“Fomentar, justificar o glorificar la violencia terrorista”, “intentar provocar actos terroristas” o “fomentar el odio que pueda desencadenar la violencia entre distintas comunidades del Reino Unido” serán comportamientos “inaceptables” que justifiquen la expulsión o denegación de entrada al país de aquéllos que de esta forma supongan una amenaza a la seguridad nacional. El ministro británico del Interior, Charles Clarke, ha dado a conocer esta mañana la lista de actitudes que explicarán una de las nuevas y más controvertidas medidas antiterroristas anunciadas recientemente por el Gobierno británico tras los atentados de julio.

Pero para llevar a cabo deportaciones, las autoridades británicas se enfrentan a un problema legal. La ley de Inmigración británica de 1971 autoriza a deportar extranjeros que constituyen una amenaza a la seguridad nacional. Otros tratados prohíben cualquier deportación si existe un riesgo de que las personas sean torturadas en sus países.