Viernes 29 de julio de 2005

El Gobierno argentino intenta sin éxito frenar el alza de los precios

El fantasma de la inflación persigue a Kirchner

Por Gema Velasco

Uno de los miedos más profundamente instalados en la mente de los argentinos está relacionado con el aumento incontrolado de los precios. La inflación llegó en los años 80 y 90 a superar el 600%, con variaciones diarias traumáticas para la población. Ahora las cosas son muy distintas, pero los precios han iniciado una carrera alcista que trae viejos y malos recuerdos. El Gobierno de Kirchner está luchando con todas sus armas para controlar la situación. Pero, de momento, no ha tenido éxito y el presidente comienza a perder popularidad.

En junio, la inflación se situó en el 0,9% y el crecimiento acumulado en la primera mitad del año es ya del 6,1%. Además, el ritmo de incremento de los precios se está acelerando. En la primera semana de julio fue ya del 0,8% y, según algunos cálculos, a finales de mes podría colocarse en el 1,5%. Será difícil, si las cosas no cambian, que la inflación logre mantenerse a final de año en el 10,5%, el máximo que se ha fijado el Gobierno. Pero aún si se consigue esa meta, esa tasa está muy lejos de la inflación anual de en torno al 3% de principios de 2004 cuando tan sólo había pasado medio año desde que Kirchner llegó al poder.

La situación preocupa mucho al Gobierno austral. Entre otras cosas porque esto es algo que los argentinos no olvidan y en octubre habrá elecciones legislativas. Pero, además, la Administración Kirchner tiene al FMI presionando de cerca. En estos momentos, se encuentran renegociando un acuerdo que permita al país reestructurar su deuda con el organismo y entre las muchas cosas que preocupan al Fondo que dirige Rodrigo Rato se encuentra la evolución de la inflación.

Burbuja financiera. Aunque hay más motivos. En este momento, el 37% de la deuda argentina está denominada en dólares e indexada a la evolución de los precios (tasa CER). Si la inflación se desmadra, la factura podría ser muy costosa para el Estado argentino. Según algunas estimaciones, los 6.700 millones de pesos (1.941 millones de euros) de Bonos del Gobierno Nacional a amortizar de 2014 (Boden 2014) emitidos este año en moneda nacional y vinculados a la tasa CER podrían convertirse en 15.000 millones (4.346 millones de euros) en la fecha de vencimiento si la inflación continúa por encima del 10% anual.

La situación es complicada. Por eso Kirchner está empleando todos los medios a su alcance para enderezar esta vital variable macroeconómica. Con este objetivo, el Gobierno negó recientemente un aumento de las jubilaciones del 10% y está en negociaciones con diferentes sectores económicos para impedir que suban los precios. Además, ha anunciado que este año, y probablemente el próximo, no se volverán a emitir títulos indexados a la inflación, los instrumentos preferidos en estos momentos por los inversores extranjeros.

El Ministerio de Economía realizó este último anuncio esta semana. El objetivo es mantener el tipo de cambio en el entorno de los tres pesos por dólar, una cotización que el titular de esta cartera, Roberto Lavagna, se ha comprometido a mantener en los próximos tres años.

Con esta iniciativa, la Administración argentina pretende evitar que estalle una peligrosa burbuja financiera en el país. Al no emitir títulos en pesos indexados a la tasa CER se evita que los inversores utilicen este instrumento para comprar moneda doméstica con dólares y después, una vez cobrada la rentabilidad ofrecida (16%, una tasa superior a la inflación) en pesos, adquirir de nuevo dólares. Una estratagema que, según teme el Gobierno, podría generar la mencionada burbuja financiera y distorsiones en los mercados de divisas, puesto que se producen presiones alcistas sobre el peso, y sobre la evolución de la inflación, debido a que para evitarlo el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se ve obligado a emitir más dinero con el fin de sostener la cotización del dólar, lo que empuja los precios al alza.

