Viernes 19 de agosto de 2005

El Gobierno quiere que las entidades bancarias financien el déficit fiscal del país

La rebelión de los bancos de Puerto Rico

Por Gema Velasco

La dura batalla política que mantienen el Gobierno de Puerto Rico y el Congreso -en manos de la principal fuerza de la oposición- ha pillado en medio a los banqueros. La Administración de Aníbal Acevedo pretende que sean ellos quienes financien con un incremento de impuestos el déficit fiscal, un agujero que ya le ha costado al país una rebaja de la calificación crediticia y que se ha convertido en el eje de la pelea entre las principales fuerzas políticas de la nación. Las entidades financieras están muy enfadadas.

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), Arturo Carrión, ha adelantado a Americaeconomica que el próximo lunes 22 de agosto presentará en el Congreso, bastión de la oposición, una ponencia para explicar los motivos de su negativa a aceptar un incremento de los impuestos al sector financiero. Fuentes bancarias explican a este diario que una decisión de este tipo tendría un efecto distorsionador en las cuentas de las entidades.

De hecho, según han explicado algunos expertos, los inversores están castigando a los bancos puertorriqueños que cotizan en el mercado estadounidense (en el Nyse o en el Nasdaq) debido al temor que suscita la posibilidad de que el gobernador del país consiga finalmente que la Legislatura de Puerto Rico (Congreso y Senado) apruebe un incremento de impuestos al sector.

La caída de las acciones. En este país, la puerta de entrada del subcontinente al sistema financiero de EEUU, existen 14 bancos, y en el caso de la mitad de ellos sus acciones cotizan en Nueva York. En lo que va de año, los títulos de este conjunto de entidades han caído de media casi un 20%. En este grupo se encuentra la filial del grupo español Santander cuyas acciones se han depreciado un 16,6%. También está presente en el país el BBVA, pero su subsidiaria puertorriqueña no cotiza en Bolsa. En total, los dos bancos españoles controlan en torno al 16% de la cuota de mercado en depósitos y créditos.

El efecto en la cotización de un incremento de impuestos no es lo único que preocupa a las entidades financieras. Los banqueros están indignados no sólo con la propuesta en si, sino con la fórmula ideada por el gobernador para aplicarla y calificada por algunas fuentes bancarias consultadas como "rara" y "poco recomendable".

El proyecto de ley que el Gobierno de Acevedo ha enviado a la Legislatura propone un impuesto adicional (lo que incrementaría la presión fiscal sobre el sector desde el 2,5% actual hasta el 4%) que se aplicaría durante los próximos dos años y con el que se pretende recaudar 360 millones de dólares (295 millones de euros). Esta nueva tasa gravaría el margen de intermediación, una idea que ha dejado descolocados a los banqueros del país puesto que no es una práctica habitual en ninguna nación desarrollada, y menos en EEUU, a cuyo sistema financiero pertenecen los bancos de Puerto Rico.

Extrema competencia. Este hecho les preocupa mucho. La vinculación entre ambos sistemas ha generado una extrema competencia entre las entidades de ambos países y los banqueros de la isla creen que si se aplica el impuesto las firmas puertorriqueñas tenderán a absorber su impacto para poder hacer frente a las estadounidenses, lo que perjudicaría sus cuentas.

Según comenta en su última publicación trimestral sobre Puerto Rico el BBVA, la discriminación frente al resto de entidades con las que compiten es triple puesto que el sector soportaría, además de este nuevo gravamen, la contribución a las ganancias y el impuesto sobre los dividendos.

Además, podría haber otra consecuencia negativa para el sector en general y para la economía del país. El impuesto podría incentivar la realización de transacciones fuera del sistema financiero, "lo que repercutiría negativamente sobre la bancarización y aminoraría el efecto positivo que el sector ejerce en el crecimiento económico", según destaca el mencionado estudio.

Los banqueros expondrán todos estos argumentos en contra de las intenciones del Gobierno el próximo lunes en el Congreso, del que depende que el proyecto del Ejecutivo se convierta en realidad. Una suerte, sólo en principio, para las entidades financieras ya que el partido de la oposición que controla el Parlamento no parece que tenga ninguna intención de apoyar al Ejecutivo.

