Representantes de EEUU han comenzado a celebrar encuentros bilaterales con sus homólogos de algunos países latinoamericanos con el objetivo de negociar la inmunidad diplomática a soldados estadounidenses ante la Corte Penal Internacional (CPI) . Sin embargo, la mayoría de los presidentes de Iberoamérica han rechazado la propuesta de la Administración estadounidense, a la que ha calificado de insulto. La respuesta de la Casa Blanca ha sido contundente: si no hay inmunidad, estos países no recibirán más ayudas económicas de EEUU.

Hasta la fecha, Costa Rica se ha convertido en el último país perjudicado por el castigo estadounidense. La Administración Bush ha cancelado al Gobierno costarricense dos programas de ayuda para discapacitados y de apoyo comercial, aunque los representantes del país centroamericano no han hecho todavía estimaciones aproximadas de la cuantía perdida. El canciller de Costa Rica, Roberto Tovar, ha explicado que el pacto es ofensivo y que no romperá las relaciones con la CPI, en la que además trabaja una jueza costarricense.

El secretario de Defensa de EEUU, Donald Rumsfeld, viajó a Perú el pasado 17 de agosto para continuar con la labores de presión. Aunque todavía el Gobierno de Alejandro Toledo no ha confirmado de forma oficial si aceptará la propuesta estadounidense, lo cierto es que de momento Bush mantiene suspendidas las ayudas militares a Perú para controlar el narcotráfico. Perú es un país que, según un informe de Naciones Unidas de 2004, se ha convertido en el segundo productor de cocaína mundial, con el 32% del total, precedido sólo por Colombia.

Ecuador es otra de las naciones que también ha sufrido un recorte de la ayuda militar estadounidense, ya que Bush ha condicionadola entrega de estos recursos a la firma del acuerdo de inmunidad para sus soldados. El ex presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez indicó que la firma de este acuerdo supondría aceptar la existencia de dos estándares de responsabilidad penal de las personas según su nacionalidad. Si son estadounidenses los que cometen delitos internacionales, éstos quedarían en la impunidad, mientras que si son ciudadanos de cualquier otro país del mundo, su responsabilidad penal puede hacerse efectiva por la CPI.

Fuentes del Instituto del Tercer Mundo han explicado a Americaeconomica.com que EEUU, además de querer libertad de actuación para sus soldados, tiene un especial interés en una región de Latinoamérica: la Triple Frontera en Paraguay, centro de una importante comunidad sirio-libanesa que ha sido acusada de tener vínculos con grupos integristas islámicos.

El acuerdo buscado por EEUU. El Gobierno de EEUU, que no pertenece a la CPI, aprobó una ley en agosto de 2002, por la que prohíbe la asistencia militar a países que sean miembros de la Corte. Posteriormente, a finales de 2004, el Ejecutivo estadounidense dio luz verde a una enmienda a la ley en la que prohibió el acceso a los Fondos de Asistencia Económica a los integrantes de la CPI, excepto si llegaban a un acuerdo con EEUU.

Este pacto recibió el nombre de 'Acuerdo relativo al Artículo 98 del Estatuto de Roma', en el que aquellas partes que lo firmen se comprometen a no entregar o trasladar, sin el consentimiento expreso de EEUU, a funcionarios del Gobierno estadounidense, o personal militar, a la CPI.

Desde que la Administración Bush se ha lanzado a la campaña para conseguir que los países miembros de la Corte suscriban este pacto, un total de 53 países de Latinoamérica, Europa y África han declinado firmar el acuerdo porque consideran que resta su compromiso con el Tribunal.

Pero no todos han sido penalizados. Hasta la fecha se desconocen los motivos oficiales por los que países como Argentina, Australia y Nueva Zelanda, aún siendo miembros de la CPI, no son tratados de la misma manera. Por el contrario, Colombia, estado por el que caminan libremente 8.000 soldados de las fuerzas armadas norteamericanas en los últimos cinco años, firmó en 2002 un nuevo acuerdo de inmunidad.

Los castigos impulsados por Bush se han dejado sentir en la economía estadounidense. Según informa hoy viernes el Departamento de Comercio de EEUU, el déficit presupuestario ha ascendido a 195,7 millones de dólares (160,1 millones de euros) en el segundo trimestre de 2005, lo que supone un 1,5% menos del alcanzado a principios de este año, cuando marcó el record histórico 198,7 millones de dólares (162,5 millones de euros).

Una investigación realizada por el periódico The New York Times revela que los expedientes presupuestarios americanos demuestran que Uruguay, cuyo nuevo Gobierno de izquierda se ha negado vehemente a firmar un acuerdo de inmunidad, y Bolivia han perdido 1,5 millones de dólares (1,2 millones de euros) desde 2003. Además, el programa internacional de Educación y Entrenamiento Militar de EEUU, que paga para que los oficiales militares latinoamericanos estudien en el país de Bush, redujo sus matrículas a 770 para oficiales por año, de una media anual de 3.000.

La mayoría de las naciones que han perdido el dinero son países con pocos recursos económicos, como República Dominicana, a la que EEUU penalizó por no querer firmar el acuerdo con la suspensión de 400.000 dólares (327.252 euros), lo que ha impedido poner en funcionamiento su única lancha guardacostas durante dos años. Esta embarcación realiza labores de antidroga o pescadores perdidos en el mar.

Parece ser que las pretensiones estadounidenses se enfrentan a un gran bastión de resistencia a su ideología expansionista e impositiva. De momento, la mayoría de naciones latinoamericanas se aúna ante un mismo lema: no cambiarán sus principios por cualquier contraprestación en dinero.