El ministro de Interior argentino, Aníbal Fernández, ha advertido a los socios de Aguas Argentinas, que lidera la compañía francesa Suez, que el contrato vigente les obliga a seguir suministrando agua potable a los argentinos durante un año más. Una cuestión sobre la que el Gobierno argentino no está dispuesto a negociar.

El Gobierno de Kirchner no permitirá que Aguas Argentinas deje de operar antes de que trascurran 12 meses. Fernández ha asegurado que el Ejecutivo va a exigir a los socios que cumplan con todas las cláusulas del contrato. En el caso de que no lo hagan y salgan del país antes de la fecha que contempla la concesión, el Gobierno, según el propio Fernández, iniciaría los trámites legales pertinentes.

El Gobierno argentino ha tomado este asunto como prioritario y podría aprovechar esta oportunidad para crear una nueva legislación en las contrataciones de servicios públicos. El ministro de Exteriores, Rafael Bielsa, ha declarado a la prensa que se está estudiando la posibilidad de cambiar la normativa para que primen los intereses nacionales frente a los de las empresas extranjeras.

Aunque el Gobierno no ha recibido todavía ningún anuncio oficial donde los socios de Aguas Argentinas notifiquen la rescisión de su contrato, las intenciones de estas empresas extranjeras sí son públicas. La retirada se oficializó el pasado lunes, en una reunión extraordinaria que celebró la dirección de Aguas Argentinas y en la que tanto Suez, como el resto de los socios (Agbar, el Banco de Galicia, la Corporación Financiera Internacional, Vivendi y Anglian Water) comunicaron su marcha al menos en las concesiones de Buenos Aires y Santa Fé.

Aguas Argentinas tiene una tercera concesión en la provincia de Córdoba. En este caso la situación es diferente. El Gobierno de Córdoba confía en que Aguas Argentinas continúe con su contrato. El ministro de Obras Públicas y Sevicios de Córdoba, Óscar Santarelli, ha asegurado a Americaeconomica.com que el Ejecutivo local negocia con su concesionaria una subida de las tarifas. Un incremento con el que la Administración estaría de acuerdo si éste no se realiza de manera lineal y no afecta a los cordobeses con menos recursos económicos.

Ante esta situación, el Gobierno argentino está barajando las posibilidades para dar continuidad al suministro de agua a la población argentina. La que más fuerza tiene es la creación de una nueva asociación, en la cual podría contar con el apoyo del Gobierno español para que Agbar volviera a estar presente.