Viernes 15 de julio de 2005

El mandatario se asegura de que la autoridad monetaria disponga de nuevas fuentes de ingresos

Chávez y el dilema del Banco Central de Venezuela

Por Gema Velasco

El Congreso de Venezuela está a punto de aprobar definitivamente la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) que promueve Hugo Chávez para tener legalmente acceso a las reservas de la autoridad monetaria. El mandatario latinoamericano justifica su decisión en el hecho de que, a su juicio, sobran divisas. Y puede que sea cierto. El petróleo y el Gobierno se están encargando de engordar estos fondos.

No está muy claro cuál es la cantidad mínima de reservas que necesita Venezuela. Según la nueva Ley, ese cálculo lo tendrá que realizar anualmente el BCV, presidido actualmente por un hombre próximo a Chávez, Gastón Parra Luzardo. Y si no lo hace, será la Comisión de Finanzas del Congreso, controlada por el Movimiento V República (MVR), la que lo haga. Es probable que la cifra final se ajuste, al menos este año, a las expectativas de Chávez.

El presidente venezolano cree que con 20.000 millones de dólares (16.546 millones de euros) sobra para respaldar la economía del país. Y actualmente las reservas ascienden a 29.230 millones de dólares (24.183 millones de euros), incluidos los 720 millones (595 millones de euros) del Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM). El excedente es considerable.

El aumento de los precios del petróleo en los mercados internacionales, un 30% en lo que va de año, ha contribuido a conseguir esta hazaña. Una gesta que es posible que no se repita.

Una tregua. Estas elevadas cotizaciones no pueden mantenerse siempre. Los huracanes, guerras y atentados tendrán que dar en algún momento una tregua, aunque sea mínima, a los países importadores de petróleo. Pero, además, con la reforma de la actual Ley del BCV se elimina la obligatoriedad que tiene la petrolera estatal Pdvsa de vender exclusivamente al BCV las divisas procedentes de sus exportaciones. Las reservas entonces disminuirán.

Pero Chávez ha tomado recientemente varias iniciativas que en principio no tienen nada que ver con el BCV, pero que de forma indirecta contribuirán a 'blindar' los recursos de la autoridad monetaria. De esta forma, el Gobierno se asegura de que su reforma de la Ley de BCV no tenga un impacto demasiado negativo en las reservas. No quiere dar a los detractores de estos cambios, que son muchos, un argumento más en su contra.

Una de esas acciones es la aprobación de la Ley de Ilícitos Cambiarios aprobada esta misma semana en el Congreso. Chávez llevaba más de un año dando vueltas a esta regulación y por fin la ha logrado sacar adelante gracias a que controla la mayoría en el Parlamento. El texto legal tiene como objetivos fundamentales frenar la fuga de capitales y reforzar los controles de tipo de cambio decretados en 2003 introduciendo severas multas y hasta penas de cárcel para los delincuentes financieros.

Esa es la meta del Gobierno. Pero una de las consecuencias de esta nueva regulación es que entrarán divisas extra en el BCV. Estos delitos, según se explica en la exposición de motivos, atentan contra la estabilidad económica y de precios, y específicamente se destaca que "el daño inmediato va dirigido hacia las reservas internacionales de la autoridad monetaria".

Multas y cárcel. A partir de ahora, el BCV tiene nuevas y contundentes armas para proteger sus divisas: multas y cárcel. Aquellos que se atrevan a desafiar los controles y se resistan a aceptar que la única moneda venezolana es el bolívar se enfrentarán a severas sanciones. Las personas (físicas y jurídicas) que realicen transacciones en moneda extranjera equivalentes a 10.000 dólares (8.273 euros) o más serán multados con una cantidad que puede ser similar o hasta tres veces el monto de la operación.

Y se exige, además, la obligación de reintegrar las divisas al BCV en tres casos: quien realice transacciones en divisas por un valor mayor de 4.000 dólares (3.310 euros) para las personas físicas y 9.000 (7.449 euros) para las jurídicas vulnerando los requisitos que establecen las normas. Quien obtenga divisas de la autoridad competente (Cadivi) alegando un motivo falso, y quien destine las divisas obtenidas lícitamente con fines distintos a los que motivaron su autorización. Los delitos más comunes, según ha detectado la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), el organismo que gestiona las divisas en el país, desde su creación.

El endurecimiento de la legislación contra los crímenes financieros tendrá, por tanto dos efectos positivos sobre las reservas. Por un lado, evitarán que desaparezcan por uso fraudulento, y por otro, aumentarán por los reembolsos obligatorios.

