenía las uñas dobladas hacia atrás.
Pese a algunas
investigaciones iniciales, los responsables del asesinato de María
Isabel siguen en libertad. "La ausencia de investigaciones
y de fallos condenatorios adecuados en casos de homicidios de mujeres
y niñas en Guatemala transmite el mensaje de que en este
país la violencia contra las mujeres es aceptable”,
afirma Amnistía Internacional (AI) en su último informe.
Impunidad.
Según las autoridades de Guatemala, entre los años
2001 y 2004 fueron asesinadas 1.188 mujeres y niñas. Aunque
según otras fuentes, el drama de las cifras podría
ser mucho mayor.
La verdadera
dimensión de los homicidios de mujeres en Guatemala sigue
siendo desconocida, lo que pone de relieve la escasa atención
que prestan las autoridades guatemaltecas a este asunto. A menudo
la violación y otros delitos de violencia sexual son casi
invisibles debido a la ausencia de datos estadísticos fiables
sobre las cifras y las circunstancias de los homicidios de mujeres.
La mayoría
de las víctimas murieron en circunstancias excepcionalmente
brutales. Hay datos que indican que la violencia sexual, y en concreto
la violación, es un fuerte componente que caracteriza muchos
de estos homicidios, aunque a menudo esto no se refleja en los registros
oficiales.
Hasta la fecha,
según la Procuraduría de los Derechos Humanos, sólo
se ha investigado el 9% de los casos. La Fiscalía de la Mujer
del Ministerio Público manifestó que en el 28% de
los 152 casos investigados entre enero y agosto de 2004, las víctimas
habían sufrido agresión sexual y en el 31% habían
sido amenazadas previamente. Sin embargo esa misma Fiscalía
y la sección especial de la Policía Nacional Civil
(PNC) informaron de que el 40% de los casos se archivaban y no se
investigaban jamás.
En febrero de
2004, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la
mujer conoció que dicha sección disponía para
su funcionamiento de 20 investigadores, divididos en cinco grupos
y se calculaba que cada investigador tenía 20 casos pendientes.
De esta forma, es casi imposible garantizar justicia para las víctimas;
así como verdad y reparación para los familiares.
Abusos
durante medio siglo.
En varios
casos, la mutilación y desfiguración a que habían
sido sometidos los cuerpos recordaba los homicidios que se cometían
durante el conflicto armado interno. Según las investigaciones
encargadas para el esclarecimiento de la Memoria Histórica,
de las 200.000 personas que se calcula que “desaparecieron”
o fueron ejecutadas extrajudicialmente durante el conflicto armado
interno de Guatemala, que se prolongó a lo largo de 36 años,
hasta la firma de los acuerdos de paz auspiciados por la ONU en
1996, la cuarta parte fueron mujeres.
Estos datos
permiten afirmar que las violaciones y la violencia sexual eran
parte integrante de la estrategia de contrainsurgencia; por lo que
las mujeres y niñas guatemaltecas llevan sufriendo abusos
durante casi medio siglo.
Mujeres
jóvenes y de escasos recursos. La
mayor parte de las víctimas han sido amas de casa, estudiantes
y profesionales de diversas áreas. Muchas procedían
de sectores pobres de la sociedad, trabajaban en empleos mal remunerados
como empleadas domésticas o en comercios o fábricas.
Algunas eran trabajadoras inmigrantes llegadas de países
vecinos de Centroamérica, otras eran miembros o ex miembros
de bandas juveniles y trabajadoras de la industria del sexo. La
mayoría tenía entre 13 y 40 años.
La mayor parte
de los asesinatos se ha cometido en zonas urbanas que en los últimos
años también han sufrido un espectacular aumento de
la delincuencia violenta, vinculada muchas veces al crimen organizado
o a las actividades de las bandas juveniles callejeras conocidas
como "maras".
Responsabilidad
de las autoridades.
AI destaca que, en el centro de la crisis de derechos humanos que
afrontan las mujeres del país, está la discriminación,
que caracteriza incluso la respuesta de las autoridades.
Algunos funcionarios
califican a las víctimas de ‘miembros de bandas’
o ‘prostitutas’, lo que refleja una gran discriminación
hacia ellas y sus familias. Estas actitudes suelen influir en la
forma en que se investigan y documentan los casos, e incluso la
decisión de si se investigan o documentan.
"La inacción
y la autocomplacencia de las autoridades han intensificado el sufrimiento
de las familias, cuyas peticiones para que se hagan investigaciones
adecuadas suelen encontrarse con el silencio”, afirman desde
AI.
Los organismos
oficiales que intervienen en las investigaciones han afirmado que
el 40% de los casos se archiva sin más. La falta de formación
en técnicas de investigación –que incluye que
no se proteja el escenario del crimen ni se recaben las pruebas
forenses o de otro tipo necesarias, así como no hacer un
seguimiento de pruebas posiblemente cruciales–, la falta de
recursos técnicos y la falta de coordinación y de
colaboración entre las instituciones del Estado significa
que muchos casos nunca hayan pasado de la fase de investigación
inicial.
El primer paso
para atajar un problema de esta envergadura es condenar los secuestros
y asesinatos de mujeres y niñas, ordenar investigaciones
eficaces, dotar de recursos a los organismos competentes, establecer
mecanismos de búsqueda y emprender campañas de ‘tolerancia
cero’ ante estos abusos. “Sólo así podremos
detener este escándalo de derechos humanos que se ha cobrado
demasiadas vidas y que sigue cobrándoselas ante la falta
de medidas de las autoridades”.
*
Periodista de la Agencia de Información Solidaria
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