Viernes 12 de agosto de 2005

Una comisión parlamentaria de Nicaragua emite un informe favorable a levantar la inmunidad al presidente del Ejecutivo

Bolaños, en la cuerda floja

Por Víctor M. López

La permanencia de Enrique Bolaños en la Presidencia de Nicaragua pende de un hilo. La comisión parlamentaria de la Asamblea Nacional que analiza su posible destitución, lideradas por las formaciones de la oposición, los disidentes del Partido Liberal Constitucional (PLC) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha emitido su veredicto: las pruebas que acusan al mandatario de presunta malversación de fondos para la campaña electoral con la que ganó la Presidencia en 2001 son suficientes para pedir que se retire su inmunidad y sea sometido a juicio.

Ahora el Parlamento, que se encuentra de vacaciones hasta el 5 de septiembre, deberá aprobar la resolución con al menos el voto de 57 diputados de un total de los 91 que componen la Cámara, de los cuales el FSLN posee 38 y el PLC, el frente que llevó a Bolaños a la Presidencia, 43, con lo que juntos suman 81.

Sin embargo, fuentes cercanas al FSLN, en declaraciones a Americaeconomica.com, han indicado que Bolaños todavía tiene una oportunidad. Antes de someter al Plenario el dictamen, tienen intención de sentarse a negociar con el presidente para que se ponga fin a la actual crisis institucional que vive el país. "Si no cede, la destitución será una realidad", aseguraron.

La discusión a la que se refieren los miembros del FSLN hace referencia a una serie de iniciativas para reformar la Constitución nicaragüense aprobadas por diputados de la oposición pero vetadas por Bolaños al considerar que liberales y sandinistas pretenden arrebatar al Ejecutivo el control de las empresas públicas que brindan los servicios de agua potable, energía y telecomunicaciones.

El veredicto. El informe de la comisión, liderada por la diputada sandinista Mirna Rosales, pone al descubierto la existencia de cuentas a nombre de Bolaños que no fueron declaradas ni al Consejo Supremo Electoral (CSE), ni a la Contraloría General de la República, ni si quiera al PLC. En total, 9,4 millones de dólares fueron ase desconoce la identidad de los donantes que aportaron 9,4 millones de dólares (7,5 millones de euros) para su campaña presidencial.

El presidente del CSE y miembro del FSLN, Emet Lang, ha indicado que tanto Bolaños como los ministros y funcionarios de los dos últimos gobiernos, liderados por el actual presidente y su antecesor Arnaldo Alemán que también están presuntamente implicados, sólo han dado información sobre cuatro cuentas corrientes por lo que existen otras cinco de las que se desconoce su origen. Es decir, el aún principal político de Nicaragua ha incumplido las reglas del juego de un proceso electoral que estipulan que son ilegales el ocultamiento u omisión de recursos ante las autoridades competentes y las donaciones anónimas.

Pero Enrique Bolaños no tiene miedo. O al menos eso es lo que ha declarado el secretario privado de la Presidencia de la República, Ariel Montoya, quien asegura que la resolución de la comisión parlamentaria es un producto del pacto entre las fuerzas de la oposición, sandinistas y liberales para arrebatar el poder al Ejecutivo. Además, Montoya considera que el pueblo nicaragüense se opone a lo que denomina como "injusticia".

Estas afirmaciones se apoyan en los datos de una reciente encuesta realizada por la consultora M&R: el 70% de los ciudadanos de Nicaragua rechaza la destitución del presidente, frente a un 27% que apoya la medida. Sin embargo, la población no da del todo el respaldo a Bolaños, ya que un 81% opina que carece de la capacidad para solucionar la crisis que atraviesa su Gobierno.

Pero la consultora se encuentra bajo sospecha después de haber presentado los resultados de otro sondeo sobre los beneficios que supondría para el país la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica. Diputados sandinistas consideran que el estudio debería haberse enfocado en el sector rural porque será el más afectado.

Bolaños no actuó sólo. Las investigaciones que intentan demostrar la presunta malversación de fondos han expuesto que el presidente de Nicaragua no trabajó sólo. Una segunda comisión, dirigida por la también sandinista Lilliam Morales Táboras, emitió un informe el pasado martes por la cual recomienda destituir a seis funcionarios del Gobierno de Bolaños.

Los implicados, acusados de ocultar las cuentas que no fueron declaradas, también tendrán que esperar a que finalice las vacaciones de los diputados el próximo 5 de septiembre, para que el Plenario someta a votación la dimisión de los funcionarios

El fallo de la comisión legislativa ha puesto cruces sobre el ministro de Gobernación, Julio Vega; el ministro de Medio Ambiente, Arturo Harding; el viceministro de Hacienda, Fausto Carcabelos; el ministro de Educación, Miguel Angel García; y los empresarios Leonardo Somorriba y Maraio Salvo.

El ex presidente, también acusado de corrupción. El ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, y líder del Partido Liberal Constitucionalista, también fue acusado de corrupción. La Corte Centroamericana de Justicia le imputó cargos por malversación de fondos y enriquecimiento ilícito y le condenó en agosto de 2003 a una pena de 20 años en prisión.

Sin embargo, en noviembre de 2004, la Fiscalía General de Nicaragua decretó que no había pruebas suficientes en los cargos por los que fue encarcelado y fue trasladado a su casa en régimen de prisión domiciliaria.

Según algunas versiones, la salida de Alemán se debe a las negociaciones políticas entre el PLC y el FSLN ya que una vez en su casa, el ex presidente podrá preparar la campaña política de su partido.