Los representantes políticos de Potosí, La Paz y Oruro han formado una alianza para exigir que se cambie la convocatoria de elecciones generales, previstas para el próximo 4 de diciembre, en un llamamiento a una Asamblea Constituyente. Con esta estrategia tratan de impedir que el Congreso apruebe una nueva redistribución de los escaños actualmente asignados a cada provincia. Una decisión que el Legislativo está analizando después de que el Tribunal Constitucional haya paralizado los comicios, tras reconocer la demanda de Santa Cruz para que se revise el censo.

El Congreso inició ayer martes la discusión sobre el dictamen del Tribunal Consitucional sin conseguir ninguna solución a la disputa jurídica. La resolución insta al Congreso a actualizar la distribución de los escaños, que se ha realizado con el censo del 2001, con el aumento de población que ha experimentado las provincias de Santa Cruz y Cochabamaba en estos cuatro años.

Esta situación, que ha suspendido los comicios por el momento, ha provocado un enfrentamiento autonómico. Las provincias de Santa Cruz y Cochabamba, que concentran la riqueza de la producción de los hidrocarburos, exigen que se acate el fallo del Tribunal Constitucional y se actualice la redistribución de los escaños con el nuevo censo electoral. Una modificación con la que conseguiría cuatro nuevos asientos en el Parlamento.

Mientras tanto, las otras regiones, las que perderían los asientos en el Parlamento, se oponen a que el cambio en los escaños se haga efectivo cuando sólo faltan dos meses para los comicios. Los representantes políticos de Potosí, La Paz y Oruro, que amenazan con no presentarse a las elecciones y con una oleada de protestas, ofrecen dos alternativas.

La primera posibilidad que plantean estas tres regiones es que la nueva redistribución de los escaños entre en vigor en las elecciones de 2010. Una proposición que desestiman los cruceños. Ante la postura inflexibe de los representantes de políticos de las regiones occidentes, plantean como segunda alternativa transformar las elecciones en una Asamblea Constituyente. Una cita que está programada para el mes de abril de 2006.

Este enfrentamiento autonómico ha provocado un clima de máxima tensión. Algunos analistas asemejan esta situación a la que existía el pasado mes de junio, cuando el ex presidente Carlos Mesa renunció al cargo presionado por las movilizaciones sociales y las distintas reivindicaciones sociales en torno a la nacionalización de los hidrocarburos y las peticiones de mayor autonomía.

El caso también preocupa mucho al presidente 'transitorio' Eduardo Rodríguez, que ha exigido a los miembros del Congreso que acuerden una solución a este tema. Además, Rodríguez ha asegurado que cumplirá con los compromisos que asumió el pasado mes de junio, cuando aprobó la convocatoria a estas elecciones. Por este motivo, el mandatario ha subrayado que no prorrogará su presidencia más allá del próximo 11 de enero.