De momento, es difícil calcular qué supondrá en números para el BCV esta nueva legislación. Pero a juzgar por el nerviosismo que ha generado en algunos sectores podría tratarse de una bonita suma. El Cadivi afirma que desde que se anunció la ley se han acumulado más de 200 denuncias contra individuos y empresas que supuestamente han realizado operaciones fraudulentas en dólares. Y la presidenta de este organismo, María Espinoza, ha mostrado en público su sorpresa por la cantidad de artistas internacionales que han llegado últimamente al país, mientras que las empresas de espectáculos que los contratan no han solicitado divisas a través del Cadivi. Parece que las autoridades están afinando su olfato.

Ángel de la guarda. También habrá cárcel para los delincuentes financieros. Los que realicen transacciones ilegales con divisas por valor de más de 20.000 dólares (16.546 euros) podrían permanecer en prisión hasta seis años. La decisión de infringir un severo castigo a quien haga un mal uso de las divisas tiene, además, otra implicación importante. Está claro que el presidente venezolano, a pesar de las presiones, no se plantea eliminar los controles de tipo cambio, una regulación que ha sido (junto al petróleo) el ángel de la guarda de las reservas internacionales. Desde que se establecieron estas restricciones hasta la fecha estos fondos han aumentado un 106%.

Es normal que los inversores, las empresas y los operadores de divisas estén tensos. De hecho, algunos expertos consultados por este diario creen que este marco normativo con fuertes sanciones penales puede generar trastornos cambiarios porque da a los inversores señales de mayor riesgo lo que podría generar presiones en el mercado paralelo, incentivar la salida de capitales y alentar las actividades especulativas. De momento, cuando sólo han transcurrido dos días de la aprobación de la Ley, el tipo de cambio en el mercado 'negro' se mantiene estable en el torno de los 2.520 bolívares por dólar (para la compra) y los 2.560 (para la venta). El tipo de cambio oficial, tras la última devaluación de febrero de 2004 está situado en 1.920 bolívares por billete verde.

Hay otra norma que también de forma indirecta beneficiará al BCV cuando se apruebe, probablemente este mes. En esta ocasión afecta a los bancos. El Gobierno de Chávez quiere cambiar la regulación de las 'inversiones cedidas', instrumentos que posibilitan a los bancos vender participaciones a sus clientes de su cartera de inversiones. Una vez que se aprueben los cambios, los bancos tendrán que contabilizar en el balance sus carteras y las participaciones que mantienen en ellas tanto inversores privados como entes oficiales. Hasta ahora se mantenían en cuentas de orden.

Los bancos. Estas 'inversiones cedidas' han sido hasta ahora uno de los instrumentos preferidos por las entidades financieras para captar fondos sin estar obligados a depositar en el BCV el encaje que se aplica a los depósitos y que en la actualidad es del 15%. Pero esto se va a acabar muy pronto. En el mes de mayo, estos instrumentos sumaban en el sistema financiero venezolano 13,6 billones de bolívares (5.234 millones de euros) por lo que las cuentas de la autoridad monetaria engordarán de un plumazo en unos dos billones de bolívares (783 millones de euros). En esta ocasión, lo que consigue Chávez es incorporar dinero no a las reservas sino a las propias cuentas del BCV en bolívares, lo que podría dejar sin argumento a los críticos que advierten de una posible descapitalización de la entidad tras la reforma de la Ley del ente emisor.

Y además, ayuda al BCV a cumplir otro de los deseos que Chávez ha regulado en la nueva legislación del BCV. A última hora, la Administración decidió incorporar la modificación del artículo 48 de la Ley, que es el que establece las operaciones que puede realizar la autoridad monetaria con los bancos y las instituciones financieras. Chávez ha aprovechado esta reforma para aumentar los incentivos que da a los bancos del país para financiar al sector agrícola. A partir de ahora, el BCV podrá dar créditos a las entidades con un plazo de hasta dos años prorrogables con este objetivo. Los préstamos podrán adoptar la forma de redescuento, descuento o anticipos. Es muy posible que el dinero de los encajes de los bancos sirva al BCV para dar facilidades a las propias entidades financieras.

Muchas críticas. Los movimientos de Chávez parece que están coordinados para conseguir controlar parte de las reservas del BCV con el fin de financiar sus proyectos sociales pero sin generar un drama en la autoridad monetaria. Algo que no convence a la oposición ni a muchos economistas del país. A pesar de todo, la reforma de la Ley del BCV será aprobada en los próximos días en el Congreso gracias, de nuevo, a la mayoría parlamentaria. Un analista político venezolano consultado por Americaeconomica.com asegura que es la primera vez en la historia legislativa del país que se aprueba una ley sin discutirla y sin haberla dado a conocer previamente a los diputados.

