La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ha mostrado su oposición a la propuesta del Gobierno de elevar los impuestos especiales y permitir a las Comunidades Autónomas establecer recargos sobre la energía para hacer frente al déficit sanitario. Los inspectores aseguran que, de este modo, la presión fiscal “volverá a recaer sobre los ciudadanos que cumplen rigurosamente con sus obligaciones tributarias”.

La alternativa propuesta por los representantes de los inspectores es una lucha “eficaz y seria” contra el fraude, por lo que aprovecharon para pedir al Gobierno un “verdadero” Plan de Lucha contra el Fraude y también un Estatuto Orgánico de la Agencia Tributaria. Los estudios sitúan al fraude fiscal en España en torno al 20% del Producto Interior Bruto (PIB).