| Los
presidentes del Congreso y del Senado de Bolivia, Norah
Soruco y Sandro Giordano respectivamente, han propuesto que las elecciones
previstas para el próximo 4 de diciembre se pospongan
hasta 2007. Fecha en la que terminaría la actual
legislatura parlamentaria, que comenzó en 2002. Esta sugerencia
intenta acabar con el enfrentamiento autonómico que
vive el país. Las provincias de Potosí, La
Paz y Oruro mantienen una grave contienda en contra de Santa
Cruz por la redistribución de los escaños
en el Parlamento.
La
propuesta ha sido bien recibida entre algunos de los diputados
de los dos bandos enfrentados, pero no ha conseguido bajar
el clima de tensión. Las posiciones continúan
siendo muy firmes en los comités cívicos de
cada una de las provincias afectadas.
Las
provincias de Santa Cruz y Cochabamba, que concentran la
riqueza de la producción de los hidrocarburos, exigen
que se acate el fallo del Tribunal Constitucional y se actualice
la redistribución de los escaños con el nuevo
censo electoral. Una petición que obligaría
al Congreso a modificar la Ley Electoral para incluir los
nuevos datos poblacionales. Con esta modificación
conseguirían cuatro nuevos asientos en el Parlamento.
Algo
que no están dispuestos a aceptar los representantes
políticos de Potosí, La Paz y Oruro, que son
las regiones que perderían representación
en el Congreso. En estas provincias se barajan otras posibilidades:
aplazar la actualización del censo hasta la próxima
cita electoral del 2010 o transformar la convocatoria de
elecciones en un llamamiento a una Asamblea Constituyente.
Los
analistas locales aseguran que la inflexibilidad de los
argumentos que utilizan cada uno de los bandos autonómicos
va a dificultar mucho la búsqueda de una solución
a esta cuestión. Los expertos advierten
que la sugerencia de los presidentes del Congreso y del
Senado podría poner todavía más en
peligro la estabilidad de Bolivia. Esta tesis se basa en
el anuncio que ha realizado el presidente 'transitorio' del país,
Eduardo Rodríguez, que ha declarado que dejará
su cargo el próximo mes de enero, tal y como se pactó
en el Congreso cuando se decidió celebrar las elecciones
anticipadas.
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