El presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, ha abierto un nuevo frente de batalla contra los partidos de la oposición, a los que culpa de los cortes de electricidad que sufre el país desde principios de agosto. Estos apagones forman parte de una iniciativa de racionamiento energético impulsada por el Gobierno para intentar reducir la deuda de 24 millones de dólares (19 millones de euros) que la compañía eléctrica Unión Fenosa mantiene con las generadoras del país.

El pasado 30 de mayo, Bolaños aprobó un estado de emergencia económica para aumentar un 11,83% la tarifa de energía con el objetivo de paliar los efectos del aumento internacional de los precios de petróleo. Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que dominan las principales fuerzas de la oposición, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

El líder sandinista, Daniel Ortega, declaró que se opone a cualquier incremento del precio de la tarifa energética ya que se encarecerían directamente los costes de los productos de la canasta básica. Además indicó al Gobierno que era necesario restablecer el diálogo nacional, un encuentro entre las cúpulas de los principales partidos, para resolver la crisis energética.

Por su parte, la dirección de Unión Fenosa insiste en que la tarifa energética se ha elevado un 23% para que la entidad pueda ser solvente y pagar la deuda que mantiene con las plantas generadoras de Nicaragua.

Hasta la fecha, el Gobierno, representantes del Parlamento, del sector privado y de la industria eléctrica no han alcanzado ningún acuerdo para poner fin a la crisis energética de Nicaragua.