Miércoles 17 de agosto de 2005

Lula da una muestra de que sigue gobernando

El Gobierno brasileño, acorralado por la crisis política surgida a raíz de los casos de corrupción, ha querido desmentir a aquellos, que son muchos, que aseguran que la Administración se encuentra paralizada como consecuencia de los escándalos. Así ha interpretado la mayoría de los observadores el hecho de que hoy se haya anunciado la liberación de 1.000 millones de reales (343 millones de euros) del presupuesto de gastos para reanudar obras que se encuentran actualmente paralizadas.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Planificación, Paulo Bernardo, quien ha afirmado que la decisión no tiene nada que ver con la crisis política. Bernardo asegura que el Gobierno ha decidido liberar esos recursos porque está en condiciones de hacerlo. El dinero servirá para revitalizar las inversiones que este año, según ha admitido el ministro, crecen a un ritmo inferior al del año pasado. En julio apenas se había ejecutado el 4% de las inversiones previstas para el año. Hoy se divulgará la lista de los ministerios que se repartirán esos 1.000 millones de reales.

Los deseos del Gobierno de mostrar que a pesar de la crisis la Administración sigue gestionando el país no ha podido impedir que las turbulencias políticas hayan conseguido bloquear una de las aspiraciones de Lula: desmontar en el Congreso el reajuste del salario mínimo -incremento del 28% hasta los 384 reales (131 euros)- aprobado la pasada semana en el Senado gracias al peso de la oposición.

La base aliada del Gobierno desestimó la posibilidad de someter a votación este reajuste hoy en el Congreso por temor a ser derrotado. Volverán a intentarlo en otra ocasión. La Administración de Lula considera que el mencionado incremento del salario mínimo provocaría un aumento de los gastos de Seguridad Social de 12.000 millones de reales (4.123 millones de euros) sólo en 2005, y que perjudicará a las pequeñas empresas provocando un incremento del desempleo.