Martes 16 de agosto de 2005

Ni la oposición, ni los movimientos sociales quieren un juicio contra Lula

A pesar de que la crisis política en Brasil se ha agravado, el presidente Lula da Silva sigue contando con el apoyo incondicional de las organizaciones sociales -que han convocado para hoy una marcha para protestar contra la corrupción- y con la ventaja de ser consciente de que la oposición no está interesada en promover un juicio político contra Lula que lo convierta en una víctima de cara a su electorado.

La Central Única de Trabajadores (CUT), el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) y la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios (UNE) han convocado para hoy una marcha a la que esperan que asistan más de 10.000 personas para protestar contra la oleada de corrupción que se ha instalado en el seno del Partido de los Trabajadores (PT), que lidera Lula, y en su Gobierno.

Sin embargo, estas organizaciones sociales, que apoyaron a Lula en las elecciones de 2002, no tienen ninguna intención de pedir un juicio político contra Lula que provoque su destitución y acabe de cuajo con sus aspiraciones se ser reelegido en los comicios que se celebrarán en octubre de 2006.

Tampoco los partidos de la oposición quieren un impeachment contra Lula. Ayer por la noche se reunieron las principales formaciones del país opuestas al Gobierno para analizar la situación. Los líderes del Partido del Frente Liberal (PFL), el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el Partido Popular Socialista (PPS), el Partido Democrático Laborista (PDL) y del Partido Verde (PD) coincidieron en descartar esta posibilidad debido a que, a su juicio, faltan dos ingredientes básicos para impulsar un juicio político contra el presidente: el apoyo popular y la comprobación jurídica de la responsabilidad de Lula en los casos de corrupción.

Un nuevo foro. No obstante, la oposición ha constatado que el Gobierno está paralizado y que existe en este momento un vacío que puede ser ocupado, y para aprovechar esta oportunidad han decidido crear un foro "de acompañamiento de la crisis". Además, decidieron que los parlamentarios de la oposición que integran alguna de las comisiones de investigación del Parlamento (CPI) que estudia los casos de corrupción en el Gobierno y el PT se reúnan los lunes de todas las semanas para definir una forma conjunta de actuación.

En una de esas CPI, la que estudia el caso de los sobornos, se encontraba declarando al cierre de esta edición el ex tesorero del Partido Laborista Brasileño (PTB) Emerson Palmieri, quien admitió en la comisión que había recibido 345.000 reales (119.800 euros) del publicista Marcos Valerio, el hombre que actuó de intermediario entre el PT y los diputados a los que se sobornó para que prestaran su apoyo al Gobierno en el Congreso.