El Premio Nobel de Economía de 2001, Joseph Stiglitz, ha vuelto a atacar al FMI. Lo ha hecho en una conferencia en Sao Paulo (Brasil) en la que ha defendido la forma en la que el Gobierno argentino ha gestionado el proceso de reestructuración de la deuda en suspensión de pagos y su actitud rebelde frente a las exigencias del organismo que dirige el español Rodrigo Rato. Stiglitz ha continuado su periplo por Argentina donde al cierre de esta edición se encontraba reunido con el presidente austral, Néstor Kirchner.

En el encuentro también participan el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Esta tarde está previsto que el premio Nobel participe en un seminario titulado "El consenso de Buenos Aires. Una nueva agenda para América Latina", en el que también intervendrán la senadora Cristina Fernández, esposa de Kirchner, y el secretario adjunto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), José Ocampo.

Es de suponer que Stiglitz aproveche este escenario para repetir algunas de las ideas expresadas en Sao Paulo y que seguro serán del agrado del público. El que fuera asesor del ex presidente de EEUU Bill Clinton entre 1993 y 1995 y economista jefe del Banco Mundial (BM) entre 1997 y 2000 defendió la gestión de Kirchner en el proceso de reestructuración de la deuda en default y criticó la labor del FMI. Todo un apoyo para un mandatario que siempre, al menos en público, mostró su disconformidad con las recetas del organismo y que todavía tiene pendiente la firma de un acuerdo con el Fondo; pacto que, de momento, se mantiene en un segundo plano entre las prioridades de la Administración austral ante la cercanía de las próximas elecciones legislativas del mes de octubre.

Stiglitz, además, defendió los controles de capitales impuestos recientemente por Argentina para evitar los movimientos especulativos y comparó la actitud del Gobierno austral frente a la ortodoxia económica que sigue el Ejecutivo brasileño de Lula da Silva.

Durante su conferencia en Sao Paulo, el economista abogó por una nueva estructura en Latinoamérica que tenga en cuenta la igualdad social y el empleo y que establezca un equilibrio entre el papel del Gobierno y el del mercado.