El presidente de México, Vicente Fox, ha dado la espalda temporalmente a la reforma fiscal de Pemex, aprobada por el Congreso mexicano el pasado 28 de junio, y ha devuelto el texto a las Cortes para que lo modifiquen. Según informó en un comunicado la Presidencia del país, la decisión de no dar luz verde al proyecto de ley está justificada en que la reducción de la carga impositiva de la petrolera paraestatal provocaría la disminuición en los recursos en las arcas estatales.

Tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo coinciden en que es necesario modificar el actual sistema impositivo de la petrolera mexicana, ya que actualmente los impuestos que paga Pemex, (que facturó casi 70.000 millones de dólares -57.231 millones de euros- en 2004), al Gobierno nacional en concepto de impuestos y regalías, representan el 60,8% de sus ingresos totales, algo que limita su capacidad de crecimiento.

El proyecto de la Asamblea Legislativa preveía aligerar la carga fiscal de Pemex entre 1.500 y 2.300 millones de dólares (1.196 y 1.835 millones de euros) en 2006 y otros 7.400 millones (5.903 millones de euros) en los siguiente siete años. Sin embargo, al Gobierno de México no le salían las cuentas, ya que con estas modificaciones, los recursos destinados al fisco disminuirían en unos 6.000 millones de dólares (5.396 millones de euros) en concepto de impuestos y derechos de la petrolera en el primer año de vigencia, lo que afectaría directamente al gasto público federal y al de los estados.

Los principales partidos políticos de México, como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que domina el Parlamento y el Senado mexicano, y la formación política gobernante, el Partido Acción Nacional (PAN), han criticado la decisión de Fox y le acusan de no enfrentarse a la situación de crisis por la que atraviesa Pemex.