Viernes 2 de septiembre de 2005

Nueva oferta a las alcaldías sobre la coparticipación fiscal del impuesto de hidrocarburos

Se acabó la tregua entre los municipios y el Gobierno de Bolivia

Por Alba Gil

Las autoridades locales bolivianas están midiendo sus fuerzas con el Gobierno central. La discrepancia entre ambas partes sobre la coparticipación fiscal del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) ha sembrado de nuevo en el país el temor a nuevas protestas sociales. Por este motivo, el Ejecutivo de Eduardo Rodríguez quiere actuar con prudencia y ha presentado una nueva oferta a las alcaldías.

El Gobierno propone que los municipios reciban el 50% del IDH (32% de los beneficios que las petroleras internacionales obtengan en Bolivia). Pero a cambio, los gobiernos locales tendrán que hacerse cargo de nuevas competencias. Una proposición sobre la que todavía no se ha pronunciado la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM).

La propuesta del Gobierno, que cuenta con el visto bueno del Congreso, es una apuesta atrevida. El actual Ejecutivo "transitorio" de Eduardo Rodríguez ha optado por duplicar los recursos que por ley corresponderían a los municipios. Una cuestión que ampara la actual Ley Tributaria, donde se contempla que el 25% de los impuestos sobre los hidrocarburos es el porcentaje que se debe entregar a los municipios.

El Ejecutivo propone que los impuestos sobre los hidrocarburos, que representan más de 400 millones de dólares (324,24 millones de euros) al año, la mitad se destinará a los municipios, mientras que el otro 50% se ingresará en el Tesoro General de la Nación. Del 50% que no ingresaría en las arcas del Estado, un 75% sería para las provincias, otro 20% para los municipios y el restante 5% para las universidades.

La generosidad de la Administración boliviana se compensaría con el traspaso a los municipios (y sus correspondientes gastos) de los servicios de salud, educación e infraestructuras.

Ahora, las autoridades municipales estudian el nuevo esquema de reparto. La decisión se conocerá en los próximos días. En el caso de que las alcaldías acepten la propuesta, el nuevo proyecto de ley será tramitado en el Congreso con carácter de urgencia. Algunos analistas consideran que no habrá pacto y que las intenciones del Gobierno no se cumplirán. Distintos medios locales ya adelantan que los municipios mantendrán firme su exigencia de recibir el 25% sobre el total del IDH.

Una postura que las alcaldías han defendido desde el pasado mes de julio, fecha en la que comenzó el duro enfrentamiento entre las alcaldías y el Ejecutivo. Aquellos fueron días de tensas negociaciones. El Gobierno había lanzado una clara advertencia: la actual situación presupuestaria del país es inviable.

Con la delicada situación de las cuentas del Estado, con un déficit del Tesoro General de la Nación, que asciende a 3.700 millones de dólares (3.075 millones de euros), el Gobierno aseguró en esas primeras reuniones que no era posible entregar a las alcaldías el 25% de los impuestos a los hidrocarburos, tal y como prevé la actual legislación.

En aquel momento, las autoridades locales fueron muy flexibles y accedieron a una reducción por la que, durante lo que resta de año, sólo recibirían el 12,5% del IDH. Una cesión sólo temporal. Los representantes de la FAM advirtieron que su comprensión con el Gobierno no se extendería más allá de finales de 2005.

Para el año 2006, las alcaldías exigían recibir el 20% del IDH. Una postura que definieron como inquebrantable y que querían que se formalizara antes del próximo 5 de septiembre. De no conseguir el compromiso del Gobierno, los municipios ya anunciaron protestas y movilizaciones sociales que devolverían el ya superado clima de inestabilidad que ha sacudido al país en los últimos meses.

Pero la "prisa" de los representantes de los municipios también se justifica por la proximidad de las nuevas elecciones, convocadas para el 4 de diciembre. Existe el temor de que cuando se configure el nuevo Gobierno la situación del país cambiará sin que se haya formalizado la coparticipación fiscal del IDH.

Las alcaldías que se abrazaban a estas premisas en sus negociaciones con el Gobierno se han sorprendido con la nueva propuesta. Una nueva oferta con la que podrían duplicar los recursos que reciben de la extracción de hidrocarburos a cambio de asumir el reto de autofinanciar la sanidad, la educación y las infraestructuras de sus municipios.

Por ahora sólo hay expectación. Si se confirma el canje, esta será la próxima reforma fiscal del presidente Rodríguez antes de que deje su cargo y se celebren las elecciones anticipadas -la anterior fue la ratificación del IDH que había aprobado el anterior Gobierno de Mesa-. Si las alcaldías rechazan la oferta, habría fracasado el talante conciliador del mandatario boliviano, que ante todo busca firmar la paz y evitar cualquier conflicto.