El Gobierno de Néstor Kirchner está plantando cara a los socios de Aguas Argentinas. Tras el anuncio de retirada inmediata de las empresas que participan en la concesión de suministro de agua potable a más de 10 millones de argentinos, el Ejecutivo ha lanzado algunas advertencias. Si Aguas Argentinas no continúa con el servicio durante un año más, tal y como establece el contrato, el Gobierno iniciará todos los procesos jurídicos necesarios para que ese incumplimiento sea sancionado económicamente.

Después de que las negociaciones entre el Gobierno y los socios de Aguas Argentinas -con la compañía francesa Suez a la cabeza- se hayan roto, el quid en este conflicto son las fechas y, por eso, hoy jueves es una jornada clave.

Los accionistas de Suez celebran una junta en la que se pretende ratificar la salida de la compañía de Aguas Argentinas y decidir el día exacto en que se producirá ese abandono. Los accionistas tendrán que elegir entre cumplir con el contrato y prorrogar sus operaciones durante doce meses más o retirarse de inmediato.

El dilema entre estas dos opciones se produce al mismo tiempo que los miembros del Gobierno están llevando a cabo una verdadera campaña de advertencias y amenazas. El ministro de Interior, Aníbal Fernández, ha asegurado que anticipar la rescisión del contrato podría salir muy caro a los socios de Aguas Argentinas puesto que el Ejecutivo está dispuesto a denunciarles por incumplimiento del contrato.

Pero esta no es la única herramienta. El presidente Kirchner también ha anunciado que está dispuesto a reactivar algunas multas que la concesionaria tiene pendientes con el Estado. Unas sanciones que se han impuesto a lo largo de la actual legislatura y que están valoradas en 60 millones de pesos (16,85 millones de euros).