El proceso de expropiación de tierras y de cabezas de ganado que el Gobierno de Hugo Chávez ha iniciado contra 800 empresas privadas ha sembrado un clima de crispación entre los círculos empresariales del país. Todas las organizaciones que aglutinan a este sector han rechazado categóricamente la decisión del Ejecutivo y han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Supremo de Justicia.

El inicio de las expropiaciones ha motivado múltiples reuniones. A lo largo de la tarde de ayer, se produjeron juntas extraordinarias en la sede de Fedecámaras, así como también en la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), en el Consejo de Industrias de Venezuela (Coindustria) y en el Consejo General de Comercio.

Todas las organizaciones han asegurado que iniciarán los trámites legales pertinentes para paralizar las confiscaciones. Los empresarios temen que el proceso que se acaba de iniciar siente un precedente en el país y que las empresas privadas pierdan su seguridad jurídica en Venezuela.

Ayer lunes, unidades militares bloquearon el acceso de los trabajadores a las instalaciones de 800 compañías extranjeras, entre ellas la estadounidense Heinz, la italiana Parmalat y la británica Vestey. Hecho que ha provocado la paralización de la producción.

Los planes del mandatario contemplan la expropiación de más de 317 fincas que suman tres millones de hectáreas. El Ejecutivo alega que estos terrenos no están operativos y que se entregarán a familias campesinas con pocos recursos bajo la bandera del "interés social".