El Gobierno de Nicaragua tiene claro que no acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ratifica la legalidad de unas reformas constitucionales que según el portavoz de la Presidencia, Lindolfo Monjarrez quieren restarle poder al Ejectuvio. Con esta resolución, el CSJ respalda las modificaciones a la Carta Magna aprobadas por la Asamblea Legislativa dominada por sandinistas y liberales opuestos al régimen de Enrique Bolaños para limitar el poder de la Administración.

El tribunal, controlado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) exigió a Bolaños que acepte las reformas constitucionales que recortan la capacidad del presidente para nombrar funcionarios dentro de servicios estatales como el agua, la energía y las telecomunicaciones. El líder del CSJ, Manuel Martínez, asegura que estos cambios incrementarán la responsabilidad y trasparencia del Gobierno.

Sin embargo, Monjarrez ha recordado que la Corte Centroamericana de Justicia, a la que Bolaños recurrió al negarse a promulgar la iniciativa presentada por la oposición, falló a favor del mandatario y calificó las modificaciones como jurídicamente inaplicables.

Crisis institucional todavía abierta. La decisión del Ejecutivo de no aceptar el fallo del CSJ mantiene viva la crisis institucional que vive Nicaragua desde noviembre. La Asamblea Legislativa, formada por la oposición sandinista y por miembros contrarios al mandatario del Partido Liberal Constitucional (PLC), la formación que llevó a Bolaños al poder, aprobaron modificar la Carta Magna del país con el objetivo de asumir controles en servicios estatales, que actualmente mantiene el Ejecutivo.

Fuentes cercanas a Bolaños, informaron a Americaeconomica.com, que el líder sandinista, Daniel Ortega, decidió debilitar el poder del presidente, después de que éste rompiese el pacto que mantenía con los miembros del FSLN a petición de EEUU. Los principales mandatarios estadounidenses nunca vieron bien esta alianza, ya que los sandinistas siempre habían apoyado una política nacionalista excluyendo a la Administración de Bush.