Complicaciones políticas. De hecho, la complicada situación política que vive el país es el origen de la actual tensión en el sector bancario. El gobernador de Puerto Rico fue elegido en diciembre de 2004 y pertenece al Partido Popular Democrático (PPD), pero por primera vez en muchos años, el control de la Legislatura cayó en manos de otro partido, el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Estas son las dos principales formaciones políticas del país, juntas se reparten el 90% del electorado, y la diferencia ideológica fundamental entre ellas está relacionada con la forma de entender su vinculación con EEUU. El PPD quiere mantener el actual status quo, es decir, pretende seguir siendo un Estado libre asociado de EEUU y mantener así su autonomía fiscal y una cierta identidad cultural, mientras que el PNP aspira a convertirse en un Estado más de EEUU.

La pelea entre estos dos partidos y el hecho de que uno esté gobernando, pero sea el otro el que controla las Cámaras es la principal baza con la que cuentan los bancos para impedir a Acevedo conseguir que en el Congreso se apruebe el incremento de impuestos. Aunque en estos momentos existe una gran presión social a favor de los planes del gobernador que también tiene su origen en el delicado equilibrio de fuerzas políticas y en las discrepancias existentes entre el Gobierno y la oposición a la hora de buscar soluciones al déficit público que acumula el país.

El agujero fiscal. El agujero fiscal comenzó a generarse a raíz de la recesión de 2001 que afectó a EEUU y de la que el vecino norteamericano consiguió salir bastante mejor parado que Puerto Rico. Durante la anterior legislatura (2001-2004), el gasto público creció a un ritmo muy superior al crecimiento económico debido, entre otras cosas, a que a finales de la década de los noventa hubo un cambio de política y se concedió a los empleados públicos el derecho de negociación colectiva, lo que dio origen a contratos laborales más largos y costosos para las cuentas del país. Como consecuencia, el Gobierno tuvo menos margen de maniobra para controlar el gasto. Hay que tener en cuenta que el peso del funcionariado en Puerto Rico no es despreciable: el Estado contrata el 20% de la fuerza laboral de la nación.

Esta era la situación cuando Aníbal Acevedo aterrizó en el Gobierno del país en diciembre 2004. Un mes después, las agencias de calificación internacional Moody's y Standard & Poor's anunciaron que debido al déficit público que soporta el país estaban analizando una reducción del rating crediticio. Una amenaza que cumplieron en mayo de 2005 tras constatar que el Gobierno, debido al bloqueo en el Congreso, era incapaz de reconducir las cuentas públicas.

El Gobernador había mandado dos meses antes a la Legislatura el Presupuesto para el ejercicio fiscal (julio 2005-julio 2006) que incluía el controvertido impuesto a la banca y otro a algunas entradas de bienes hasta ahora libres de gravámenes con los que pretendía reducir el déficit del 4% al 2% del PIB.

Pero al PNP no le gustó la idea y presentaron un proyecto propio para las cuentas del Estado que planteaba un gasto menor que el presentado por el Gobierno de Acevedo y, además, impedía a la Administración mover a discreción la partida de gastos para gestionar su programa. Su objetivo era fulminar el agujero fiscal en tan sólo un año.

Ni uno ni otro se ha aprobado, por lo que se mantiene el presupuesto del año fiscal anterior, que no sirve para acabar con la brecha en las cuentas públicas.

El enfado de los funcionarios. Ante esta situación el Gobierno ha anunciado un programa voluntario para que los empleados públicos se acojan a un plan de reducción de la jornada y el salario del 20%. Un programa que, según dejó caer la Administración Acevedo, podría convertirse en obligatorio. Esta es la baza que ha utilizado el Ejecutivo para ganar la batalla a la oposición y que podría complicar la vida a la banca puesto que los sindicatos se han movilizado contra el plan del Gobierno para los funcionarios, lo que en la práctica supone que han orientado su protesta contra la Legislatura y su presupuesto. En su lugar defienden las cuentas de Acevedo y su impuesto a los bancos.

Esta presión, según algunos observadores consultados, es la que podría obligar al PNP a reconsiderar su postura y desbloquear en el Congreso el proyecto del Gobierno de Puerto Rico.

En cualquier caso, sea cual sea la decisión final de la oposición, hay una cosa segura. Este año el déficit público (del 5,3% del PIB en 2004) disminuirá. Sólo hace falta saber quién pagará ese agujero, si los empleados públicos con su nómica o los banqueros de Puerto Rico con sus ingresos del margen de intermediación. Ambos sectores están dispuestos a pelear hasta el final y con todos los recursos a su alcance para defender sus intereses.