Multas ejemplares. La influencia de estas medidas sobre la inflación todavía está por ver. Pero, por si acaso, Kirchner no se ha limitado a tomar decisiones de tipo técnico sino que, además, ha comenzado a vigilar de cerca a las empresas, a las que, en más de una ocasión, ha culpado del aumento de los precios. Este acoso ha dado resultados.

Esta misma semana, el Gobierno argentino ha impuesto una multa de 108 millones de dólares (89,88 millones de euros) a las cinco principales empresas productoras de cemento del país (Loma Negra y Cementos San Martín, Minetti, Cemento Avellaneda y Petroquímica Comodora Rivadavia). Juntas acaparan el 80% del mercado nacional y se las acusa de pactar entre ellas los precios de venta y repartirse el mercado doméstico durante nada menos que 18 años, entre 1981 y 1999. Una actitud que, según Lavagna, provocó el aumentó de los precios en el sector de la construcción durante esa década.

La sanción ha sido ejemplar. Es la mayor que ha impuesto jamás la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Kirchner ha calificado la multa de "saludable" porque se ha decidido siguiendo los procedimientos legales. Las cementeras, como era de esperar, no están de acuerdo. Niegan las acusaciones y han anunciado que recurrirán la sentencia.

Pero no es esta la única sanción que se ha producido en los últimos días por este motivo. El Ministerio de Economía multó con 70 millones de pesos (20 millones de euros) a cuatro empresas químicas que, al parecer, pactaron los precios del oxígeno medicinal. Probablemente en las próximas semanas se produzcan más decisiones de este tipo por parte de las autoridades argentinas.

Menos confianza. Los esfuerzos del Gobierno de Kirchner por controlar la inflación no convencen, de momento, a los ciudadanos porque todavía sus efectos no han llegado a sus bolsillos. De hecho, las compras en los supermercados han comenzado a descender por culpa del incremento de los precios. En el mes de junio, aumentaron un 7,8%, lo que supuso un descenso del 1,9% respecto a mayo.

La decepción ciudadana también se aprecia en las encuestas. El Índice de Confianza en el Gobierno (IGC) muestra en estos momentos el registro más bajo desde que el presidente Néstor Kirchner llegó al poder. Los responsables del estudio elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina) consideran que el malestar de los argentinos puede responder a varias causas, entre ellas su descontento por el incremento de la inflación.

El ICG tiene una escala que va de los cinco puntos (puntuación máxima) a cero puntos (puntuación mínima) y se calcula mensualmente sobre una muestra de 800 encuestas realizadas por teléfono en las principales provincias del país. A los consultados se les pregunta su opinión sobre cinco asuntos: la valoración general del Gobierno, la preocupación por el interés general, la eficiencia en la administración del gasto público, la honestidad de los funcionarios y la capacidad para resolver los problemas del país.

Este índice se colocó el pasado mes en 2,07 puntos, lo que supone un descenso del 10% frente al mes anterior. Se trata de la cuarta caída consecutiva. La opinión de los argentinos empeoró respecto a las cinco consultas realizadas. El responsable de la elaboración del ICG, Sergio Berenstein, destacó en declaraciones al diario La Nación la velocidad a la que ha caído el índice entre marzo y julio, un ritmo similar al que experimentó entre marzo y agosto de 2004, cuando las preocupaciones de los argentinos estaban fundamentalmente relacionadas con la inseguridad.

Ahora las cosas han cambiado. Según Berenstein, hay varios motivos que podrían explicar la menor confianza que existe en el Gobierno de Kirchner, entre ellas, la mencionada evolución de la inflación. Pero también podría haber comenzado a disgustar a los argentinos el peculiar estilo del presidente y el hecho de que parezca que el Gobierno está en campaña permanente. En las elecciones de octubre el mandatario argentino tendrá ocasión de comprobar cuál es el actual estado de ánimo de sus conciudadanos.