Viernes 26 de agosto de 2005

El ex presidente peruano ha decidido presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de 2006

Fujimori vuelve a la carga

Por Víctor López

El ex presidente peruano Alberto Fujimori ha decidido que se inscribirá como candidato para las próximas elecciones presidenciales del país en noviembre de 2006. Legalmente cumple los requisitos de la Constitución de 1993 que él mismo estableció, ya que nació en Lima, es mayor de 35 años y ha transcurrido por lo menos una legislatura desde su salida del poder en 2000. Sin embargo, parece ser que hay un elemento clave en su vida que ha olvidado: está acusado de haber autorizado la muerte de 15 personas en Perú, tiene 20 juicios pendientes por corrupción y se encuentra actualmente refugiado en Japón, mientras que el Gobierno de Alejandro Toledo lucha insistentemente por conseguir su extradición.

Para que Fujimori pueda volver a recuperar el Poder Ejecutivo del país todavía tiene que superar unos cuantos obstáculos. Antes de que su candidatura en los comicios sea real, el Jurado Nacional Electoral deberá aceptar su propuesta que, parece ser, se convertirá en un trabajo difícil, sobre todo, porque el Congreso de Perú aprobó en 2001 una ley, amparada por el Tribunal Constitucional, que inhabilita las funciones del ex presidente por un periodo de diez años.

Las formaciones políticas de Perú están tranquilas ante las pretensiones fujimoristas. Así lo ha hecho saber el líder del Partido Arprista Peruano (PAP), Alan García, quien ha declarado, que a pesar de las trabas legales para la aceptación de la candidatura del ex presidente, le gustaría enfrentarse a Fujimori para derrotarle y demostrar que ya no tiene el apoyo de la población. Pero no todos los miembros del PAP parecen estar tan calmados. El diputado aprista, Víctor Velarde, tuvo la intención de presentar un proyecto de ley que impidiese la inscripción de Fujimori en la candidatura. Rápidamente, Alan García desautorizó la iniciativa del parlamentario con una alusión histórica. Según declaró, sería romper la tradición electoral peruana, ya que algunos aspirantes políticos han hecho campaña desde la cárcel.

El resto de agrupaciones no se ha pronunciando oficialmente todavía, pero Fujimori considera la posibilidad de que se haya producido un pacto secreto entre el Partido Aprista, Unidad Nacional (UN) y Acción Popular (AP) para cerrarle el paso a las elecciones presidenciales.

Mientras tanto, a Alan García le ha surgido un nuevo frente de combate en la batalla contra Fujimori: un grupo de trabajo del Congreso de Perú investigará la semana que viene al líder aprista, sospechoso de haber negociado la solución de los procesos judiciales de Vladimiro Montesinos, ex jefe de los servicios secretos de Fujimori, por enriquecimiento ilícito, corrupción, colusión y hecho pasivo. Así lo ha declarado Hilberto Martínez, ex miembro del PAP que se separó de la formación para trabajar como congresista independiente.

Este grupo de trabajo fue aprobado por el Pleno del Legislativo en diciembre de 2004 con 77 votos a favor, (de un total de 120) de los cuales 22 pertenecen a la formación aprista cuando se debatieron las resoluciones del informe elaborado por la comisión investigadora de los casos de corrupción entre 1990 y 2000. Fuentes internas del PAP han asegurado a Americaeconomica.com que no existe ningún nexo de unión y que el único objetivo de Benítez es ganar notoriedad y protagonismo.

La supuesta negociación se habría producido a finales de 2000 cuando García se encontraba exiliado y Montesinos huía de las autoridades peruanas tras el escándalo de corrupción en el régimen fujimorista. El líder del PAP retornó en enero de 2001 después de que la Corte Suprema determinara la prescripción de las causas pendientes contra él y anulara las órdenes de detención.

La lucha por la extradición. Fujimori no es el único que tiene interés en volver a Perú. El Gobierno de Alejandro Toledo solicita desde hace tres años su 'vuelta a casa' mediante la extradición del ex presidente, refugiado en Japón desde noviembre de 2000 y amparado por su doble nacionalidad, concedida por tener padres japoneses. La primera petición se realizó el 13 de junio de 2002 en la que se acusaba al mandatario de haber autorizado la muerte de 15 personas en 1991 y la segunda, el 25 de junio de 2003, para que Fujimori respondiese por el pago de 15 millones de dólares (12 millones de euros) para permitir que Montesinos se fugara a Panamá.

Aunque hay otros siete expedientes preparados, el Poder Judicial está esperando a que Japón emitaalguna respuesta. Pero la única contestación que se ha obtenido desde el país asiático han sido las declaraciones que el miércoles hizo el embajador nipón en Lima, Hitoshiro Ishida, quien considera que en la demanda de extradición los indicios para cumplir la petición no son suficientemente claros. Según Ishida, el pasado mes de junio Japón solicitó al Gobierno de Perú que acreditase con pruebas los cargos penales atribuidos a Fujimori, algo que, hasta la fecha, aún no se ha producido.

Entre los círculos políticos peruanos se critica al país nipón por alargar el proceso con pretextos. Por eso han decidido dar otro paso más: el Ejecutivo estudia la posibilidad de llevar la demanda de extradición del ex presidente ante la Corte Internacional de la Haya, según ha anunciado esta semana el titular de Justicia, Alejandro Tuledo. Ahora, la iniciativa tendrá que ser presentada ante el Consejo de Ministros para que determinen el proceso a seguir.

Desde el exilio, Fujimori sostiene que todo el proceso seguido en su contra es una venganza política, con acusaciones basadas en relatos de terceros que no han aportado pruebas objetivas en contra suya. Ha contratado como su abogado defensor a César Nakazaki, quien patrocina también legalmente a un numeroso grupo de procesados por sus vinculaciones con la corrupción imperante en el régimen Fujimorista.

El brazo derecho de Fujimori ante la ley. Una Sala Penal Anticorrupción peruana inició el pasado 18 de agosto el primer juicio por crímenes contra la humanidad del jefe de los servicios secretos del ex presidente Fujimori, Vladimiro Montesiones. El procesado, a quien se le acusa de dirigir matanzas y desapariciones durante la pasada década, podría ser condenado a 35 años de prisión.

Montesinos, cuya mayor condena hasta el momento ha sido de 15 años, se enfrenta además a casi un centenar de juicios por cargos que incluyen corrupción, usurpación de funciones, tráfico de armas y enriquecimiento ilícito.