Hoy
ha comenzado un nuevo capítulo en la historia de
los escándalos de corrupción en Brasil cuyo
principal protagonista es el propio presidente, Lula da Silva.
El tribunal de Cuentas del país ha decidido realizar
una auditoría sobre los gastos realizados con tarjetas
oficiales por parte de los poderes del Estado. El primero
en ser investigado será Lula y su esposa, Marisa
Leticia Rocco. La oposición está convencida
de que existen gastos no aclarados relacionados con los
escándalos en el seno del Partido de los Trabajadores
(PT) y del Gobierno.
Según
el Tribunal de Cuentas, entre enero y junio de este año,
los gastos de la Presidencia a través de tarjetas
de crédito sumaron cuatro millones de reales (1,3
millones de euros). La investigación intentará
determinar si tal y como sospechan los partidos de la oposición
algunos de esos movimientos están relacionados con
los casos de corrupción.
Llamamiento.
Esta información se conocía el día
que eligió Lula para realizar un llamamiento de tranquilidad
a la población a través de un comunicado conjunto
realizado por los representantes de los poderes del Estado.
El documento fue redactado anoche en el Palacio de Planalto
y lo han firmado, además del mandatario brasileño,
el presidente del Senado, Renán Calheiros, el titular
del Congreso, Severino Cavalcanti, el del Tribunal Supremo
Federal, Nelson Jobim, y el procurador general Antonio de
Souza.
En
el escrito se destaca las propuestas presentadas por Lula
contra el lavado de dinero que tienen como objetivo impedir
la financiación de actividades ilegales y los proyectos
para perfeccioner el sistema político brasileño
que seguramente serán aprobadas antes de las elecciones
de 2006.
Palocci.
Hoy la atención estaba centrada, además,
en la declaración realizada ante la comisión
parlamentaria (CPI) que investiga el caso de corrupción
en los bingos por el abogado Rogerio Buratti, ex asesor
del ministro de Economía, Antonio Palocci, cuando
éste era alcalde de Ribeirao Preto.
Al
cierre de esta edición Buratti continuaba dando explicaciones
en la CPI. El abogado ratificó las acusaciones de
corrupción realizadas contra Palocci ante el Ministerio
Público y la Polícia Federal, pero aportó
como única prueba las confidencias que le realizó
un amigo suyo que fue asesor de Palocci en su época
de alcalde, Ralf Barquete, fallecido en 2004.
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