Jueves 8 de septiembre de 2005

El presidente de Nicaragua convoca a los líderes de Centroamérica para solucionar la crisis institucional

Bolaños juega su última carta

Por V. M.

La crisis institucional que vive Nicaragua ha desbordado a su presidente, Enrique Bolaños, quien se ha visto obligado a lanzar un grito de socorro a sus homólogos de Centroamérica para buscar apoyo en el exterior. Un apoyo del que carece en su país, ya que las principales instituciones nicaragüenses, dominadas por la oposición, buscan su desafuero y apartarle del poder.

Por ello, Enrique Bolaños convocó el pasado lunes un encuentro extraordinario en Managua, como presidente pro témpore del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), para exponer la compleja situación por la que atraviesa su país y cuyo origen reside en unas reformas constitucionales que aprobó la Asamblea Legislativa, pero que fueron rechazadas por el Ejecutivo.

Al encuentro asistieron los presidentes de Costa Rica, Abel Pacheco; de Honduras, Ricardo Maduro; de El Salvador, Elías Antonio Saca, y de Guatemala, Oscar Berger. Además también estuvieron presentes el segundo vicepresidente de Panamá, Ruben Arosema; el canciller de la República Dominicana, Carlos Morales Troncoso, y el embajador de Belice para Centroamérica, Moises Cai.

Bolaños se mostró gravemente preocupado. Aseguró que la estabilidad del país está amenazada y que la democracia está siendo dañada en sus propios principios. Advierte además, que los principales partidos de la oposición, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la formación que llevo a Bolaños al poder, quieren dar un golpe de Estado y formar una nueva dictadura.

Abel Pacheco fue el encargado de leer un manifiesto, respaldado por el resto de presidentes, en el que demanda al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Inzulsa, que elabore un informe sobre la situación política de Nicaragua y lo entregue al Consejo Permanente para que restablezca el balance de poderes en base a la voluntad popular de los nicaragüenses expresada en las elecciones de 2001.

Como era de esperar, el FSLN, fiel defensor de una política nacionalista, ha criticado el encuentro de los jefes de Estado de Centroamérica en Managua y les ha invitado a que abandonen el país al considerar que están interfiriendo en los asuntos internos de Nicaragua. A estas declaraciones se han sumado los miembros del PLC, quien les han pedido a los presidentes de Centroamérica que se ocupen de sus propios asuntos.

Por su parte, el canciller de Costa Rica, Roberto Tovar, negó que los presidentes de Centroamérica realicen una intromisión en la política interna de Nicaragua. Tovar explicó que esta situación afectaría a todo el istmo y pidió a los principales partidos de la oposición que esperen a que los ciudadanos emitan su opinión en las próximas elecciones presidenciales.

Las reformas constitucionales. La necesidad del presidente de pedir asistencia internacional para poner fin a la crisis de su país se produce después de que el conflicto alcanzase su grado máximo la semana pasada, cuando el Gobierno rechazó aceptar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ratifica la legalidad de las reformas constitucionales que hace diez meses aprobó el Parlamento de Nicaragua, controlado por el FSLN y el PLC.

Estas modificaciones de la Carta Magna buscan recortar el poder de la Administración y trasladar al Poder Legislativo el control sobre algunos servicios públicos como el agua, la energía o las telecomunicaciones, que actualmente dirige el Ejecutivo. Sin embargo, el mandatario de Nicaragua considera que con estas reformas sus rivales políticos buscan apartarle del poder y ha asegurado que no acatará el fallo de la CSJ.

Por su parte, el portavoz de la Presidencia, Lindolfo Mojarrez, ha recordado que la Corte Centroamericana de Justicia, a la que Bolaños recurrió al negarse a promulgar la iniciativa presentada por la oposición, falló a favor del presidente y calificó las modificaciones como jurídicamente inaplicables.

El desafuero de Bolaños. Además, la Junta Directiva del Parlamento ha indicado que la próxima semana se debatirán las peticiones de desafuero para el presidente Bolaños y para otros seis ministros, acusados de malversación de fondos en la campaña política con la que el actual mandatarioque ganó la Presidencia en 2001.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional, el liberal Wilfredo Navarro, ha anunciado que los 43 miembros del PLC votarán a favor del desafuero de Bolaños. A esta cifra hay que añadir el de los 38 diputados del FSLN con los que ambas formaciones sumarán 81 votos, mientras que para aprobar la resolución sólo son necesarios 57.

Para Bolaños este sería el primer paso para un golpe de Estado, porque una vez despojado de su inmunidad sería procesado por la CSJ, controlada también por las fuerzas políticas de la oposición.