Los candidatos en las próximas elecciones legislativas de Argentina por la coalición de izquierdas, MST-Unite, Mario Cafiero y Vilma Ripoll, han solicitado al Tribunal Supremo de Justicia una investigación para determinar las responsabilidades penales del FMI por el elevado endeudamiento que acumuló el país durante la dictadura militar (1976-1983).

Este grupo de legisladores consideran que antes de que Argentina realice otro pago al organismo, el Fondo tiene que pagar por su actuación durante ese periodo. Según Cafiero y Ripoll, "las violaciones de derechos humanos perpetradas durante la dictadura, de alguna manera contaron con el apoyo financiero de los organismos internacionales, en particular del FMI".

Sus acusaciones se basan en el hecho de que durante ese periodo el organismo multilateral consintió el desproporcionado endeudamiento del país, sin el cual el régimen no se hubiera sostenido. Según datos de Cafiero, la deuda externa argentina aumentó desde los 6.300 millones de dólares (5.195 millones de euros) en 1976 a los 48.000 millones (39.587 millones de euros) en 1983.

Además del FMI, la denuncia penal interpuesta ante el Tribunal Supremo se extiende también a funcionarios argentinos que formaron parte de los equipos económicos durante ese periodo. Entre ellos se encuentra José Alfredo Martínez de Hoz, Guillermo Walter Klein, Juan Alemann, Roberto Alemann y Domingo Cavallo.