La semana comienza mal en Brasil, con un nuevo aliado del Gobierno en la cuerda floja, y no uno cualquiera, sino el presidente del Congreso, Severino Cavalcanti. Varios diputados de la oposición han pedido su renuncia hasta que se aclare su posible implicación en los casos de corrupción.

Si Cavalcanti, el presidente del Partido Progresista (PP), es obligado a dimitir, la capacidad del Gobierno para sacar adelante sus iniciativas en la Cámara baja quedará muy limitada. El Partido Progresista (PP) estableció una alianza con la Administración de Lula cuando Cavalcanti accedió a la Presidencia del Parlamento derrotando al candidato de Lula.

La situación se complica todavía más debido a la crisis institucional que sacude al Partido de los Trabajadores (PT) que lidera el presidente brasileño. Algunos de sus miembros han amenazado con abandonar esta formación política debido a la falta de decisión a la hora de castigar a los dirigentes acusados de corrupción. Algunos observadores creen que el punto de inflexión será el 18 de septiembre, cuando se celebren las elecciones internas del partido.

Otro que también ha abandonado su formación política es el vicepresidente de Brasil, José Alencar, quien este fin de semana ha anunciado su intención de desvincularse del Partido Liberal (PL), formación que también ha sido salpicada por los escándalos. Alencar ha justificado su decisión, entre otras cosas, en la necesidad de dejar al partido que decida en total libertad si continúa apoyando o no al Gobierno de Lula después de que algunos de sus miembros se hayan estado replanteando en los últimos días su colaboración con la Administración brasileña en el Congreso.

Los extranjeros se van. Mientras tanto, y a pesar de que Lula ha seguido insistiendo hoy en la buena marcha de la economía, los datos comienzan a mostrar el cansancio de los inversores ante esta brutal crisis política que lleva ya más de tres meses dando disgustos al Gobierno.

En agosto, el flujo de capitales extranjeros en la Bolsa de Valores de Brasil fue negativo. Durante el mes pasado, los inversores foráneos compraron acciones por valor de 12.218 millones de reales (4.185 millones de euros) y vendieron títulos por 12.338 millones (4.226 millones de euros), por lo que el saldo negativo fue de unos 120 millones de reales (41 millones de euros) a final de mes.