Martes 16 de agosto de 2005

Los bancos venezolanos quieren poner fin al conflicto por los créditos indexados

Los bancos de Venezuela están acelerando las devoluciones que tienen que realizar a los clientes afectados por el denominado caso de los 'créditos indexados'. En los próximos días devolverán 42.000 millones de bolívares (15,8 millones de euros) después de que el Banco Provincial (filial del BBVA) haya iniciado el proceso de recálculo y de que el Mercantil y el Citibank hayan anunciado el inicio de conversaciones con las autoridades bancarias del país.

Las instituciones financieras venezolanas, según el Instituto para la Defensa y Educación al Consumidor y al Usuario (Indecu) deben devolver a los usuarios 65.000 millones de bolívares (24 millones de euros), de los cuales 30.000 millones (11 millones de euros) corresponden al Banco Provincial, 8.000 (tres millones de euros) al Mercantil y 3.000 millones (1,1 millones de euros) al Citibank. Estas tres entidades acaparan el 80% del dinero que debe devolvérseles a los afectados por los 'créditos indexados' o 'cuotas balón'

La historia. A finales de 2004 se reanudó en Venezuela el debate sobre este tipo de créditos, préstamos cuyos tipos de interés se iban reajustando mensualmente en función de la evolución de determinados índices, principalmente el que mide el incremento salarial o la inflación. Pero los elevados tipos de interés y el incremento de los precios provocó que las tasas que cobraban los bancos fueran demasiado elevadas de forma que los clientes pagaban intereses pero no amortizaban el capital, lo que, provocó la "descapitalización de las familias y la pérdida del patrimonio por las medidas tomadas por los bancos ante la imposibilidad de los prestatarios de pagar el crédito", según informaron en ese momento a este diario fuentes del Gobierno.

Los clientes se quejaron y el diputado Darío Vivas (MVR), el mismo que elaboró este año la Ley Especial del Deudor Hipotecario (LEDH), presentó una denuncia en los tribunales, que fue aceptada por el fiscal en febrero de este año argumentando que los créditos indexados no son legales.

El Gobierno los prohibió en octubre de 2004 y posteriormente ha reforzado esa legislación con la aprobación de la LEDH que obliga a los bancos, entre otras cosas, a reestructurar esos créditos, a aplicar los nuevos tipos de interés sociales (no superiores al 18%) y a devolver a los clientes el dinero cobrado de más, lo que en la práctica supone que los problemas originados por los préstamos indexados se han solucionado ya que los bancos tienen obligatoriamente que aplicar la LEDH y, por tanto, según afiman fuentes bancarias, no hace falta que este conflicto llegue a los tribunales.

Sin embargo, paralelamente a este proceso de restitución del dinero a los clientes afectados, la Fiscalía de Venezuela lleva a cabo un proceso contra los principales banqueros del país por este asunto a los que se les acusa de un delito de usura y estafa en la concesión de créditos indexados. Entre otros imputados, se encuentran Michel Goguikian, del Banco Venezuela, filial del español Santander, y a José Carlos Plá, del Banco Provincial, subsidiaria del BBVA.

 

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