El Gobierno de Bolivia quiere acabar con el último frente en el conflicto que mantiene con los gobiernos regionales por la coparticipación del Impuesto a los Hidrocarburos (IDH). Tras 'firmar la paz' con seis de las nueve provincias del país, el Ejecutivo concentrará sus esfuerzos hoy miércoles en el Congreso. El ministro de Hacienda, Waldo Gutiérrez, ha anunciado que solicitará en el pleno de esta mañana modificar la Ley de Hidrocarburos para crear un fondo de compensación para La Paz, Santa Cruz y Tarija.

Estas tres provincias son las únicas que no han aceptado la última oferta del Gobierno y prosiguen con las medidas de presión. En el resto de los municipios las protestas han cesado. Los representantes municipales de Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Beni y Pando están conformes con la propuesta de recibir el 58% del IDH y la obligación de invertir en programas contra la probreza.

Sin embargo, en la Paz, Santa Cruz y Tarija han mostrado una reacción contraria y continúan con las manifestaciones. Los representantes de estas provincias han alegado que esta última oferta no es equitativa en la distribución de los recursos, puesto que en estas localidades son las más pobladas del país.

Ante esta negativa, el Gobierno de Eduardo Rodríguez se ha visto obligado a buscar otra fórmula. La idea es crear un fondo de compensación para estos tres municipios. Y parece que la proposición ha sido bien recibida. Sólo existe un problema: es necesaria la modificación de la Ley de Hidrocarburos.

El Gobierno llevará esta propuesta al Congreso, que pasa a ser protagonista en este conflicto. Si lo aprueban, ya se habrá acabado con el enfrentamiento del Gobierno y las alcaldías. En caso contrario, los representantes municipales persistirán con sus manifestaciones.

El asunto es complejo. Por una parte, la mediación de los representantes del Congreso ha conseguido que ambas partes flexibilizaran sus exigencias y se sentaran las bases de la solución definitiva. Sin embargo, la modificación de la Ley de Hidrocarburos es un tema muy delicado.

A este respecto, el presidente del Senado, Sandro Giordano, ha expresado su temor sobre una modificación del texto, que podría motivar exigencias de otros grupos sociales para incluir otros cambios.