Después de un mes y medio de tensas negociaciones entre los poderes políticos y las alcaldías, el Ejecutivo boliviano ha conseguido el visto bueno del Congreso y, finalmente, presentará una nueva oferta a las alcaldías sobre la coparticipación fiscal del impuesto de hidrocarburos.

Ayer, el Pleno del Congreso desestimó la propuesta del Gobierno para que las alcaldías recibieran el 60% del 32% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos que ingrese el Estado. Pasadas unas horas de discusión, se ha acordado que el porcentaje que se destine a los municipios sea del 50%. Una proposición sobre la que se tendrán que pronunciar hoy los representantes de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM).

El presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso, Hugo Carvajal, ha sido el encargado de anunciar a la prensa el nuevo acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Según Carvajal, la nueva propuesta establece que del 32% de los impuestos sobre los hidrocarburos, unos impuestos que representan más de 400 millones de dólares (324,24 millones de euros) al año, la mitad se destinará a los municipios, mientras que el otro 50% se ingresará en el Tesoro General de la Nación.

Del 50% que no ingresaría en las arcas del Estado, un 75% sería para las provincias, otro 20% para los municipios y el restante 5% para las universidades.

A lo largo de esta tarde, la Comisión Técnica del Congreso se reunirá con los representantes de la FAM, a los que explicará los pormenores del nuevo proyecto de Ley. Al cierre de esta edición no se conoce ninguna opinión de ninguno de los representantes de la Federación.

El Gobierno de Rodríguez quiere firmar la paz con las alcaldías, que amenazan con protestas desde hace semanas para reivindicar un aumento de los recursos actuales que reciben procedentes de la extracción de hidrocarburos. Una petición que sólo se ampara en la Ley Tributaria, donde se contempla que el 25% de los impuestos sobre los hidrocarburos es el porcentaje que se debe entregar a los municipios. De seguir todo tal y como está encauzado, esta será la próxima reforma fiscal del presidente Rodríguez antes de que deje su cargo y se celebren las elecciones anticipadas en el próximo mes de diciembre.

El ambiente es de máxima tensión. Por un lado la redistribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos no ayuda a resolver el déficit del Tesoro General de la Nación, que asciende a 3.700 millones de dólares (3.075 millones de euros).

Pero el Gobierno boliviano tiene una deuda pendiente con los municipios, que han aceptado hasta final de año recibir tan sólo el 12,5% de los impuestos. Una cesión que no están dispuestos a prolongar una vez que empiece 2006. Razón por la cual quieren zanjar esta cuestión cuanto antes, sin dejar pasar el tiempo y sin esperar a que se configure un nuevo Gobierno.