El periodo de dos meses que el presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, concedió a una junta de notables para que analizase las consecuencias de la aplicación del tratado de libre comercio entre Centroamérica y EEEUU (Cafta) ha concluido. Pacheco, que recibió el informe el viernes pasado, ha anunciado que hoy hará públicas las conclusiones. Sin embargo, el resultado es ya un secreto a voces: el Cafta debe ser aprobado, aunque un 58% de los costarricenses lo considere perjudicial, según los últimos sondeos.

Gabriel Macaya, catedrático de la Universidad de Costa Rica y uno de los integrantes de la comisión de notables, declaró que su tarea no era definir el futuro del Cafta, sino suministrar elementos para la adopción de una decisión final. Por su parte, Rodrigo Gámez, presidente del Instituto Nacional de Biodiversidad y también miembro del grupo de analistas del tratado comercial, reconoció que el convenio será favorable para algunos sectores, pero que también puede perjudicar a otros.

Sin embargo, los ciudadanos de Costa Rica no parecen estar muy seguros de los presuntos efectos beneficiosos que pueden derivarse del Cafta. Un sondeo de la Universidad de Costa Rica revela que el 70% de los costarricenses pide que se celebre un referéndum sobre el tratado comercial antes de que sea negociado en la Asamblea Legislativa. Además, el informe también detalla que un 43% de la población considera que debe renegociarse y un 15% asegura que debe ser rechazado.

La comisión de notables fue convocada hace dos meses por el presidente Abel Pacheco con el objetivo de ofrecer una visión lo más objetiva posible de las consecuencias de la aplicación del Cafta. Sin embargo, la neutralidad de la comisión fue puesta en duda por algunos expertos del país. Fuentes consultadas por Américaeconomica.com reconocieron que los componentes no son del todo imparciales y que están ligados a determinados intereses comerciales.

Además del informe emitido por el grupo de expertos, Pacheco también condiciona la discusión del Cafta en la Asamblea Legislativa a la aprobación de la reforma del Plan Fiscal presentada por el Gobierno y cuyo objetivo principal es reducir los procesos de inflación que vive la República. Sin embargo, los efectos que se producirían al aplicar los ejes principales de la reforma, basados en el aumento del gravamen sobre algunos servicios como la sanidad o la educación y la modificación del impuesto sobre la renta, no son aceptados por todos los diputados del Congreso.

Costa Rica y Nicaragua deben ratificar todavía el tratado que ya ha sido aceptado por EEUU, El Salvador, Guatemala, Honduras y la República Dominicana. El Cafta fue firmado por estos siete países en mayo de 2004, pero para su entrada en vigor es necesaria la aprobación de los respectivos parlamentos.