Viernes 29 de julio de 2005

El impacto del Protocolo de Kioto en la sociedad española afecta sobretodo al sector eléctrico

El dióxido de carbono por las nubes

Por Alberto Miguel Arruti

Del Protocolo de Kioto se ha hablado mucho ayer. Y se seguirá hablando y escribiendo, porque está causando profundos quebraderos de cabeza a la industria española. No entramos en el debate sobre el cambio climático. Son muchos los científicos que opinan sobre el mismo y le atribuyen grandes desgracias, que traerá a nuestro planeta. Pero también hay científicos, y de mucho prestigio, que ponen en duda el cambio climático, al menos el actual. La Tierra, según ellos, ha experimentado a lo largo de su historia muchos y diversos cambios climáticos. Y nuestro planeta sigue. Y detrás de todo esto del Protocolo de Kioto se esconden, según estos mismos científicos, oscuros intereses económicos y políticos.

Pero dejemos esta disputa a un lado. El Protocolo ha sido aceptado por la Unión Europea. Y, en consecuencia, por España. Hace un año nuestro Gobierno calculaba en unos 90 millones de euros la inversión empresarial necesaria para la compra de derechos en emisiones contaminantes. En este momento, esta carga se ha multiplicado por tres. Lo que representa más de 270 millones. Si, además, tenemos en cuenta el déficit total de dióxido de carbono frente a la petición más amplia formulada por las empresas, la inversión total para cumplir el Protocolo alcanza los 472 millones de euros. Dicho de otra forma, cinco veces más que la previsión, que había hecho el Gobierno.

El Protocolo afecta, sobre todo, al sector eléctrico. Y también al refino de petróleo, a la siderurgia, a las industrias del cemente y de la cal, a las del vidrio y cerámica, a las del papel y cartón y a otras más. Si nos referimos solamente a la industria siderúrgica, la asignación, según el Gobierno, de millones de toneladas de CO2, era de 11,23. En cambio, la petición de este sector, es de 12,30, la diferencia es de 1,07. Hace un año, el precio de la tonelada de CO2 era de 10 euros. Ahora, es de 30 euros. Luego el coste, en millones de euros, hace un año, era de 10,7. Ahora lo es de 32,1. Un razonamiento similar podríamos hacer para los otros sectores de empresas afectados por el Protocolo. Empresas como Arcelor, Acerinox, en el campo de la siderurgia, y Unión Fenosa, Gas Natural, Vidrala, Cementos Molins, y otras muchas se encuentran en esta difícil coyuntura. Las causas de esta subida del precio son múltiples. Podríamos citar la fuerte sequía en Europa, los altos precios del petróleo, carbón y gas, la escasez de derechos en la industria europea y los registros nacionales, que han permitido entrar a las compañías en la bolsa de dióxido de carbono en el último momento, como algunas circunstancias, que pueden explicar esta subida de precios.

Según el Plan Nacional de Asignación (PNA) de emisiones, cada instalación (hay 957 instalaciones incluidas en el Plan) recibió, en el pasado enero, una cifra de derechos de emisión, que no puede superar. Si sus emisiones son mayores, la empresa debe acudir al mercado europeo. Esta es la situación tal y como se presenta en este momento. Basta su enunciado para comprender que es preocupante.

En cuanto al sector eléctrico, el Protocolo parece llamado a actuar sobre los precios de la luz y a modificar la actual estructura de la tarifa eléctrica, porque su coste no podrá reacer exclusivamente sobre las empresas.

No se tiene todavía claro cómo será el impacto contable del Protocolo. Aunque el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) emitió a finales del pasado año, una guía sobre esta cuestión.