Aunque sí que ha habido datos sobre los cambios que planea el Gobierno. Esta semana, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela dio el visto bueno al proyecto. No se han hecho demasiados cambios respecto al texto inicial. Pero reveladores. Uno de ellos es el mencionado anteriormente del artículo 48; el otro es más impactante.

El principal objetivo de la reforma es capacitar al Gobierno para nutrir con divisas el nuevo Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden). En un principio, se hablaba de 5.000 millones de dólares (4.138 millones de euros). Pero en la última versión se decidió incrementarlo en otros 1.000 millones de dólares (827 millones de euros) hasta los 6.000 (4.964 millones de euros).

El argumento. Este imprevisto incremento está justificado con el mismo argumento que ha animado a Chávez a proponer una reforma de la Ley del BCV: las reservas internacionales han aumentado mucho. La propuesta será discutida por el pleno del Congreso por segunda vez la próxima semana. Y al igual que en la primera ocasión no se espera que el Gobierno tenga ningún problema para sacar adelante su plan.

Aunque las críticas son muchas y de todo tipo. Algunos expertos consultados creen que la nueva Ley implica una clara pérdida de autonomía del ente emisor y una subordinación de la política monetaria, que es responsabilidad del BCV, a la política fiscal, responsabilidad del Gobierno.

A su juicio, se trata de un paso más en el intento de la Administración de Chávez de apoderarse de las instituciones del país y recuerda otros dos episodios relacionados con el BCV: "Cuando Chávez nombró su presidente al frente de esta entidad haciendo caso omiso de la Ley, y cuando obligó al BCV, a través de un artificio contable, a entregar 1.000 millones de dólares (835 millones de euros) para un fondo rotatorio de su política agrícola".

Desde el punto de vista económico también existen varias críticas. Algunos observadores explican que el Gobierno de Chávez, en un principio, optó por modificar el artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) que establece en su tercer párrafo la facultad del BCV para administrar las reservas internacionales. Sin embargo, debido a las dificultades que entrañaba modificar un texto constitucional, el Gobierno prefirió modificar el artículo 113 de la Ley del BCV que es el que establece que "las divisas que se obtengan por concepto de las exportaciones de hidrocarburos deberán ser vendidas exclusivamente al BCV, al tipo de cambio que rija para cada operación". De esta forma, lo que regula la autoridad monetaria es esa obligación.

Pequeño detalle. El problema que ven los expertos no tiene que ver ya por tanto con las divisas que no se venden al BCV puesto que al no hacerlo ya no forman parte de las reservas internacionales, sino con la intención de Chávez de crear el denominado Fonden, que será reglamentado en una ley posterior y al que el BCV tendrá que aportar esos 6.000 millones de dólares. Según uno de los analistas consultados "el detalle en el que no repararon es que sólo quedan dos alternativas para el aporte: o los recursos provienen de las reservas internacionales actuales o del capital del BCV". En el segundo caso, se produciría la descapitalización de la autoridad monetaria, y en el primero se violaría el artículo 320 de la Constitución. Este artículo, entre otras cosas, establece que "en el ejercicio de sus funciones el BCV no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias".

Pero además, las implicaciones podrían ser incluso macroeconómicas. Según explica un experto, en un futuro no tendría que haber problemas porque el Fonden se alimentará de dólares que directamente no ingresan al BCV por lo que la autoridad monetaria no entregará bolívares a cambio. Sin embargo, sí reconoce que el conflicto surgirá en este semestre cuando el ente emisor tenga que desembolsar 6.000 millones de dólares de reservas que ya Pdvsa vendió al BCV y por los cuales el Gobierno ya recibió sus bolívares. Ahora al ser aportados al Fonden habría una duplicación de esa masa monetaria. Conclusión: podrían aparecer graves tensiones inflacionistas.

El Gobierno, sin embargo, asegura que no es cierto, pero el argumento no tiene nada que ver con la masa circulante de dinero sino con el destino de esos recursos. El dinero del Fonden, según afirman desde el Ejecutivo, se utilizará para importar componentes necesarios para los proyectos de inversión en la economía real, programas de salud y educación y en la recompra de deuda externa. Son recursos que, por tanto se usarán internamente por lo que, según afirman, no tendrá efecto en la inflación.

En cualquier caso, lo que parece claro es que las discusiones políticas, económicas y técnicas en torno a la reforma de la Ley del BCV no van a desanimar al presidente venezolano a utilizar todos los recursos a su alcance para sacar adelante sus programas sociales. Al fin y al cabo en ellos se basan su compromiso electoral y ahora vienen muchas citas claves. En agosto se celebran comicios a consejos municipales, en diciembre legislativos y en 2006 habrá elecciones presidenciales.