Viernes 15 de julio de 2005

Los nombramientos de los nuevos gobernadores provocan las primeras protestas en contra el Gobierno de Rodríguez

Bolivia, estabilidad salpicada por protestas

Por Americaeconomica.com

La semana ha empezado complicada para el 'interino' Gobierno Boliviano. Cuando el presidente Eduardo Rodríguez todavía celebraba los éxitos del acuerdo en Congreso para celebrar las elecciones generales el próximo 4 de diciembre y se concentraba en ultimar las formalidades legislativas, las protestas han resurgido. Nadie lo esperaba, pero el lunes, tras la designación de los nuevos gobernadores, uno para cada una de las provincias del país, algunos grupos sociales se decidieron a expresar su oposición contra las nuevas autoridades y no dudaron en retornar a los casi olvidados bloqueos de carreteras.

Los nombramientos de los gobernadores no han cumplido las expectativas de algunos colectivos sociales. En el Pando, el Comité cívico de este municipio ha rechazado la designación de Pedro Brigael, que siempre se ha mostrado en contra de la autonomía y han provocado las primeras protestas a las que hace frente el presidente Rodríguez. Pero el conflicto no se queda aquí, en la provincia de Santa Cruz, el sector campesino se opone al nombramiento de Rubén Darío Cuéllar, un asesor del Comité Cívico. Los campesinos temen que las vinculaciones de Cuéllar con los empresarios cruceños alimentará las aspiraciones políticas de los líderes del Comité e irá en detrimento de las exigencias campesinas.

Unos incidentes a los que el Gobierno ha respondido con rapidez. A través de un comunicado, Rodríguez ha asegurado que no rectificará ningua de las designaciones.

El presidente boliviano nombró a principios de esta semana a ocho gobernadores y ratificó en su cargo a Nicolás Quenta como máxima autoridad local en La Paz. En el acto de presentación, el mandatario afirmó que el objetivo de los nuevos designados era garantizar la transparencia en las próximas elecciones, velar por la seguridad ciudadana y preservar el principio de legalidad. Pero, a pesar de estas explicaciones, el conflicto se ha desatado en dos departamentos.

Protestas. La provincia que concentra mayor convulsión es el Pando, situado al noroesta de La Paz y fronterizo con Brasil. Desde la fecha hasta ahora, los miembros del Comité Cívico tienen bloqueado los accesos a la capital del departamento, Cobija, y tiene tomado el control de su aeropuerto. El mensaje de los líderes políticos de este Comité es rotundo: continuarán con las protestas hasta que el nuevo gobernador, Pedro Bigabiel, renuncie a su cargo. Esta organización que, junto a Santa Cruz, Tarija y Beni, han liderado las exigencias de autonomía y mayor independencia del Gobierno Central en la gestión de los hidrocarburos, critica que el nuevo prefecto es contrario a estos intereses.

El segundo lugar en discordia presenta una situación muy particular. En Santa Cruz, el nombramiento de Cuéllar ha provocado una división de opiniones entre el Comité Cívico y la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos. A pesar de que Cuéllar ha asegurado que aplicará el principio de legalidad y se ha definido como una persona independiente, el sector campesino no confía en su declaraciones y amenazan con iniciar actos de protesta.

Al día siguiente de los nombramientos, cuando se oficializó la oposición a Bigabriel y Cuéllar, el portavoz de Asuntos Políticos boliviano, Jorge Lazarte, explicó que las autoridades locales fueron elegidas para representar regionalmente el perfil del Gobierno y asegurar imparcialidad en las próximas elecciones. Antes de zanjar esta cuestión, el portavoz boliviano solicitó tiempo para que los nuevos gobernadores puedan demostrar su valía en el cargo.

Con estas declaraciones, el Ejecutivo de Rodríguez apartaba el tema y concentraba su actividad en nuevos retos, como recuperar la confianza de los inversores extranjeros.

Nuevos objetivos de Rodríguez. Una vez que ya se ha encaminado el proceso electoral, el Gobierno boliviano busca que las empresas internacionales vuelvan a confiar en el país. Para ello, todavía queda una cuestión pendiente. Tras la aprobación, hace dos semanas, de la Ley de Hidrocarburos promulgada el pasado 17 de mayo, por la anterior Administración de Carlos Mesa, algunas petroleras internacionales han expresado su disconformidad con el nuevo marco legislativo, que implica una subida tributaria.

Pero Rodríguez impone a estas situaciones un talante conciliador y ha aceptado la solicitud de diálogo de tres petroleras europeas, la hispano argentina Repsol YPF, la británica British Gas y la francesa Total, que quieren concretar los términos de la migración de sus contratos a la nueva legislación.

Estas compañías internacionales, que juntas controlan el 70% de las reservas de gas boliviano, quieren tratar de primera mano con la "interina" Adminsitración boliviana la repercusión en sus inversiones de las condiciones legales que aprobó Mesa, por las cuales se incrementan al 18% el pago de regalías y al 32% los impuestos directos a los hidrocarburos.

Por otra parte, el Gobierno boliviano también busca participar activamente en el nuevo proyecto energético latinoamericano, el denominado "anillo energético". Rodríguez no quiere dejar escapar esta oportunidad y, durante el pasado fin de semana, estuvo resaltando ante la prensa extranjera las bondadess que Bolivia podría aportar al plan para suminsitrar gas a los países del Cono Sur, entre ellos la posición estratégica de Bolivia y sus reservas de gas, cuantificadas en 48 trillones de pies cúbicos.

Unas gestiones que compromenten el futuro del país, pero que no acaparan la atención del resto de partidos políticos bolivianos, que concentran sus esfuerzos en preparar y consolidar sus candidaturas presidenciales.

Clima electoral. Los aspirantes a convertirse en presidente de la República de Bolivia están involucrados ya, de pleno, en la campaña electoral. Ahora es el turno de proponer nuevas estrategias para el país. Y, precisamente, en esto trabajan los que ya han presentado su candidatura, como el ex presidente Jorge Quiroga, de orientación ultraderechista, el empresario Samuel Dora Medina, que ofrece una política de centro, y el líder cocalero Evo Morales, representante de la izquierda.

Los tres, ya han formalizado su candidatura. Pero todavía hay algunas pendientes, como la del actual presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, que a pesar de sus aspiraciones aún no ha podido oficializar su propuesta Presidencial, ya que no se ha esclarecido la legalidad de su presentación.

La Constitución boliviana impide la reelección del presidente y vicepresidente. Por este motivo se podría impedir la candidatura de Vaca Díez, que tras la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, ocupó la presidencia mientras se confirmaba el nombramiento, primero de Carlos Mesa y después de Eduardo Rodríguez. Según los expertos, todo depende de cómo se interprete la ley.

Una posibilidad que se confirmará en los próximos días y que también repercutiría en las candidaturas de Carlos Mesa y Jorge Quiroga. El proceso electoral continúa abierto. Mientras, los sectores sociales se hacen oir con el retorno a las protestas y el Gobierno intenta mediar con las petroleras internacionales. Un panorama que no resulta tan alentador como el de la semana pasada.