El Gobierno de Bolivia ha conseguido un acuerdo con los gobiernos regionales sobre la coparticipación fiscal del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Las protestas que han inundado el país desde hace siete días se han terminado. A partir de ahora, las provincias recibirán el 58% del IDH. La distribución será equitativa y se creará un fondo de compensación para las tres provincias productores de hidrocarburos y que también concentran mayor población: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. En este pacto, el Ejecutivo ha flexibilizado mucho su posición. Incluso, para dar cabida a las bases del acuerdo, va a modificar la Ley de Hidrocarburos.

Y han ganado las regiones. El Gobierno de Eduardo Rodríguez ha cedido ante las huelgas de hambre, la toma de edificios públicos y los bloqueos de las carreteras. Pero también, por la proximidad de las elecciones generales del próximo 4 de diciembre. La combinación de estos dos factores ha propiciado que los representantes provinciales consigan sus exigencias. En total, las regiones del país recibirá el 58% del IDH, lo que supone 241,3 millones de dólares (198,8 millones de euros). De este porcentaje, las alcaldías tendrán el 20% y las universidades públicas el 5%.

Pero hay tres provincias que aún tendrán más beneficios. Se trata de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, que también se beneficiarán de un fondo de compensación a través del que inicialmente recibirán un 2% adicional hasta final de este año. Un porcentaje que está valorado en 124,5 millones de dólares (102,26 millones de euros). Este fondo se irá ampliando progresivamente. En 2006 se incrementará al 5% y en 2007 al 9%.

Este nuevo instrumento supone la modificación de la Ley de Hidrocarburos. Un cambio que ponen de manifiesto las concesiones del Gobierno a raíz de este conflicto. El Ejecutivo era reticente a cambiar este texto, ya que temía que otros sectores sociales reivindicaran la introducción de otras modificaciones.

El Gobierno se ha visto obligado a hacerlo para conseguir la pacificación. Estas tres regiones son las productoras de hidrocarburos y reivindican desde hace mucho un nuevo estatuto que reconozca su autonomía. Un asunto que se debatirá en la próxima Asamblea Constituyente. Precisamente, el fondo tiene el objetivo de compensarles porque son ellas las que tienen los recursos naturales.

La 'firma de la paz' se ha conseguido en dos fases. El pasado miércoles Tarija, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Beni y Pando aceptaron la oferta del Gobierno y ese mismo día dieron por solucionado el conflicto. Sin embargo, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba no se mostraron conformes y continuaron con sus manifestaciones de protesta. Pedían más. La negativa motivó al Ejecutivo a seguir negociando. Al final se consiguió otra fórmula: la creación del fondo de compensación. La proposición ha sido aceptada y el problema, que se arrastraba desde julio, ha concluido.

El conflicto. En dos meses se ha conseguido resolver un contencioso que había sembrado la crispación en todo el país. Los representantes municipales exigían que se cumpliera la actual legislación y fueran entregados a sus territorios los recursos que le corresponden por ley. Los mismos que han aceptado en esta última negociación con el Gobierno.

Pero el Ejecutivo alegaba que no podía. Según el ministro de Economía, Waldo Gutiérrez, la actual situación presupuestaria del país hace que esta petición sea inviable. Las cuentas del Estado pasan por una situación muy delicada. El Tesoro General de la Nación tiene un déficit de 3.700 millones de dólares (3.075 millones de euros). Razón por la cual no era posible entregar a las alcaldías el porcentaje que demandaban del IDH y que contempla la legislación.

Ante esta situación, el Gobierno proponía hacer un canje. Estaba dispuesto a acatar las leyes y otorgar los recursos del IDH a cambio de que las regiones se hicieran cargo de nuevas competencias: las de educación, sanidad e infraestructuras.

Pero la propuesta no fraguó. Las alcaldías insistían en recibir la coparticipación fiscal libre de gastos. Esta postura provocó las críticas del ministro de Economía, que acusó a los representantes de los gobiernos regionales de egoístas y de querer recibir el dinero sin ningún compromiso.

Una declaración que las regiones desmienten. Fuentes de la Federación de Municipios de Bolivia (FAM) aseguraron a este diario que están dispuestas a hacerse cargo de nuevas competencias. Pero que este tema exige otro tipo de negociaciones, ya que la petición de las alcaldías se ciñe a la ley.

La solución. Las cuestiones que centraron las antiguas negociaciones no han tenido ningún reflejo en el acuerdo. El presidente Eduardo Rodríguez ha optado por zanjar la cuestión. El mandatario, que es el ex presidente del Tribunal Supremo, asumió sólo la Presidencia "transitoria" de Bolvia tras la renuncia de Carlos Mesa con el objetivo de garantizar la legitimidad de las instituciones y promover un nuevo proceso electoral, que ya está en marcha. De esta forma quiere evitar cualquier complicación que pueda interferir en su misión.