Costa Rica no cederá ante el castigo de EEUU, que le ha cancelado dos programas de ayuda para discapacitados y de apoyo comercial, por negarse a firmar un acuerdo en el que se compromete a no denunciar ante la Corte Penal Internacional, con sede en Roma, delitos contra la humanidad en los que estuviesen involucrados soldados estadounidenses.

El canciller de Costa Rica, Roberto Tovar, ha indicado que el pacto es ofensivo y ha reiterado que no romperá las relaciones con la CPI en el que además trabaja una jueza costarricense. Además ha preguntado a la Administración de Bush el motivo por el que algunos países como Argentina, Australia y Nueva Zelanda no son tratados de la misma manera.

El Gobierno de EEUU aprobó una ley en agosto de 2002, en la que prohíbe la asistencia militar a países que sean miembros de la CPI salvo en los casos de Argentina, Australia y Nueva Zelanda. Posteriormente, a finales de 2004, el Ejecutivo estadounidense dio luz verde a una enmienda a la ley en la que prohibió el acceso a los Fondos de Asistencia Económca a los integrantes de la CPI, excepto si llegaban a un acuerdo con EEUU.

El pacto consiste en que cada país debe comprometerse a no acudir a la CPI para denunciar o apoyar demandas por crímenes de guerra, genocidio y otros deltios en los que estuviesen implicados funcionarios estadounidenses.