Viernes 29 de julio de 2005

Los sindicatos y más de 800 organizaciones de Costa Rica luchan para fomentar el rechazo a la aprobación del Cafta

Una lejana ratificación

Por Víctor M. López

El sector sindical de Costa Rica se ha convertido en uno de los obstáculos más infranqueables para la ratificación en la Asamblea Legislativa del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y EEUU (Cafta en sus siglas en inglés). Junto a más de 800 organizaciones de todo tipo (estudiantiles, mujeres, ecologistas, etc...), unificadas bajo el movimiento Comisión Nacional de Enlace realizan campañas informativas para concienciar a los costarricenses de los efectos negativos del pacto. Su mensaje expone que el Tratado privatizará servicios básicos como el agua, los seguros y las telecomunicaciones, que deben ser dirigidos por el Estado.

Sin embargo, tanto el Partido de Liberación Nacional (PLN), dirigido por Oscar Arias, actual candidato a la Presidencia, como el Partido de Unidad Social Cristiana (PUSC) del presidente de la República, Abel Pacheco ,máximo defensor del Cafta, argumentaron que aunque algunos sectores se puedan ver perjudicados, la ratificación del pacto permitirá la apertura al capital privado que es necesaria para la renovación de infraestructuras y generará trabajo. Además, fomentará la integración en un gran bloque comercial en el continente americano. Pero parece ser que las ideas de Arias no agradan a los estudiantes, por ejemplo, que hace dos semanas le abuchearon en la Universidad de Costa Rica, cuando pretendía participar en el programa "Economía y Sociedad", transmitido por la televisión universitaria.

Los informes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados contradicen las afirmaciones del diputado del PLN y aseguran que el sector más afectado de Costa Rica serán la agricultura, que podría perder 100.000 empleos.

La aprobación del Cafta por la Cámara Legislativa en EEUU el pasado jueves ha hecho aumentar las presiones en Costa Rica de los que están a favor y en contra del tratado. El director de la Comisión Nacional de Enlace, Fabio Chávez, amenazó con convocar una huela nuna vista si el pacto llega al Congreso. Por su parte, la agrupación "Por Costa Rica", liderada por el ex ministro de Comercio Alberto Trejos, opina que el tiempo corre ya en contra de los costarricenses y ha solicitado al presidente Abel Pacheco que envíe el TLC a la Asamblea Legislativa para su aprobación.

Todas estas discusiones sobre el Cafta están afectando a la opinión que los ciudadanos de Costa Rica tienen sobre el tratado. Los últimos sondeos, realizados por la empresa Unimer, indican que el 51% de los costarricenses rechaza la aprobación del pacto, casi un 28% menos que el año pasado. Sin embargo, su opinión no tiene peso político a no ser que se realice un referéndum, opción que, según las encuestas de la Universidad de Costa Rica, pide un 68,9% de los ciudadanos. Pero la legislación de la República no contempla la figura de la consulta popular, aunque el Congreso analiza un proyecto que pretende abrir esta posibilidad.

Las telecomunicaciones, en peligro. Expertos en telecomunicaciones advierten que este sector sería el más perjudicado de aprobarse el TLC. Según explicó el director de la Unidad Sindical de Trabajadores de Costa Rica, Denís Cabeza, actualmente el 94% de la población tiene líneas telefónicas cuyo servicio es proporcionado en monopolio por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que además ofrece electricidad al 97% del país.

Costa Rica posee la tarifa más baja en telefonía del continente americano, cuyo minuto cuesta seís centavos de dólar, mientras que en Nicaragua, por ejemplo, tiene un precio de 20 centavos. El ingeniero en telecomunicaciones Gerardo Fumero, quien durante los últimos meses ha escrito informes sobre la viabilidad del TLC, expone que, de permitir la participación de empresas estadounidenses en el sector, las tarifas podrían aumentar en un 300%.

Pero no todos los expertos comparten estas mismas opiniones y algunos consideran que el ICE no tiene los recursos ni la tecnología suficiente para continuar desarrollándose y tendría que endeudarse, tal como se explica en una editorial del periódico costarricense La Nación. Además, nueve de cada diez ciudadanos respaldan estas consideraciones y creen que son necesarias las inversiones extranjeras para que el país sea competitivo en el mundo.

EEUU, que sigue de cerca la polémica en el ámbito de las comunicaciones, ha mostrado su preocupación. Rober Zoellick, el antiguo subsecretario comercial de este país, advirtió a las autoridades nacionales de Costa Rica que podría ser excluida del TLC si el sector de las telecomunicaciones queda fuera de la negociación.

Sin fecha de ratificación. En la agenda de Costa Rica todavía no está marcada la fecha de la ratificación del Cafta. El presidente de la República, Abel Pacheco, manifestó que no llevará el tratado ante la Asamblea Legislativa si no se aprueba antes la reforma del Plan Fiscal presentada por el Gobierno cuyo objetivo principal es reducir los procesos de inflación que vive la República. Sin embargo, los efectos que se producirían al aplicar los ejes principales del proyecto, basados en el aumento del gravamen sobre algunos servicios como la sanidad o la educación y la modificación del impuesto sobre la renta, no son aceptados por todos los diputados del Congreso.

Para calmar el revuelo en su país, Pacheco ha depositado su confianza en una comisión de cinco miembros destacados de la sociedad con el objetivo de conseguir un dictamen que evalúe las consecuencias del Tratado y que conveza a la población de los efectos positivos del TLC.

Los integrantes de esta comisión son: el astronauta costarricense Franklin Chang; el presidente del Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), Rodrigo Gámez; el ex rector de la estatal Universidad de Costa Rica Gabriel Macaya; el abogado y diplomático Álvar Antillón, experto en tratados internacionales, y el sacerdote Guido Villalta, vicario de la pastoral social de la arquidiócesis de San José, como representante de la Iglesia católica. Estos `elegidos´tendrán un plazo de dos meses para emitir una recomendación, que no tendrá un efecto vinculante en la resolución final tomada por Pacheco.

Sin embargo, fuentes diplomáticas de la Embajada de España en Costa Rica remarcaron a Americaeconómica.com la neutralidad de los cinco notables. Fumero, que no duda de la honorabilidad y experiencia de los miembros, ha reconocido que "no son del todo imparciales" y que están ligados determinados intereses comerciales.

Costa Rica, junto a Nicaragua y la República Dominicana deben ratificar todavía el tratado que ya ha sido aceptado por EEUU, El Salvador, Guatemala y Honduras. El Cafta fue firmado por estos siete países en mayo de 2004, pero para su entrada en vigor es necesario la luz verde de los respectivos parlamentos.